Acusan a militares de utilizar equipos de comunicación
y vehículos no autorizados
Abogados defensores denuncian que fiscal intimida a
testigos en el consejo de guerra
JESUS ARANDA
La procuraduría militar avanzó ayer en su
pretensión de demostrar al consejo de guerra el supuesto vínculo
del general Ricardo Martínez Perea con el narcotráfico, luego
de presentar testimoniales respecto al uso indebido de vehículos
civiles en funciones oficiales, así como de equipos de radiocomunicación
que no son proporcionados por la Defensa Nacional en operativos
para interceptar estupefacientes.
El
agente del Ministerio Público militar Gerardo Salazar Bolaños
solicitó la detención de otros dos testigos -con los que
suman tres- por el presunto delito de falsedad de declaraciones; sin embargo,
los defensores de oficio de los procesados -Martínez Perea, el teniente
Ricardo Antonio Quevedo Guerrero y el capitán Pedro Maya Díaz-
cuestionaron la actuación del fiscal, por asumir una actitud "intimidatoria",
además de reprocharle que si había encontrado elementos contradictorios
durante la etapa previa del proceso penal tendría que haber actuado
en etapas previas de la indagatoria y no en el consejo.
La defensa particular del general solicitó la intervención
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que "atestiguara"
las violaciones procedimentales que han tenido lugar, así como la
presunta intimidación a los testigos. La CNDH dio entrada a la queja
(997/2003) y prometió que un visitador estará hoy en la audiencia.
Luego de que les leyeron sus declaraciones previas, el
teniente coronel Luis Vázquez Hernández y el mayor Epaminondas
Cuervo Prior ratificaron su dicho respecto a que el uso de radios de comunicación
no oficiales en los operativos antidrogas no implicaba ninguna irregularidad,
y que nunca vieron vehículos civiles en instalaciones del 21 regimiento
de caballería motorizada, que comandaba Martínez Perea.
El fiscal les cuestionó si no querían rectificar,
porque había testimonios que contradecían su dicho, y como
ambos oficiales se mantuvieron en su postura, el representante social formalizó
el procedimiento para detenerlos por presunta falsedad de declaraciones.
Reconocimiento de falta
Por la tarde, el mayor Trinidad Márquez Galicia,
quien se desempeñó como encargado de comunicaciones del 21
regimiento, aceptó que los soldados utilizaban sus radios de comunicación
en operativos antidrogas, además del equipo oficial. Márquez
insistió en que por medio de dichos radios no se transmitían
órdenes confidenciales, pero las preguntas del fiscal y de los integrantes
del consejo de guerra lo llevaron a admitir que había incurrido
en una falta al no establecer un programa de capacitación sobre
el uso de ese equipo no oficial.
Aceptó que la frecuencia de los radios para que
estuvieran sintonizados se instalaba en un local comercial, ni siquiera
en instalaciones militares. Reveló que precisamente en la detención
de Gilberto García Mena, El June, ocurrida en abril de 2001,
se habían encontrado radios de comunicación que tenían
la misma frecuencia que la de los militares, lo que demostraba que los
narcotraficantes del cártel del Golfo recibían información
de los soldados.
El tono de las preguntas de los miembros del consejo se
endureció en contra del testigo, aunque no fue detenido. Sin embargo,
otro mal presagio para la causa de los acusados es que sus defensores de
oficio, los tenientes Enriqueta Rodríguez y Francisco Pineda, se
encuentran bajo arresto por haber cuestionado en diversas ocasiones tanto
a la fiscalía como al propio presidente del consejo de guerra.
