Atribuye al "deficiente marco jurídico" que funcionarios deshonestos estén libres

Barrio reconoce que no cumplió las expectativas de castigar a corruptos

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Francisco Barrio se despidió como secretario de la Contraloría con un informe de labores en el que afirma estar "consciente de que no se logró solucionar todo lo urgente, todo lo que requería de soluciones inmediatas, pero a cambio de eso se pudo avanzar en lo trascendente". El fucionario, quien hará efectiva su renuncia a partir del 4 de abril, responde a quienes lo cuestionan por no haber atrapado "peces gordos" que la dependencia presentó 278 denuncias penales en contra de funcionarios y particulares, de las cuales se decretó formal prisión a 76 personas y otras 53 fueron condenadas. No dio nombres ni cargos.

En el auditorio principal de la dependencia, al cual fueron convocados sus principales colaboradores, Barrió leyó el documento en el que reconoce haber generado una "enorme expectativa social que quería resultados rápidos y contundentes por meter a la cárcel a quienes usaron los recursos de todos para beneficio de unos cuantos", y culpó al "deficiente marco jurídico" de que los servidores públicos corruptos estén libres.

Al delinear las acciones penales emprendidas por la Contraloría, le dedicó tres renglones al Pemexgate y no abundó más. Precisó que además se levantó una denuncia en contra de funcionarios de Pemex-Refinación que pagaron indebidamente mil 400 millones de pesos a una empresa.

Otras denuncias presentadas fueron contra médicos de la Unidad de Transplantes Renales del Hospital La Raza del IMSS, que extorsionaban a pacientes y familiares para realizar transplantes y vender medicamentos propiedad del mismo instituto; contra concesionarios y franquicitarios de Pemex en los estados de Coahuila, Puebla y Veracruz que vendían en gran escala y en forma clandestina hidrocarburos robados de la paraestatal.

Por primera y última vez dio a conocer casos de los que no había hablado antes, aunque en ninguno quiso dar nombres de funcionarios ni de empresas y tampoco se refirió al estado legal que guardan las averiguaciones. Así, dijo que se presentaron querellas en contra de servidores públicos de la Corporación Mexicana de Investigaciones Materiales, dependiente del sistema SEP-Conacyt, quienes se incrementaron honorarios por 50 millones de pesos, y se levantó proceso por detrimento del patrimonio de Nafin en el que están involucrados servidores públicos y personas físicas que habían birlado más de 10 millones de dólares a la institución.

Funcionarios de Banrural fueron denunciados por uso indebido de 10 millones de pesos; en el ISSSTE se detectó que encargados de compras entregaron anticipos indebidos por 121 millones de pesos para compra de equipo que nunca se recibió, y hasta en la Policía Federal Preventiva se detectó una compra ilegal de aeronaves usadas y obsoletas por 5 millones de pesos y 2 millones 400 mil dólares.

El hasta ayer contralor planteó que la corrupción en México es un cáncer al que obligadamente se tiene que atacar de raíz. En muchas dependencias del gobierno, añadió, "existen esquemas demasiado complicados, gravosos, estructuralmente deformados y torcidos", además de que "somos un pueblo que al pasar de los siglos aprendió a ver la corrupción como un hecho inevitable, como algo natural, aceptable", concluyó Barrio.