La normatividad viola las garantías laborales, argumentan

Exigen investigadores reformar la Ley Federal de Ciencia y Tecnología

JOSE GALAN

Sindicatos de 12 instituciones universitarias y de investigación se manifestaron en favor de reformar la Ley Federal de Ciencia y Tecnología, aprobada apenas el año pasado, porque no representa un apoyo real para esos sectores.

Sobre todo se pronunciaron por reformar el artículo 56 de dicha legislación, por considerar que otorga a los centros de investigación discrecionalidad absoluta para contratar o despedir personal académico.

En la primera sesión del segundo Foro Nacional sobre Ciencia y Tecnología, celebrado en las instalaciones del Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear, Tonatiuh Guillén, secretario general del Sindicato de Investigadores y Profesores del Colegio de la Frontera Norte, consideró que la fracción XII del artículo 56 "es inconstitucional", en la medida en que contraviene los principios de estabilidad laboral, de bilateralidad en las relaciones laborales; de especialidad de las leyes, y se opone a los contratos colectivos de trabajo firmados por los sindicatos con sus respectivos centros de trabajo.

Dicha fracción sostiene que los centros públicos de investigación tendrán atribuciones para "fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como regular los aspectos académicos de la investigación y la educación superior que impartan". Esta fracción, agregó el sindicalista, incurre en el terreno propio de la legislación laboral y lo hace de manera contraria a lo que ya dispone la Ley del Trabajo. Además, desde la perspectiva de la investigación y la docencia, "hace depender a ambas funciones de una instancia burocrática, es decir, no especializada en el área sobre la cual tiene responsabilidad".

Por su parte, Margarita Rosado, representante de la Federación de Colegios del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidió con su colega del Colegio de la Frontera Norte y advirtió que dicha fracción abre la puerta a la "discrecionalidad" en materia laboral por parte de las autoridades de los centros públicos de investigación, en contra del personal académico y de los instrumentos de la relación laboral, ya contraídos por las partes.

Alfonso Bouzas, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, sostuvo que la Ley Federal de Ciencia y Tecnología cuestiona la estabilidad del empleo del académico y que quienes redactaron y aprobaron dicha legislación "se olvidaron de las garantías laborales", además de que la ley impone condiciones laborales ajenas al marco normativo del trabajo.