Rosario Acosta y Maricela Ortiz fueron acusadas de enriquecimiento ilícito

Activistas contra asesinatos en Juárez denuncian amenazas y hostigamiento

Las dos integrantes de Nuestras hijas de regreso a casa preparan su defensa legal

Dos integrantes de una de las organizaciones pioneras en la lucha por el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua -Nuestras hijas de regreso a casa- denunciaron que como parte de las amenazas y el hostigamiento que instrumentan las autoridades en su contra, el jueves 3 de abril fueron demandadas penalmente por supuesto enriquecimiento ilícito. El viernes, el Ministerio Público en Ciudad Juárez dictó orden de aprehensión en contra de Rosario Acosta y Maricela Ortiz.

Las dos activistas salieron del estado para poder preparar su defensa legal. Rosario Acosta aclaró: "no estamos huyendo; sólo estamos viendo por nuestra propia seguridad".

La demanda, presentada por una ex integrante del grupo, Benita Monárrez, madre de una de las 300 jóvenes asesinadas en este estado en los últimos años, las acusa de aprovechar donaciones a su organización para fines personales. La acusación, señaló Rosario Acosta a este diario, no tiene ningún fundamento. "Las finanzas de la organización son transparentes. Nosotros informamos cuándo recibimos donaciones y en qué las usamos. Siempre son destinadas para el trabajo de difusión y para la logística de nuestro trabajo, traslados y gastos así."

Pero lo que orilló a las dos demandadas a salir del estado fue la sorprendente acción del MP, que en cuestión de horas aceptó librar orden de aprehensión, a pesar de que la demanda no es de tipo penal y, aseguró, carece de fundamento. "Eso nos hace pensar que es otra forma de represión, que se suma a las amenazas constantes de las autoridades" en contra de las organizaciones no gubernamentales del estado que trabajan por el esclarecimiento de estos crímenes en cadena.

La orden de arresto contra las dos activistas es la última de una serie de acciones de intimidación y amenaza que han padecido. La semana pasada, Maricela Ortiz, vocera de Nuestras hijas de regreso casa, fue embestida en su automóvil por otro auto que la golpeó intencional y repetidamente en la ciudad fronteriza.

Días antes Acosta había tenido un altercado con el subprocurador de Justicia del Estado, Eduardo Fernández Ponce, quien durante los trabajos de la mesa interinstitucional que se estableció por órdenes del gobernador del estado intentó impedir su intervención. "Sostuve en esa sesión que la mesa -una instancia de diálogo entre autoridades responsables de procuración de justicia federales y estatales y organizaciones no gubernamentales representantes de las familias de las víctimas- no ha avanzado en el análisis técnico jurídico de los expedientes. Fernández Ponce a gritos intentó callarme".

Rosario y Maricela no son las únicas activistas amenazadas. "Ha sido una constante desde que las denuncias empezaron a acumularse", explicó Acuña. En varias ocasiones, estas organizaciones, como Mujeres de Negro y Ni una muerta más, han sido desalojadas de sus plantones.

En la trama de estos asesinatos seriales -unas 290 muchachas asesinadas y más de 500 desaparecidas en un periodo de nueve años--las primeras burlas y amenazas se iniciaron en el gobierno de Francisco Barrio y continuaron con el de Patricio Martínez. Funcionarios, jueces e investigadores han sugerido constantemente que las jóvenes desaparecen "tal vez porque se están portando mal". Y estas actitudes no han cesado. "Hemos sido arrolladas una y otra vez por la falta de respeto". En días recientes la Procuraduría General de la República rechazó la atracción de estos casos al fuero federal.

En mayo de 2000 Rosario Acuña fue acusada personalmente por el ex procurador Arturo González Rascón de "utilizar los casos de las mujeres para agitar y escandalizar a la gente". Hace algunas semanas apenas, en El Heraldo de Chihuahua, el procurador de Justicia del estado, Jesús Solís Silva, volvió a acusar a las organizaciones no gubernamentales de "lucrar políticamente" y a algunas de "obtener dinero de familiares de las víctimas".

Rosario Acosta denunció a este diario: "no podemos dejar de llamar a esta campaña por su nombre: es una franca y abierta forma de represión". BLANCHE PETRICH.