Ayer, la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), María Luisa Farrera, sufrió un condenable atentado que, con razón o sin ella, fue de inmediato vinculado a la tensión prelectoral que se vive en esa entidad, la cual se manifiesta en confrontaciones que van más allá de lo político entre el PRI y el PAN locales, y entre el gobierno de Arturo Montiel y la presidencia de Vicente Fox.

Los priístas y el gobierno mexiquense acusan al titular del Ejecutivo federal y a su esposa, así como a funcionarios municipales de Ecatepec, de presuntas violaciones al Código Electoral y de la posible utilización de recursos públicos en actividades de proselitismo; la víctima del ataque de ayer ocupa un lugar central en los procedimientos legales correspondientes y también, por supuesto, en la organización y el arbitraje de las inminentes elecciones locales, por lo que resulta imposible desvincular la agresión a la funcionaria del crispado contexto electoral mexiquense.

Los del estado de México no son los únicos asuntos legales contaminados por los tiempos de comicios que vive el país. También deben contabilizarse los dimes y diretes en los que se enfrascaron Vicente Fox y Eduardo Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por las pesquisas en torno a los dineros de presunta procedencia ilícita de Amigos de Fox, así como los jaloneos judiciales, parlamentarios y partidarios por el desvío de recursos de Pemex a la campaña presidencial priísta de 2000.

En uno y otro asuntos es posible percibir lamentables tonos de regateo, negociación y golpeteo bajo la mesa. Fernández, quien en su momento sirvió de gustosa tapadera para las inmundicias del Fobaproa, pretende presentarse ahora, a cuatro meses de los comicios, como paladín de la transparencia y la denuncia. Fox, por su parte, cambia su pregonada franqueza campirana por la elusión y la ambigüedad cuando se le inquiere sobre la procedencia de sus fondos de campaña, y la Procuraduría General de la República (PGR) simula concentrarse en una investigación tan minuciosa y profunda que no puede ser explicada a la opinión pública. Las dirigencias cupulares priístas, a su vez, piden, como precio de su sumisión al Ejecutivo, un oportuno carpetazo a la investigación del Pemexgate. Para rematar este panorama deplorable, en las instancias legislativas del país -locales y federales- las diferencias partidistas se traducen en vendetas y ajustes de cuentas a la hora de la aprobación y asignación de los presupuestos.

Los referidos no son los únicos ejemplos -pero sí los más exasperantes- del desaseo con que la clase política en general está mezclando lo electoral con lo judicial. El resultado inevitable es el parejo deterioro de esos dos ámbitos y el descrédito correspondiente de instituciones, leyes y procedimientos republicanos ante la opinión pública.

Los procesos electorales debieran ser ejercicios de civismo y legalidad; sin embargo, los comicios que vienen en el país -los federales de julio próximo y los mexiquenses del 9 de marzo- han dado lugar a una penosa exhibición de mañas por parte de las fuerzas involucradas, a chantajes y regateos en los que se desvirtúan procedimientos penales en curso, y a un trastocamiento de los valores institucionales.

Los representantes populares y sus fuerzas políticas -todas- debieran cobrar conciencia de su enorme responsabilidad por el desgaste de la vida republicana, por el descrédito de juicios y de comicios y por el desvanecimiento de las identidades ideológicas, expresada en el razonamiento de que, una vez llegados al poder, todos los partidos son más o menos lo mismo.