Pide Marco Rascón, víctima del represor, que el fiscal considere el entorno político

BLANCHE PETRICH

Decenas de testimonios de sobrevivientes de las cárceles clandestinas de los años setenta señalan sin posibilidad de equivocarse a Miguel Nazar Haro, ex jefe de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), como torturador y operador de la maquinaria represiva que causó más de 100 desapariciones de disidentes de la época. Sin embargo, ante los tribunales, en un proceso jurídico, "la suma de todos estos testimonios no tiene la fuerza vinculatoria para la configuración de un delito", pronostica Marco Rascón, sobreviviente y demandante en la causa penal que se sigue al otrora poderoso jefe policiaco.

"El señor torturaba. Eso no tiene vuelta de hoja", afirma Rascón. Pero trasladar esa certeza a los terrenos de un juzgado es otra cosa.

-Déjame recordar sus frases favoritas -pide Rascón-; una era: "Dí toda la verdad"; la otra: "Lo sabemos todo". Coronaba sus interrogatorios con esta: "¿Sabes para quién trabajas? ¿Quieres que yo te lo diga?" Es una técnica. Después seguían las patadas, los toques eléctricos, el pocito.

-¿Y ninguna víctima puede presentar pruebas de todo esto con valor jurídico?

-Eso es lo complicado del esquema. Es nuestra palabra contra la de él. En esa época Nazar presentaba a los detenidos que había tenido en su poder durante semanas ante el Ministerio Público con varias costillas rotas, los testículos quemados, lesiones internas graves, verdaderas piltrafas. Y todo era, para ellos y para nosotros, peccata minuta. Para nosotros, porque estábamos vivos. Para ellos esa era la normalidad. ¿Acaso alguien se iba a atrever a redactar un certificado médico refiriendo el estado real de los presos y dejar constancia de las torturas de los militares? ¿Crees que un agente del Ministerio Público iba a desobedecer una orden del terrible jefe Nazar Haro?

"De ahí su notable cinismo, incluso hoy en día. Sabe que el fiscal (especializado en movimientos sociales y políticos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto) podrá escuchar 30 o más testimonios que describan minuciosamente sus torturas. ¿Y? Eran actos entre él y sus víctimas, no hay nadie que pueda reforzar la testimonial."

-¿Entonces no hay nada que inculpe a un hombre con su trayectoria?

-Debe haber pruebas de violaciones a las garantías constitucionales en los archivos de la DFS que nosotros encontramos durante la toma del edificio abandonado, en Plaza de la República, en octubre pasado. La fiscalía tiene toda esa documentación bajo su custodia. Pero sobre todo, y es mi reclamo al fiscal, este proceso se debe politizar, debe partir de un análisis del contexto político de la época. Si no, Carrillo Prieto no va a llegar a ningún lado.

La oligarquía norteña en la guerra sucia

Rascón blande un cuchillo con el que ha estado troceando un enorme calamar recién llegado de La Viga. Es su nuevo oficio: mercader de pescado y restaurantero. Antes de volver a la parrilla, dice: "El fiscal trata de encontrar culpables entre individuos que, como los generales Humberto Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, exigen un monumento por sus servicios a la patria. Es un problema ideológico. Fue una conducta del Estado contra sus ciudadanos. Quienes delinquieron desapareciendo y torturando presos lo hicieron con presupuesto del gobierno, presupuesto aprobado por el Congreso, con la iniciativa y la voluntad del presidente en turno".

En esta lógica, advierte, los principales responsables, los que exigieron la aplicación de una guerra sucia contra un sector de la sociedad que se rebelaba, no han sido citados a declarar; vaya, ni siquiera son mencionados en la trama que hoy, a 30 años de distancia, empieza a salir a flote. Ellos son, en su opinión, los capos del Grupo Monterrey, otros grupos similares de las oligarquías de Sonora y Chihuahua, los neopanistas, los precursores del actual foxismo.

"Ellos son los principales instigadores de la guerra sucia. Basta con leer sus declaraciones de la época, sus expresiones anticomunistas, fascistas, su odio contra experiencias como la de Salvador Allende en Chile. Cuando el 17 de septiembre de 1973 la Liga 23 secuestra y mata a uno de los suyos, Eugenio Garza Sada, le exigen sangre a Luis Echeverría. Eso consta en su desplegado famoso, 'Yo acuso'. Es cuando primero Echeverría y después José López Portillo empiezan a pagar las facturas a cambio de renovar la alianza de esos sectores con el PRI. Las cabezas de Jesús Piedra Ibarra e Ignacio Salas Obregón fueron las primeras en ser entregadas en tributo a esos grupos oligárquicos. Gestos de Echeverría como la ruptura de relaciones con el golpista Pinochet le acarrean costos frente a ese grupo y los tiene que compensar. ¿Cómo? Con la guerra sucia interna. Cada cartel denunciando la desaparición de un rebelde tiene el significado de una prueba de amistad y lealtad a esos empresarios.

"Por eso insisto: el fiscal tiene que partir de ese entorno político de la época. Si no, no va a entender nada."

Los calamares están listos. Rascón se da la vuelta con un nuevo recuerdo para compartir. "En otoño de 1998, por una casualidad, fui a casa de Echeverría, a San Jerónimo. Cuando le dije que yo había sido desaparecido político, se interesó en saber más. Me llevó del brazo, por el jardín. Preguntó cuáles habían sido los motivos de mi generación para luchar contra el gobierno. Le dije que después de 1968 quizá hubiera habido opciones pero éstas se acabaron en 1971, con el 10 de junio. Me respondió textualmente: 'Creamos a los halcones para evitar el desprestigio del Ejército'.

"Es decir, nunca calcularon que a mayor represión, más respuesta insurreccional. O, al menos, estoy seguro de que Nazar, en su pequeña cabeza de represor, nunca se hizo esa pregunta."