El pasado 4 de febrero el gobierno que preside Vicente Fox pareció dar muestras de sensibilidad y voluntad política ante la justificada exasperación campesina por falta de recursos, el olvido y la desatención que padece el agro, así como por la reciente entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que tendrá consecuencias necesariamente desastrosas para la agricultura nacional.

Después de movilizaciones, marchas y una perceptible tensión política y social, el Ejecutivo federal alcanzó un acuerdo con las principales organizaciones de productores para iniciar un diálogo incluyente orientado a la conformación de una política agraria de Estado. Se saludó entonces el acuerdo como un avance en la defensa de millones de ejidatarios, jornaleros, comuneros y pequeños propietarios, a quienes la demagogia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la insensibilidad tecnocrática de la Secretaría de Economía (SE) colocan en una situación desesperada.

Pero ayer, en lo que debió ser el arranque formal del diálogo, el presidente Vicente Fox y su secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, practicaron más bien el monólogo, toda vez que el segundo se empecinó en designar, unilateral y arbitrariamente, la sede de la mesa Por una política de Estado para el campo, ante lo cual las principales organizaciones de campesinos optaron por no asistir.

Como si no fuera suficientemente grave ese gesto de arrogancia y autoritarismo, personeros de la Sagarpa se dedicaron, como ha quedado constatado en múltiples testimonios, a rellenar el local -el auditorio José López Portillo de la propia Sagarpa- con acarreados. El titular de Agricultura realizó, de esa forma, la deplorable hazaña de combinar los viejos vicios del sistema priísta con la preocupante torpeza política del PAN hecho gobierno.

Por si no bastara, en el desairado encuentro el presidente Fox pidió a las organizaciones campesinas que "no se aíslen", sin percibir que fue su propio secretario de Agricultura quien, con su frivolidad y prepotencia, el que las dejó al margen de la reunión.

El episodio deja traslucir una pugna entre Usabiaga y el secretario de Gobernación, Santiago Creel, artífice del acuerdo del pasado día 4, cuyos entretelones no son materia de este comentario.

Ciertamente, el diálogo orientado a establecer un Acuerdo Nacional para el Campo no ha sido cancelado por el hecho referido, pero sí quedó en evidencia el deseo de Usabiaga de torpedear la negociación entre el gobierno federal y los grupos campesinos que cuestionan las políticas agrarias vigentes o, mejor dicho, la ausencia de ellas.

El incidente da pie también para ratificar la impresión generalizada de que el actual grupo gobernante concibe al conjunto de los campesinos mexicanos con base en el estereotipo de empresario agroexportador exitoso, el cual encarnan el propio Usabiaga y el mismo presidente de la República.

Si los actuales funcionarios no logran superar esa impresión equivocada, parcial y facciosa del agro nacional, no habrá negociación exitosa, ni Acuerdo Nacional para el Campo, ni política agraria de Estado, sino un estallido social obligadamente catastrófico.