Estuvo en nuestro país, en una visita casi furtiva y vergonzante, José María Aznar, presidente del gobierno español, jefe máximo del Partido Popular (PP), heredero ideológico del franquismo y cabeza visible de un totalitarismo creciente que tiene, entre otras expresiones, el entusiasmo belicista y una ofensiva judicial y policiaca no contra el terrorismo etarra, sino contra el idioma y la cultura de los vascos, la libertad de expresión y manifestación y la inteligencia en general.

Aznar no vino a corroborar las conocidas diferencias de enfoque entre su gobierno y el del presidente Vicente Fox ante la agresión bélica que el gobierno de Estados Unidos se empeña en lanzar contra Irak, sino a ejercer sobre nuestras autoridades una presión indebida para que variaran su posición y se sumaran al designio bélico injusto, peligroso y criminal y que, como el propio gobernante español, carece de ética y de buen sentido.

El comunicado emitido por la Presidencia de la República tras el encuentro entre Fox y Aznar, así como la conferencia de prensa ofrecida por el segundo, no dejan lugar a dudas: por el bien de nuestro país y en aras de la paz mundial, Aznar hubo de partir con las manos vacías, en tanto que el titular del Ejecutivo federal se mantuvo fiel a las causas de la paz y de la legalidad internacional. El gobernante español hubo de aceptar "la importancia de incrementar los esfuerzos multilaterales encaminados a alcanzar por vía pacífica la eliminación de las armas de destrucción masiva en Irak", así como la necesidad de realizar esos esfuerzos "dentro de la ONU".

Aznar llegará, pues, a su próximo destino -el rancho de George W. Bush en Texas- a rendir malas cuentas y, previsiblemente, a recibir nuevas instrucciones de su aliado mayor.

Igualmente malas son las cuentas que el líder del PP habrá de rendir a la democracia española. Horas antes de su viaje a México, su gobierno se congratulaba por el cierre, en la madrugada del miércoles, del diario vasco Egunkaria y por las órdenes de aprehensión giradas contra 10 de sus dirigentes, incluido su director. Al allanamiento referido se sumaron los cateos de las revistas Jakin y Argia y de las oficinas de la Federación de Ikastolas, los centros de enseñanza del idioma vasco.

Tales medidas correspondieron, en estricto sentido, al Poder Judicial, esta vez por mano del juez Juan del Olmo, pero ocurren en el contexto de la represión desatada por las autoridades de Madrid contra todas las corrientes y organizaciones del nacionalismo vasco. El sentido político, y no penal, de la persecución empezó a hacerse evidente cuando, hace cinco años, el juez Baltasar Garzón ordenó el cierre del diario Egin y el procesamiento de sus directivos, a quienes acusó de "inducción al asesinato" por haber publicado una entrevista con líderes etarras. "Si creían que no nos íbamos a atrever a cerrar Egin, pues ahora se ha cerrado", se jactó entonces Aznar. Los supuestos vínculos de la empresa editorial con el terrorismo independentista no han sido, hasta la fecha, demostrados. Ahora las autoridades madrileñas imputan a Egunkaria el ser "un instrumento de la acción terrorista" y se defiende su clausura como una "medida de defensa de la cultura y la libertad del pueblo vasco", según dijeron, respectivamente, los ministros de Justicia y del Interior del gobierno de Aznar.

El PP y sus máximos dirigentes padecen una fobia histórica e inocultable contra los regionalismos y los nacionalismos, particularmente los que existen en el País Vasco y en Cataluña. En los mítines electorales del partido que hoy gobierna España eran frecuentes las consignas chovinistas contra el gobernante catalán, Jordi Pujol: "Pujol, enano, habla en castellano". El actual gobernante exhibe desprecio e intolerancia ante la disidencia, como cuando explicó las multitudinarias manifestaciones pacifistas en toda España en términos de una polarización entre "minorías ruidosas y mayorías silenciosas". En la estrategia interior de La Moncloa -con sus documentadas violaciones a los derechos humanos, sus atropellos a la libertad de expresión, su desdén por el sentir mayoritario de los españoles y su empeño por uncirlos a una guerra ajena e inmoral- es posible reconocer la estirpe de los fascistas que, en la tercera década del siglo pasado, sublevaron el orden constitucional. En la política presente del PP y de su máximo jefe resuenan las palabras del general Millán Astray en la Universidad de Salamanca: "El País Vasco y Cataluña son cánceres en el cuerpo de la nación".

Cabe esperar que, ante las deplorables cuentas de Aznar en materia de democracia, derechos humanos, tolerancia y civismo, la sociedad española sea capaz de frenar a tiempo el cáncer de totalitarismo y belicismo que se incuba en La Moncloa.