El control regresó a la Secretaría de Gobernación

Desaparecen oficinas de enlace con el Legislativo

Afectada, la investigación de muertes de mujeres en Juárez

ROBERTO GARDUÑO

El gobierno del presidente Vicente Fox ordenó la desaparición de las oficinas de enlace de las dependencias federales con el Poder Legislativo. Desde el primero de enero pasado, el control de las relaciones con la Cámara de Diputados y el Senado regresó a la Secretaría de Gobernación, como ocurrió durante el régimen priísta.

La incapacidad de esas instancias para abrir el camino a acuerdos ente el Ejecutivo y Legislativo en los pasados dos años dio pie a su desarticulación. Ese hecho se manifestó el jueves de la semana pasada, cuando los integrantes de la comisión especial para investigar los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez de la Cámara de Diputados, y seis legisladores del Congreso de Chihuahua, se reunieron con el subsecretario de Gobernación, Humberto Aguilar Coronado, para avanzar en acciones concretas ante estos crímenes.

El funcionario explicó que la relación con la comisión no ha resultado indispensable, porque ya no existen los enlaces con el Legislativo y eso impide avanzar; pero además propuso medidas de solución para evitar más homicidios de mujeres en Juárez, que ya fueron adoptadas por los integrantes del Congreso federal.

Y es que el anuncio de la desaparición de los enlaces coincide con la incapacidad del gobierno foxista para concretar acuerdos asumidos por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que aceptaron, en el caso de las mujeres asesinadas, una propuesta de la comisión especial para solicitar el apoyo y auxilio de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, con la intención de seguir pesquisas y trabajar en la capacitación de agentes de la Judicial de Chihuahua.

Un diputado federal que integra el grupo de trabajo -quien solicitó no se revelara su nombre- explicó por qué la Secretaría de Gobernación no es capaz de proponer soluciones al caso:

''La comisión especial se reunió, junto con legisladores de Chihuahua, con el subsecretario de Gobernación, Humberto Aguilar Coronado, para exigirle al gobierno federal que firme los convenios que han quedado pendientes, porque a partir del primero de enero del año en curso desaparecieron las áreas de enlace legislativo de las dependencias federales con la Cámara de Diputados y el Senado.

''Al desaparecer esas áreas, entre los convenios que quedaron pendientes se encuentra el que pide la intervención de la FBI por parte de la cancillería y la PGR, para que también investiguen las muertes de las mujeres y para que la Policía Federal Preventiva vigile y refuerce la seguridad en la zona donde han sido asesinadas'' las víctimas.

Lo que sí evidenció el subsecretario es que la Secretaría de Gobernación será la que va a coordinar los trabajos por parte de la administración foxista. No obstante, esa postura choca con las actividades del Poder Legislativo, que demanda mayor capacidad de operación.

Para los diputados de la comisión, la secretaría ''desconoce'' el problema (de las mujeres asesinadas), no sabe quiénes están interviniendo y, además, ''el gobierno no habló de una solución a corto plazo, sino de una revisión de los expedientes, y de formar subcomisiones, como el caso de la comisión especial del Congreso, que tiene cinco subcomisiones para atender este problema''.

La exigencia de cumplir los acuerdos obedece a un hecho concreto: el 19 de noviembre del año pasado se reunieron la comisión especial y funcionarios federales en la oficina de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi, y ahí se acordó crear una grupo de trabajo al más alto nivel posible, integrar un grupo de apoyo técnico para darle seguimiento a las investigaciones y solicitar el apoyo de la FBI.

La postura de las autoridades fue que la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación sería la encargada de coordinar los esfuerzos del gobierno y del Legislativo. Desde entonces no se dio una sola llamada de esa unidad a los diputados, la comisión especial buscó la reunión con ellos.

También se convocó al Congreso de Chihuahua, que mandó a seis legisladores. El acuerdo concreto fue que se va a convocar a una reunión en corto tiempo, pero no se determinó qué instituciones son las que van a acudir a ese encuentro.

Uno de los asistentes a esas reuniones manifiesta que el gobierno, ''con el argumento de que no hay oficinas de enlace con el Legislativo, no firma los acuerdos. Existe una desarticulación por parte de Gobernación, que no tiene la dimensión del problema; no hay una coordinación adecuada entre la PGR, Gobernación y la cancillería. A nivel federal no hay coordinación ni articulación. La comisión especial ha avanzado porque fue la que solicitó a la SRE y a la PGR que pidieran, mediante los procedimientos diplomáticos, el auxilio de la FBI para realizar algunas investigaciones y capacitar a los judiciales de Chihuahua; lo único que sabemos por parte de la PGR es que ya se están haciendo los trámites.