Grupos campesinos señalan el "pavoroso déficit" en materia ambiental

Equivale ya a 11% del PIB la pérdida de recursos naturales

Escasa participación en la sesión de ayer del diálogo para una política de Estado para el campo

ANGELICA ENCISO Y PATRICIA MUÑOZ

La pérdida de recursos naturales en México, que al año equivale a 11 por ciento del producto interno bruto (PIB), da una "idea del pavoroso" déficit ambiental que se está dejando a las futuras generaciones y de la ineficiencia de las políticas públicas que han provocado el desastre, denunciaron organizaciones campesinas ante el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger, en una desairada mesa de medio ambiente y desarrollo rural en la jornada de ayer del diálogo nacional por una política de Estado para el campo.

Advirtieron que ante la evidente posibilidad de un colapso hídrico en el país y la certidumbre de sus negativas consecuencias, no hay lugar para la pasividad. En tanto, el secretario de Estado reconoció que muchos de los planteamientos que ayer se le presentaron para mejorar la situación del sector no se habían considerado.

Con la más baja de las asistencias de las cuatro reuniones que se han realizado, una débil protesta campesina -que sólo se manifestó al final por conducto de un habitante de San Salvador Atenco- y demandas reiterativas, la de ayer se convirtió en una mesa de trámite: continuaron las peticiones de soluciones a conflictos añejos, de recursos presupuestarios y de modificaciones a las regulaciones al sector que ya quedaron rebasadas por la realidad.

En esta cuarta sesión se anunció un "cambio de formato", que consistió en quitar el atril para evitar que volviera a ser tomado por los campesinos. El secretario intervino en dos ocasiones, una de ellas para dar respuesta a los señalamientos de los participantes.

Las organizaciones campesinas pidieron respuestas inmediatas a Lichtinger, lo cual no significó la aceptación de compromisos por parte el funcionario, quien únicamente ofreció estar pendiente y que las opiniones serían tomadas en cuenta para "cambiar inercias que vienen del pasado y que le han pegado fuerte a nuestros recursos naturales, y también a la vida y la calidad de vida de quienes viven en el campo".

No obstante, las cifras planteadas por funcionarios y productores fueron alarmantes: entre 60 y 64 por ciento del territorio mexicano está erosionado; la mitad de las tierras está degradada y la tercera parte severamente dañada; más de 500 millones de toneladas de azolve van a dar cada año a las obras de infraestructura y 10 mil hectáreas de las mejores superficies de riego quedan inutilizadas.

En relación con el agua señalaron que con los actuales patrones de cobertura, de tratamiento de aguas residuales y de riego, el país requiere 330 mil millones de pesos para invertir tan sólo en este sector. Además, para atender a los 12 millones de mexicanos que no tienen agua potable y a los 23 millones que carecen de alcantarillado se necesitan 735 mil millones de pesos.

Ante este panorama, Lichtinger lanzó una advertencia: "la gente de las ciudades va a tener que empezar a pagar para que se conserven sus parques, sus zonas ecológicas, sus zonas de recarga de mantos freáticos. Creo que lo que vimos es la punta del iceberg. En Veracruz, en Saltillo, en San Juan del Río, en Puebla y en el Ajusco se preparan pagos por servicios ambientales. Este es un esquema que tiene que prender a nivel nacional y es algo que están pidiendo los productores. Tenemos que tener una compensación por cuidar los recursos porque tenemos que vivir de algo. Esto es muy justo", puntualizó.

También dijo que es necesario replantear programas como Alianza para el Campo y Procampo, con el fin de que ayuden a preservar el medio ambiente y detener el deterioro.

Al presentar la posición de El campo no aguanta más, Gustavo Sánchez advirtió que las causas persistentes de la pérdida "acelerada y suicida" del patrimonio nacional han sido la falta de inversión en capital natural, la virtual expropiación de los dueños de los recursos naturales, la ausencia de medidas para pagar por los servicios ambientales a los campesinos, la selección de tecnologías depredadoras, la falta investigación y transferencia de tecnología, y la aplicación de políticas con efectos ambientales negativos.

Expuso que el sector rural no tiene la culpa de los procesos de deterioro ecológico. Por el contrario, manifestó, si la emergencia ambiental no es más dramática es porque existen ejidos y comunidades que han defendido el patrimonio natural del país.

En materia forestal las organizaciones campesinas plantearon la necesidad de que se formule un programa de desarrollo sustentable que integre a todos los sectores de la cadena productiva; la creación y consolidación de empresas campesinas forestales; la aprobación de un paquete de apoyos, exenciones y subsidios que promuevan las asociaciones e incentiven la inversión; la formación de un programa nacional de protección, conservación y desarrollo de los recursos naturales de flora y fauna; la operación de un sistema de comercialización para este rubro y la transformación de los programas forestales en una alianza para este sector.

Para la protección de los recursos biológicos se propuso incluir el riesgo de pérdida de germoplasma en centros de origen y diversidad genética, como es el caso del maíz, el cual es originario de México y sus variedades están en riesgo de desaparecer por la introducción de organismos modificados genéticamente. También se señaló la necesidad de defender los recursos genéticos para que las empresas transnacionales no se los lleven y los registren como propios.

Lichtinger se quedó unas horas más, para hacer un recorrido por las submesas en las que siguió el recuento de daños. Uno de los debates que se dieron fue entre las agrupaciones campesinas y las ambientalistas, ya que las primeras buscan que se realice el pago por la conservación de los recursos naturales, mientras las segundas no consideran que sea una opción viable.

Ignacio Irys Salomón, del Congreso Agrario Permanente (CAP), se mostró partidario de promover el pago para conservar estos recursos, pues dijo que el tema de las retribuciones es fundamental en el diseño de las nuevas políticas de protección ecológica. En el mismo sentido se manifestaron el presidente municipal de Zitácuaro, Silvano Aureoles, y el representante de El Barzón en Tabasco, Gustavo Arteaga, cuya exposición giró en torno a la retribución que tendrá que hacer Petróeleos Mexicanos a ese estado por la contaminación que ha provocado en agua y suelo.

Aunque las agrupaciones han reiterado que el formato de las mesas no dará resultados, dijeron que es difícil cambiarlo porque la Secretaría de Gobernación así lo definió. Anunciaron que en la reunión que sostendrán con Santiago Creel buscarán intriducir modificaciones.