El desgobierno económico que padece Bolivia ha desembocado, en el curso de esta semana, en violentas protestas que dejan hasta ayer un saldo de casi 30 muertos y un centenar de heridos; en un paro general y en una exasperación política en la que convergen las principales organizaciones de oposición, los empresarios y los sindicatos, aglutinados en la Central Obrera Boliviana, entidades que reclaman "cambios estructurales" y la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien, ante la falta de recursos públicos y el abultado déficit fiscal ?que llega a 8.6 por ciento-- no tuvo mejor idea que proponer un nuevo impuesto a los sueldos, que afectaría las remuneraciones de los asalariados hasta en 12.5 por ciento.

Cuando el mandatario retiró su iniciativa ya era demasiado tarde: se había abierto la caja de Pandora de los descontentos sociales que aquejan a una sociedad afectada de manera dramática por la desigualdad, la falta de recursos y atención, así como por la ausencia del Estado en tareas básicas de salud, alimentación, empleo, vivienda y servicios. Se ha dado paso a una ruptura de la estabilidad institucional sin precedentes desde el golpe de Estado criminal que depuso a la presidenta Lidia Geiler, en 1980, en el cual los uniformados insurrectos asesinaron a decenas de dirigentes políticos, entre ellos a Marcelo Quiroga Santa Cruz.

El empresario Sánchez de Lozada, quien repite en el cargo ?entre 1993 y 1997 malbarató la mayor parte de la propiedad pública y social de Bolivia-- pertenece a la mafia de tecnócratas latinoamericanos formados en Estados Unidos, y la representa de forma tan ejemplar que habla español con marcado acento inglés. Su ideario económico, por supuesto, no logra trascender los manuales de la ortodoxia financiera y los memorandos del Fondo Monetario Internacional: abatir el déficit público, combatir la inflación, abrir el mercado interno, privatizar todo lo imaginable, vender las empresas del Estado, elevar impuestos y tarifas, congelar salarios y distraer, corromper o reprimir cualquier manifestación de descontento resultante.

Tal estrategia, aplicada a sociedades depauperadas por la lógica de la globalización imperante, no puede conducir, a la larga, más que al estallido social, como ocurre en Bolivia en estos días trágicos, y como viene ocurriendo en la limítrofe Argentina desde hace dos años.

En el mejor de los casos, el neoliberalismo pudo aparentar que funcionaba en tanto la economía mundial se expandía, en la década pasada, y los flujos de inversión extranjera fluían hacia estas eufemísticamente llamadas "economías emergentes". Pero del año 2000 a la fecha los capitales se han refugiado en lo que se conoce como "huida hacia la calidad", y desde entonces en las sociedades latinoamericanas el número de pobres se ha incrementado en 7 millones. Para la región, el año pasado se saldó con un decrecimiento económico de 0.5 por ciento y el desempleo continental llegó a 9.1 por ciento de la población económicamente activa.

Debe entenderse que, en semejante entorno, los tecnócratas del estilo de Sánchez de Lozada no pueden ofrecer ya ninguna perspectiva, de no ser el estallido social y la desintegración nacional. Los gobernantes de la región tendrían que verse, ahora, en el espejo boliviano.