Ayer, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas contra la Detención Arbitraria dio a conocer en Ginebra un documento en el que señala la persistencia de los arrestos arbitrarios en nuestro país, denuncia el generalizado irrespeto a la presunción de inocencia de los detenidos y destaca que prevalece la impunidad. Asimismo, el documento refiere las condiciones insatisfactorias que imperan en el sistema carcelario, y subraya que la arbitrariedad policial y judicial afecta, principalmente, a los presuntos delincuentes de bajo nivel cultural o económico.

El informe no es para nada novedoso. En diciembre pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su balance anual de supervisiones a las cárceles del país, formuló un diagnóstico estremecedor sobre tales instituciones, a las que calificó de "escuelas del crimen". El mes anterior, en Londres, la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Kahn, le expresó al presidente Vicente Fox su preocupación por la "persistencia de frecuentes violaciones de derechos humanos y la incapacidad de las autoridades de proporcionar respuestas efectivas a las víctimas". En mayo de 2002, la sección mexicana de AI denunció la persistencia de la impunidad ante casos de tortura, detenciones ilegales, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. En su informe anual, divulgado ese mes, el organismo humanitario dijo, además, que la tortura, las detenciones arbitrarias y los malos tratos seguían siendo "una práctica habitual" del Ejército y de las corporaciones policiacas, federales, estatales y municipales.

Los mencionados son sólo algunos ejemplos de los señalamientos que regularmente formulan grupos y organismos nacionales y extranjeros sobre la exasperante falta de avances en materia de derechos humanos en el país y que, en conjunto, ponen de manifiesto que la vigencia del estado de derecho sigue siendo, en buena medida, una meta incumplida por parte del actual gobierno y, para la sociedad, una aspiración pendiente.

Debiera ser claro, a estas alturas, que la plena observancia de las garantías individuales en nuestro país no puede concebirse como un resultado automático de la alternancia en el poder; que, como lo señala el documento de la ONU divulgado ayer, la corrupción imperante en las instancias de seguridad, procuración e impartición de justicia, así como la debilidad de la cultura de derechos humanos, se traducen en impunidad para los servidores públicos que cometen toda suerte de atropellos, y que la erradicación de los abusos no se conseguirá con promesas desde el poder público, por bien intencionadas que éstas sean. Es preciso, por ello, que la sociedad civil avance en la organización y la movilización para la defensa de los derechos básicos de sus integrantes.