Constante hostigamiento en ejido de Palenque
Priístas amagan a bases zapatistas que no aceptaron fondos del Procede
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de las Casas, Chis., 10 de febrero. Autoridades priístas y miembros de la organización Paz y Justicia amenazaron con desalojar del ejido La Aurora, Palenque, a las familias base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por no aceptar los recursos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), y por tanto resistirse a pagar los elevados impuestos prediales que éste genera.
La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos de la zona Salto de Agua-Palenque denunció hoy el hostigamiento por parte de militantes de Paz y Justicia contra Juan, Miguel, Domingo y Alvaro Arcos, y Felipe Arcos Méndez.
La propaganda oficial insiste en que los programas sociales no son partidistas ni contrainsurgentes, pero en la práctica queda claro que pueden ser ambas cosas. En manos de grupos partidistas (incluso paramilitares, como es el caso), las inversiones gubernamentales generan efectos perversos de diversos tipos: debilitan el régimen de propiedad de los ejidatarios, dividen a la población y fomentan agresiones, despojos y expulsiones por parte de los grupos oficialistas.
En un comunicado de prensa, la red informa que el 9 de febrero los indígenas amenazados acudieron a sus oficinas en la zona Salto de Agua-Palenque para denunciar "el constante hostigamiento por parte de los priístas de la comunidad y el grupo paramilitar Paz y Justicia, quienes amenazan con desalojarlos de sus tierras".
Las víctimas relatan que el 26 de enero los priístas realizaron una asamblea general ordinaria de todos los ejidatarios, convocada por el comisariado Lucas de la Cruz Méndez, el consejero de vigilancia Juan Alvaro Cruz y el agente rural Juan López Cruz. Esta convocatoria excluyó a los jefes de familia que son bases de apoyo zapatistas.
La reunión "trató el asunto del pago del impuesto predial, que ahora llegó muy elevado porque la comunidad está en el Procede. Los señores Domingo Vázquez Cruz y Nicolás Arcos Sánchez, dirigentes del grupo Paz y Justicia, preguntaron a la asamblea sobre qué acciones se realizarían contra las bases de apoyo zapatista, puesto que al no estar en el Procede no pagan el impuesto". (Pero tampoco reciben el dinero que genera esa carga fiscal.)
Con el respaldo de otros 15 ejidatarios, los miembros de Paz y Justicia exigieron a la autoridad ejidal que solicite la intervención de la Procuraduría Agraria, el ayuntamiento priísta de Palenque y la Secretaría de Hacienda del estado, para obtener apoyo y desalojar a las personas que no pagan el impuesto. Como se ve, expresan los afectados, estamos ante un nuevo mecanismo de presión para que los indígenas se acojan a la inversión del gobierno.
Agregan en su denuncia los defensores comunitarios: "en Chiapas y en otros estados de la República, el Procede ha sido implementado como paso previo para la privatización de las tierras ejidales y comunales, además de venir acompañado de amenazas y condicionamientos, como ha sido ya denunciado por diferentes comunidades y organizaciones indígenas y campesinas.
"Es por esta razón que las cuatro personas mencionadas, bases de apoyo del EZLN, se niegan a ingresar en dicho programa, y según afirman, no aceptarán las presiones, ya que ellos están claros en su lucha y resistencia."
Ante estos hechos, los afectados y la red exigen a las autoridades correspondientes "proteger la integridad física y el derecho a trabajar su tierra libremente de Juan Alvaro Arcos, Miguel Alvaro Arcos, Domingo Alvaro Arcos y Felipe Arcos Méndez, con el fin de evitar que sean despojados de sus tierras, debido a que no aceptan las presiones del grupo paramilitar Paz y Justicia".
Asimismo, la red solicita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos "que vigile la procuración de las medidas necesarias para proteger los derechos de las personas amenazadas".
