La Auditoría de la Federación expresa dudas en el uso de 112.7 millones de pesos

Detectan anomalías en el manejo del presupuesto de Sedeso durante 2001

Critica resultados del programa Oportunidades y la falta de coordinación del Credipal

ALMA E. MUÑOZ

La Auditoría Superior de la Federación encontró que en el primer año del actual gobierno quedaron en entredicho 112.7 millones de pesos del presupuesto operado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), la mayor parte en el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), hoy Oportunidades. Además cuestionó que la dependencia subestimara la atención prestada por el Programa de Crédito a la Palabra (Credipal), cuando no cuantificó el universo potencial de temporaleros agrícolas de bajo ingreso.

En el análisis de la Cuenta Pública 2001, el órgano de fiscalización estableció que la Sedeso no fijó correctamente las metas en las reglas de operación de programas y careció de sistemas consolidados de información para identificar a los beneficiados, como ocurrió con el Programa de Coinversión Social, además de que algunos de los empadronados no cumplieron con el perfil para recibir el apoyo.

La mayor parte de las críticas las recibió el Credipal. Una de las más fuertes fue la subestimación que la Sedeso hizo de los beneficiarios del programa, con lo cual contravino las disposiciones del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Con base en datos de la Secretaría de la Reforma Agraria, la Auditoría Superior de la Federación consideró un universo potencial de atención a campesinos temporaleros de 2.4 millones para 2001. El Credipal sólo apoyó a 25.9 por ciento. Sin embargo, la Sedeso reportó que la meta se cumplió en 141.6 por ciento.

Además el instrumento careció de los registros consolidados de las fechas de entrega de los créditos y no respetó los criterios de elegibilidad establecidos, "lo que provocó que en algunos casos se otorgaran apoyos a personas que no cumplían el perfil requerido para ser beneficiarios".

Falta de información obstaculiza la auditoría

El desempeño del Programa de Coinversión Social, operado para impulsar el desarrollo de grupos en situación de pobreza extrema, no se pudo evaluar, ya que la dependencia a cargo de Josefina Vázquez Mota careció de información que permitiera identificar a los beneficiados, el tipo de ayuda prestada y las regiones objetivos del programa.

Pese a ello, la Auditoría determinó que en 19 entidades federativas 64.2 por ciento de las 408 mil 538 personas atendidas residían en regiones distintas a las prioritarias, lo que va contra las reglas de operación.

Sedeso reportó 22 proyectos más de los 783 realmente entregados, pues "omitió 33 registros y duplicó otros 55 al haber utilizado dos unidades de medida diferentes, contraviniendo lo establecido en el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal".

Después de auditar a la Coordinación Nacional del Progresa, el órgano de fiscalización encontró también fallas por no establecer en las reglas de operación los criterios para la recertificación de las familias que cumplieron tres años en el programa, así como los correspondiente a resolver criterios para solucionar los errores originales de inclusión y exclusión. Esto impidió determinar el número de familias aptas para ser consideradas nuevamente en el padrón.

Se suma que las unidades médicas tienen deficiencias que impidieron valorar el impacto del programa y demostraron que aún se utilizaban formatos de 2000 para atender a los beneficiarios. Esto mismo derivó del componente educativo. Las observaciones realizadas tuvieron un efecto económico de 71.6 millones de pesos.

Finalmente la Auditoría Superior de la Federación evaluó el programa Tortilla durante el año que comenzó a ser operado por Liconsa. Encontró que no se precisó el impacto nutricional en las familias beneficiarias, las cuales retiraron 82.5 por ciento de los 365 kilogramos a que tenían derecho por año, por la carencia de la tarjeta de retiro correspondiente.

Lo anterior provocó una baja de 54.3 por ciento en el padrón, al pasar de 2 millones 301 núcleos beneficiados en 1995 a un millón 51 mil. La Secretaría de Hacienda instruyó entonces a la Sedeso a no incluir nuevos empadronados ni sustituir las bajas aplicadas, lo cual impactó negativamente en el presupuesto del esquema social.