Silvia Gómez Tagle

Ciudad Juárez: impunidad

El martes pasado fueron localizadas tres osamentas en la colonia Puerto la Paz, al poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua, en las inmediaciones del cerro de Cristo Negro, mismo sitio donde fueron localizados otros dos cadáveres de mujeres en septiembre de 2002. De 1993 a la fecha se encontraron más de 15 osamentas.

Los tres cuerpos estaban en un radio de aproximadamente 100 metros uno de otro; de acuerdo con los informes forenses dos tenían, al menos, tres meses en ese lugar, en tanto que el segundo cuerpo había sido abandonado hacía unas tres semanas.

Las características de los asesinatos de las mujeres de Ciudad Juárez hacen pensar en crimen organizado, en virtud de su regularidad y similitud: mujeres jóvenes, trabajadoras de la maquila en su mayoría, torturadas, violadas y asesinadas, generalmente por estrangulamiento -para lograr la contracción genital y proporcionar "más placer" a los violadores-, y descuartizadas en su mayoría. (Informes de Epikeia, organización social que ha estudiado estos casos.)

La primera serie de asesinatos se presentó en 1993 a razón de uno por mes; en 1994 hubo 11. Hoy, 10 años después, se contabilizan 300, pero con los nuevos descubrimientos llegan a 303, además de 250 desapariciones. El crimen más reciente es el de la niña Berenice Delgado Rodríguez, de seis años de edad, quien se extravió el pasado 10 de febrero. Se sabe que salió de su casa, ubicada en la colonia Obrera, para comprar un refresco.

Estos hallazgos ocurren a una semana de la repentina muerte de Gustavo González Meza, La Foca, de 29 años, presunto violador y asesino de ocho mujeres de Juárez, y a menos de cinco días de que organizaciones no gubernamentales exigieran a la Procuraduría de Justicia de Chihuahua que diera a conocer los nombres de quienes están detrás de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.

La negligencia de las autoridades locales ha sido paradigmática; inclusive ahora, la zona desértica, donde fueron ubicados los restos de tres víctimas, ya había sido rastreada el pasado 6 de enero por vecinos aglutinados en agrupaciones de Banda Civil, quienes aseguraron haber hallado tres cadáveres de mujeres asesinadas; no obstante, las autoridades desestimaron esa información. Por ello carece de credibilidad la declaración de Angela Talavera, fiscal especial en la Investigación de Homicidios de Mujeres de la Procuraduría de Chihuahua, quien ofreció trabajar "para investigar la identidad de los autores de estos hechos".

Desde que se dieron los primeros asesinatos, las autoridades locales insistieron en miniminizarlos; lo mismo hicieron sectores conservadores y aun la Iglesia católica local, pretextando la actividad sexual de estas mujeres. No fue sino hasta 1995, cuando una maestra de catecismo se sumó a las víctimas, que el gobierno estatal abrió una agencia especializada en delitos sexuales. Se detuvo entonces a un sujeto de origen egipcio bajo sospecha de 90 asesinatos. En 1996 fue detenida la banda de Los Rebeldes, pero aun así los asesinatos se incrementaron hasta alcanzar 27 en 1997.

En 1988 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 44/98 al gobernador de Chihuahua y al presidente municipal de Ciudad Juárez, en la cual se reseñan irregularidades en la investigación y se recomienda iniciar procesos administrativos a varios servidores públicos por omisiones y actos de negligencia en la indagatoria.

México ha ido a la zaga en el reconocimiento de los derechos humanos, en especial de las mujeres: la CNDH se creó hasta 1990 y nuestro país fue de los últimos en América Latina que reconoció los derechos políticos a las mujeres (1953). Por lo visto, ni con la alternancia en la Presidencia se ha logrado "exigibilidad de los derechos humanos". Y es que si bien el gobierno mexicano ha asumido compromisos internacionales para el respeto de las garantías fundamentales de las mujeres, en la realidad han sido notoriamente desatendidos.

Ciudad Juárez es el estado donde se comete el mayor número de asesinatos de trabajadoras, que sólo pueden explicarse asociados al crimen organizado. La hipótesis más probable es que se vinculen con la industria del snuff (videos de violaciones y crímenes), por lo que la intervención de la autoridad federal es indispensable.

Hoy el ser humano como tal es sujeto de derecho internacional de modo incontestable. Resulta intolerable el amurallamiento de las autoridades gubernamentales, estatales y nacionales, en lo tocante al trato que dan a su población, sobre todo en el ámbito de los grupos más vulnerables de la sociedad, por ello es indispensable que el gobierno federal asuma la responsabilidad que le corresponde al lado del Poder Judicial para poner fin al genocidio femenino que tiene lugar en Ciudad Juárez.