Alejandro Ramos explica la agenda legislativa de la dependencia

Busca la PGR tapar lagunas jurídicas en el Código Penal

Urge perfeccionar figuras delictivas sobre explotación sexual infantil y eliminar candados para investigar delitos financieros

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La principal meta de la Procuraduría General de la República (PGR) en materia legislativa es terminar con los "hoyos" y las "lagunas" legales que existen en el Código Penal Federal, que impiden satisfacer las demandas sociales de justicia, afirmó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alejandro Ramos Flores.

En entrevista con La Jornada, revela que la agenda legislativa de la PGR busca proponer por conducto del Poder Ejecutivo el perfeccionamiento de tipos penales que atañen a la pornografía y prostitución infantil; la eliminación del requisito que obliga al Ministerio Público a solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) su denuncia para que se pueda actuar contra lavadores de dinero, y la posibilidad de que la representación social solicite de manera directa a los bancos la información financiera que se requiera en una investigación de delincuencia organizada.

El funcionario, a quien le ha tocado realizar los trámites de extradiciones, como la de Gloria Trevi o la que está en curso del ex director de Petróleos Mexicanos, Rogelio Montemayor, informó que las propuestas abarcan los delitos electorales, donde actualmente muchos de sus términos son confusos, y también el perfeccionamiento de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en lo referente a los testigos protegidos, donde se buscará contar con un marco que permita hasta el cambio de identidad, o bien, operaciones encubiertas o la infiltración en organizaciones criminales como los cárteles de la droga.

''El proyecto de justicia se divide en dos grandes rubros: uno que tiene que ver con la restructuración propia de la procuraduría, y que ya se encuentra en un estado avanzado; el segundo, una agenda legislativa que busca mejorar el marco normativo, tapando huecos y perfeccionando los tipos penales", aseguró.

-¿Cuál es el avance de la restructuración de la PGR?

-La máxima prioridad es concluir esta reforma con la expedición del nuevo reglamento, en el que se establecerán unidades especializadas en delitos federales

-¿Cuál es la agenda legislativa?

-Por ejemplo, tipificar como delitos graves los de pornografía y prostitución infantil, ya que a veces están como simples atentados al pudor. También tratar de ir subsanando compromisos internacionales, como son los derivados de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en materia de terrorismo.

"Por lo pronto, tenemos algunas iniciativas que hemos enviado ya al Poder Ejecutivo solicitando las haga suyas y las proponga al Congreso, y que tienen que ver precisamente con eliminar el requisito de procedibilidad que obliga a que la SHCP presente una denuncia para que el Ministerio Público pueda ejercitar acción penal en casos de lavado de dinero.

"Otro asunto es el que tiene que ver con investigaciones relacionadas con el sistema financiero, actualmente, aun cuando la procuraduría llegue a comprobar el delito, no podrá ejercitar acción penal si Hacienda decide no presentar la denuncia. Otra propuesta es la posibilidad de que sea el propio Ministerio Público quien solicite a las instituciones de crédito la información que se requiera y que esto se haga con conocimiento de la SHCP.

"Estas propuestas se hacen porque una investigación que en lugar de resolverse en seis meses o un año, se resuelve en tres o cuatro años.

"También en el proyecto de iniciativa se plantean reformas al Código Penal y al Código Federal de Procedimientos Penales respecto de la destrucción de los bienes que son objeto de delitos de propiedad intelectual (piratería), ya que cuando se aseguran productos de estos delitos, como son videocasetes o audiocasetes piratas, no existe una disposición de qué hacer con ellos ni cómo destruirlos.

"Otra propuesta es una reforma al Código Penal Federal en materia de delitos electorales, precisamente buscando darles mayor precisión, porque en la actualidad a la hora de integrar una averiguación o de llevar el ejercicio de la acción penal a la aplicación de las normas hoy establecidas, se vuelve complejo, difuso, lo que queremos hacer es que sea más preciso".

-¿Qué hay de la propuesta que pretendía que las autoridades del fuero común pudieran combatir el narcotráfico?

-Está en su etapa final de elaboración y tiene que ver con el narcomenudeo. Se busca que tengamos una competencia concurrente, en la que no haya pretextos para no actuar en el caso de quienes están vendiendo drogas al menudeo, en las escuelas, en las tiendas, en los taxis. Muchas veces escuchamos que las autoridades locales no actúan por considerar que se trata de asuntos federales y no tienen ellos competencia, de lo que se trata es que podamos sumar el esfuerzo de estados, municipios, de todas las autoridades para combatir el narcomenudeo.

''Tenemos otras iniciativas en curso, como la reforma a la Ley de Delincuencia Organizada, porque se necesita darle mayor eficacia a la figura del testigo protegido, establecer un auténtico programa de protección a los testigos, y también en lo que se refiere a operaciones propias contra la delincuencia organizada, como son las infiltraciones, los agentes encubiertos o las operaciones encubierta o las entregas vigiladas".

-O sea, esto ya va fondo..

-Sí, porque hay limitantes en esta materia, tales como que puede haber testigos protegidos, pero no dicen ni qué son, ni cómo son, ni qué se les da, ni cuándo se les da. No podemos cambiarles de identidad porque no existe la potestad de modificar el Registro Civil. En algunos casos debe haber esa posibilidad y expedirles certificados de estudios hasta el nivel que tenían, con una nueva identidad.

-¿Se habla entonces, inclusive, del intercambio de testigos protegidos entre países en esta propuesta?

-Así es. Sin embargo, se debe advertir que hay integrantes de organizaciones criminales interesados en que esta ley desaparezca.

-En el caso de los delitos electorales, ¿cuáles serán los puntos que se busca esclarecer en la legislación?

-Es una iniciativa propuesta por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y realmente lo que se pretende es establecer con mayor claridad cuáles son los servidores públicos o los funcionarios electorales, o los miembros de partidos o los candidatos, que pueden cometer los delitos electorales, precisamente para que no haya una laguna en cuanto a que en algún tipo de delitos se sanciona al candidato o al funcionario partidista, pero en algunos no se sanciona al servidor público que participa en eso.

-¿No se corre el riesgo de que con la creación de la nueva subprocuraduría muchos delitos que hoy son simples, se investiguen bajo una ley de excepción como lo es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada?

-Existe el riesgo, como también lo existió cuando se establecieron los delitos graves y se hizo la reforma constitucional para cambiar aquella fórmula de los cinco años de término medio por el principio del catálogo de delitos graves.

"Pensamos que la limitante está dada en el propio Poder Legislativo, pero al mismo tiempo, precisamente por eso, la reforma de nuestra estructura contempla dos subprocuradurías: una especializada en delincuencia organizada y otra especializada en otros delitos federales que por sus características y formas de comisión requieren un conocimiento especializado. Tendremos cuidado de no caer en la tentación de creer que todos los delitos sean considerados como delincuencia organizada".

-¿Cuáles son los propósitos de la PGR en un par de años, tanto en materia legislativa como legal?

-Contar con un sistema de justicia que cumpla con las expectativas de la sociedad, es decir, que sea expedito, transparente, justo. El presidente Vicente Fox ha instruido para que con la coordinación de la PGR se haga una propuesta de reforma estructural al sistema de justicia penal que permita juicios más breves, menos mecanismos de evasión de la justicia y que finalmente haya una satisfacción del daño como una de las prioridades del sistema.

"Ya estamos trabajando en ese aspecto, es un esfuerzo interinstitucional en el que participa también la Secretaría de Seguridad Pública, y en breve, será el propio Presidente quien lo dé a conocer", concluyó Ramos Flores.