La Auditoría Superior de la Federación formula recomendaciones a Hacienda

Detectan anomalías en venta de acciones de BBVA Bancomer que poseía el gobierno

ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la venta de acciones que poseía el gobierno del grupo financiero BBVA-Bancomer. En el Informe de avance de gestión financiera 2002 se plantea: "Por una imprecisión en el texto del contrato" se estableció en 1993 que el número de acciones de la serie "B" ascendía a mil 45 millones, cuyo porcentaje representaba 22.53 por ciento del capital social de la institución bancaria, y "como contraprestación se pactó aplicar en favor de las autoridades" la cantidad de 915 millones de acciones de la serie "L".

Dos años después, en 1995, por decisión de la asamblea general de accionistas del grupo financiero se incrementó el capital en 154 millones de acciones de la serie "L"; de ellas, 33 millones se entregaron al gobierno federal, hecho que supuso el incremento en favor de las autoridades por un monto de 949 millones de acciones.

Tras la revisión del proceso de enajenación de la tenencia del gobierno federal del grupo financiero BBVA-Bancomer, la ASF encontró que "las bases (de la operación), consideraron 949 millones 838 mil acciones propiedad del gobierno federal; sin embargo, existe una discrepancia de 7 por ciento de acciones con lo establecido en este contrato".

Hasta el 18 de diciembre del 2002 la Secretaría de Hacienda aceptó que debido "a una imprecisión del texto del contrato de prestación de servicios celebrado con el agente colocador global (Goldman Sachs, Casa de Bolsa S.A., Casa de Bolsa BBV-Bancomer, Valores Mexicanos, Bear, Stearns y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), ya que el 100 por ciento de las acciones que se enajenaron ascendió a 949 millones, por lo que 7 por ciento aludido forma parte de este total. Lo anterior se hace evidente con la constancia accionaria emitida por el fiduciario que como anexo se adjunta la presente".

En el capítulo de Hacienda y Crédito Público, la ASF analizó la desincorporación de Aseguradora Hidalgo (AHISA). Recomendó a la Secretaría de Hacienda que "adopte las medidas necesarias que permitan contar con la aprobación de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación (CID) sobre las modificaciones que se efectuaron a las bases de la licitación".

El documento que entregó el auditor Arturo González de Aragón también incluye la revisión de los ingresos recaudados por el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP).

La auditoría manifiesta que el Comité Técnico carece de información y en particular del documento de cierre de la contratación de instrumentos de coberturas petroleras y de los informes semanales que debió presentar el Banco de México, en infracción del artículo tercero del acuerdo por que se expiden en las reglas de operación del FEIP.

Entre las anomalías en la operación del Fondo de Estabilización se detalla la siguiente, con la recomendación emitida por la auditoria: "El secretario de Hacienda y Crédito Público instruyó a la Tesorería de la Federación para que depositara 2 mil 271 millones de pesos a la cuenta especial del FEIP, operación que fue realizada el 16 de marzo de 2001 debido a que la Tesorería recibió la instrucción el 2 de marzo del mismo año; el depósito de los 2 mil 271 millones de pesos se efectúo con 12 días de retraso sin incluir intereses.

"Es necesario que la SHCP instruya a la Tesorería a fin de que esta última semana aclare la razón por la cual traspasó los 2 mil 271 millones de pesos con retraso de 12 días a la cuenta del FEIP y, en su caso, integre a dicha cuenta los intereses generados e informe a la ASF".

Por otro lado, en el documento Estrategias de coberturas petroleras, de fecha 28 de noviembre de 2001, presentado el Comité Técnico del FEIP se expusieron cuatro alternativas de las cuales destacan la segunda, que consistió en continuar la contratación de coberturas de hasta 200 millones de barriles, opción que fue autorizada por el Comité Técnico, no obstante que la tercera y la cuarta opciones eran más atractivas para el FEIP, porque consistieron en "deshacer" en los años 2001 y 2002 los pisos de producción, lo cual representaría -en cualquiera de esas opciones- un ingreso estimado de 350 millones de dólares para el fondo y mantener como estrategia de cobertura las disponibilidad de recursos del FEIP para 2002.

El Comité Técnico tomó la decisión de continuar la contratación de coberturas, lo que representó asumir los costos de 108 millones de dólares y dejar de obtener el beneficio de 350 millones. Por es razón el país dejó de captar más recursos que se destinarían al FEIP.