Destinó a cuatro bancos recursos que no aparecen en el monto del rescate: diputado

Esconde Fobaproa $45 mil millones ilegales

Se demandará a contadores que llevan el asunto en San Lázaro, por negar cuadernos de trabajo

ROBERTO GARDUÑO

En el rescate bancario el Fobaproa adquirió de manera ilegal 28 mil millones de pesos que fueron incluidos en las carteras compradas a Banamex y Banca Serfin. José Antonio Magallanes, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, informó que para los casos de Bancomer y Bital el valor de la cartera ilegal ascendió a 17 mil millones de pesos. Por lo tanto, para las cuatro instituciones bancarias se destinaron 45 mil millones de pesos que no figuran en el monto del rescate.

Al denunciar esa anomalía, el legislador perredista anunció que demandará a los despachos contables contratados por la Cámara para analizar la información del rescate bancario, porque éstos se han negado a entregar los cuadernos de trabajo, con el pretexto de que las instituciones involucradas han advertido el riesgo de violar el secreto bancario.

En torno a los 45 mil millones de pesos, considerados ilegales, cuyo destino serían las arcas de Banamex, Bancomer, Banca Serfin y Bital, Magallanes explicó que el Fobaproa no era un fideicomiso de carácter privado, como lo manifiesta el IPAB, por lo que sus acciones tenían que ser aprobadas por un comité técnico y ratificadas por su fiduciario, que fue el Banco de México:

''Lo anterior es falso, debido a que nuestra Constitución Política, en su artículo 28, párrafo sexto, establece la existencia del banco central, otorgándole a éste, como objetivos fundamentales, el mantener el poder adquisitivo de la moneda y servir como banco de reserva y acreditante de última instancia, tal y como se encuentra establecido en los artículos segundo y tercero de la Ley del Banco de México".

En otras palabras, en 1995, aun sin la intervención del Fobaproa, que era en ese momento un seguro de depósito, los ahorros de los mexicanos estaban respaldados por el gobierno. "Resulta totalmente ilógico que el Fobaproa, que era fundamentalmente un seguro de depósito, fuese un fideicomiso privado, puesto que el seguro de depósito surgía de un mandato constitucional. Entonces se convierte en un asunto de interés público''.

El diputado Magallanes hizo referencia al informe Mackey, documento que señala al Fobaproa como instrumento no diseñado para manejar una crisis de proporciones monumentales como el rescate bancario. Por tal razón el financiamiento de los programas bancarios lo proporcionó la Secretaría de Hacienda mediante el apoyo directo al Fobaproa, y en esa última acción, dijo el legislador, se demuestra el uso de recursos públicos, por lo que el Fobaproa no podía ser considerado fideicomiso de carácter privado.

Otra conclusión que se desprende del informe Mackey es que el Fobaproa, al no estar diseñado para manejar una crisis como la citada, las decisiones que haya tomado su comité técnico, aunque estuvieran avaladas por el Banco de México, eran totalmente de carácter irregular.

También Mario Di Constanzo, asesor económico de un grupo de diputados perredistas, informó que se presentará una denuncia penal contra los despachos contratados por la Cámara de Diputados para proveerle información y análisis del rescate bancario, y que a últimas fechas decidieron no entregar los cuadernos de trabajo, porque los bancos en cuestión así se los pidieron.