Horacio Labastida
El Presidente y el Congreso
En torno a los problemas que afectan la marcha del Poder Legislativo vale plantear algunas reflexiones, porque los graves tropiezos de diputados y senadores a lo largo de nuestros casi dos centenarios de vida independiente tienen como causa principal una honda contradicción entre el Poder Ejecutivo y el estado de derecho, que daña el bien común del pueblo y el progreso soberano de la nación.
ƑCuál es la contradicción? En cierto modo se debe a la naturaleza de la democracia que solucionó los conflictos de la burguesía industrial y la monarquía absoluta. Tanto en la segunda mitad del siglo xvii inglés cuanto en las postrimerías de las colonias británicas de América y en la Francia del siglo xviii se halla la configuración de un Poder Ejecutivo unipersonal y un Legislativo pluripersonal, situación que impulsa los choques entre ambas instancias gubernamentales. La institución administrativa no es una entidad abstracta; su condición concreta la muestra como una función puesta en manos de un titular, cuya realidad está circundada por un conjunto de intereses clasistas que se infiltran en el contenido de las decisiones del Poder Ejecutivo. En la trinchera opuesta está la estructura multipersonal del Poder Legislativo que por necesidad lógica oblitera o suple los proyectos ejecutivos, sea presidente de una república o primer ministro en sistemas parlamentarios.
En nuestro país, la antinomia entre Poder Ejecutivo y Legislativo gestó desde el golpe político de Antonio López de Santa Anna contra la generación ilustrada de 1833 un presidencialismo militarista autoritario que negó más de dos decenios, hasta 1855, la independencia de senadores y diputados, primero durante el centralismo de las constituciones de 1836, las Siete Leyes, y de 1843, ésta sin la carga que a Santa Anna parecía insoportable del poder conservador, cuya función era vigilar que los otros poderes del gobierno cumplieran con el Código Supremo, y en segundo lugar hacia 1853, cuando Lucas Alamán y su partido apuntalaron la tiranía de Santa Anna que fue expulsado por la revolución de Ayutla (1854-55). La descarada burla del presidencialismo autoritario santannista al Poder Legislativo, maltratado por disoluciones a sablazos y juntas de notables, explica que el constituyente de 1856-57 procurase otorgar al Legislativo máxima dignidad e independencia al institucionalizarlo en una sola cámara, recobrando la tradición insurgente del decreto de Apatzingán (1814). Sin embargo, pronto se reproducirían las tribulaciones legislativas. La batalla contra el unicamarismo resultó exitosa al reinstalarse el Senado (16 de septiembre de 1875); la reforma se aprobó el año anterior, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, después de la Guerra de Tres Años (1858-61) y de la derrota de Napoleón III y el imperio de Maximiliano (1867). A partir de 1877 ocurrió un golpe mortal contra el Legislativo: Porfirio Díaz modeló el ejercicio del poder político con reformas constitucionales y no constitucionales para satisfacer las demandas del latifundismo feudal, asociado con subsidiarias extranjeras que proliferaron en áreas claves de la economía desde 1893, año en que José I. Limantour asumió la cartera de Hacienda. Un Legislativo dócil como nunca al Ejecutivo fue el resultado en el interior del gobierno de las gestiones del círculo de empresarios extranjeros que el viejo mandatario tuxtepecano acató sin tapujos.
Los legisladores heroicos, simbolizados de manera suprema por Belisario Domínguez, asesinado por sus denuncias del Estado criminal montado por Victoriano Huerta, no detuvieron el derrumbe del Poder Legislativo ante un Ejecutivo entregado a las exigencias del supercapitalismo trasnacional.
En la era posrevolucionaria, la vergüenza de los Tratados de Bucareli (1923) se ha repetido hasta hoy. Con toda clase de subterfugios perversos, incluidos propaganda y créditos al futuro que turban la conciencia moral, con excepción de Lázaro Cárdenas (1934-40), el Ejecutivo ha conseguido enajenar al Legislativo al lograr la violación de la Constitución usando arbitrariamente su artículo 135, y obtener la aprobación de leyes ajenas al bien común y propias del bien parcial, no adecuadas a los sentimientos del pueblo.
En suma, el más profundo problema del Legislativo es resistir las presiones del Ejecutivo y mantener incólume su compromiso con los electores. ƑCómo lograrlo? Hay muchos caminos, mas señalaremos los siguientes: dentro de sus facultades legales, para evitar la hegemonía interesada del Ejecutivo, las cámaras tendrán que derogar potestades discrecionales del Presidente, obligarlo a consultar con diputados y senadores cualquier acuerdo internacional o nacional que grave la economía del país, las garantías individuales y sociales, los derechos de la población, sujetando tales medidas a forzosa y previa anuencia del Legislativo y a la irrenunciable consulta con la sociedad civil, utilizando procedimientos aconsejados por la ciencia, subrayándose que estas medidas serán rigurosamente sancionadas en materia de tratados internacionales para que en lo sucesivo ningún convenio se ratifique sin consentimiento ciudadano y del Legislativo. La aprobación siempre será anterior y no posterior a los acuerdos del Ejecutivo con otros estados. Es obvio que la soberanía no puede ser comprometida por un poder unipersonal.
Otro aspecto es la explícita prohibición legal de la propaganda política que en favor de sus asociados han practicado las autoridades ejecutivas, utilizando su influencia y los recursos de la hacienda pública. La dignificación del Poder Legislativo es condición sine qua non de la democracia verdadera.
