A comienzos de la presente semana, en Ciudad Juárez fueron descubiertos los restos de tres jóvenes de entre 17 y 18 años, probablemente violadas y mutiladas, asesinadas por las manos anónimas de siempre, arrojadas en los baldíos de siempre y condenadas, más allá de la muerte, a engrosar los cientos de expedientes de crímenes impunes que acumulan polvo en las oficinas municipales, estatales y federales de seguridad, protección y procuración de justicia.

Han transcurrido 10 años desde que, en esa ciudad fronteriza y maquiladora, ocurrieran los homicidios iniciales de lo que es, a estas alturas, un exterminio regular de muchachas jóvenes, trabajadoras de la maquila en su mayor parte, pobres casi todas ellas, y migrantes en muchos casos. En esa década, en la que se han sucedido tres presidentes de la República, otros tantos gobernadores chihuahuenses y un sinnúmero de presidentes municipales, procuradores federales y estatales, así como jefes y comandantes policiales, las sociedades de Ciudad Juárez, de Chihuahua y del país han clamado, inútilmente, por el esclarecimiento de los asesinatos, la ubicación y el castigo de los culpables y el cese de esos homicidios indignantes. Diversos organismos nacionales e internacionales, oficiales e independientes, de promoción de los derechos humanos han tomado cartas en el asunto.

Los familiares de las víctimas han acudido a la capital de la República y al extranjero en su demanda de justicia, sin resultado alguno. Se ha anunciado en repetidas ocasiones el involucramiento de la Procuraduría General de la República y hasta de la FBI de Estados Unidos en las pesquisas, sin que ello modifique el ritmo y la saña de los crímenes.

Se han formulado teorías, se han tejido hipótesis y se han redactado innumerables análisis, que van del profesionalismo al delirio, para explicar los cerca de 300 cadáveres y las más de 400 desaparecidas, según las cifras de las agrupaciones de familiares de las víctimas; se ha dado cauce a ríos de tinta y a innumerables horas de aire radiofónico y televisivo para dar al tema una cobertura noticiosa en todos los tonos imaginables: desde la mesura profesional y humana hasta el más lacerante amarillismo; se han escrito libros y producido documentales; los titulares del Ejecutivo federal y del gobierno estatal, así como funcionarios de todos los niveles, se han rasgado las vestiduras, han formulado promesas vanas, han anunciado, con fanfarrias y grandilocuencia, acciones urgentes y profundas para detener los homicidios y para dar con los responsables. Las corporaciones policiacas del municipio y del estado han recurrido a la fabricación -ostentosa o presumible- de culpables, y a lo que parece ser un patrón de violaciones a los derechos humanos de los sospechosos, incluida la dudosa muerte en prisión, hace 10 días, de un acusado de ocho de los crímenes. Recientemente, los integrantes de la Cámara de Diputados concedieron a 280 de las familias afectadas una donación de un millón de pesos, es decir, 3 mil 571 pesos con 42 centavos para cada una. Pero, hasta ahora, nada ha logrado poner un alto a esta masacre por goteo, y las instituciones del país no han sido capaces de hacer justicia a las víctimas ni de garantizar el derecho a la vida del que -se supone- gozan las mujeres juarenses por nacimiento o por radicación.

Más allá de la indignación que provocan, por principio, todos y cada uno de esos homicidios, además del dolor de los familiares de las muertas, e independientemente del enorme daño causado a la credibilidad de las instituciones y de las leyes nacionales, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez están colocando a México en la perspectiva de convertirse en un país de cínicos, en el cual la vida humana -especialmente si pertenece a grupos vulnerables, como mujeres, migrantes y asalariados de la maquila- pierda su valor intrínseco, en el que la ley de la jungla obligue a vover la vista hacia otro lado cada vez que se comete un asesinato, y en el que la legislación y los valores éticos esenciales sucumban ante la ineptitud, la corrupción, el pasmo y la falta de voluntad política de las autoridades.