Propone establecer más candados a la ley agraria

El acuerdo para el campo abrió espacios para la privatización de ejidos: especialista

MATILDE PEREZ U.

Con el acuerdo de modificar el marco legal que involucra al sector agropecuario, se abrió el espacio para que el Ejecutivo introduzca normas y reglamentos que modifican la defensa de los recursos naturales y apuntala la privatización de ejidos y comunidades de alto atractivo turístico, expresó Francisco López Bárcenas, especialista en legislación agraria e integrante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas.

El Acuerdo Nacional para el Campo establece que se modificarán las leyes Federal sobre Metrología y Normalización; de Aguas Nacionales, y de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, así como el marco jurídico agrario, por medio de lo cual el Ejecutivo puede mercantilizar las actividades. "Creo que faltó atención de las organizaciones campesinas firmantes respecto de esta discusión jurídica, que ahora debe hacerse con mucho cuidado; por el momento, se están enfocando en la ejecución de programas que requerían modificaciones mínimas".

Ahora, abundó López Bárcenas, la Presidencia de la República tiene el aval de las organizaciones campesinas firmantes para realizar los cambios que considere pertinentes, aunque si bien dicen que se discutirán en el seno de una comisión, no existe la unidad y fortaleza suficiente del movimiento campesino e indígena para frenar normas y reglamentos que los perjudiquen.

Los compromisos pactados en dicho acuerdo para realizar modificaciones al marco legal que tiene que ver con el campo muestra avances, por ejemplo contar con una ley federal de Planeación Agropecuaria, Soberanía y Seguridad Alimentarias, y la aplicación eficiente del presupuesto, con la reforma fiscal para buscar que se entreguen mayores recursos al campo, pero están a nivel de una propuesta política; lo que falta es "profundidad y armar las propuestas jurídicas correspondientes. Si no se hace, se corre el riesgo de dejar el camino libre al gobierno para que introduzca sus propuestas", insistió.

El abogado mixteco alertó sobre el "peligro de que se realicen cambios legales que respondan a los intereses gubernamentales, y en eso hay que estar alertas, ya que en el caso de la ley agraria lo que deben introducirse son más candados para evitar la venta de ejidos y comunidades que les interesen a los inversionistas para desarrollos turísticos o urbanos, sin descartar el análisis de las experiencias que hay".

Creo que el problema es, dijo, "que hay una fuerte embestida del gobierno para impedir el reagrupamiento de las organizaciones; su estrategia es llamar a los afines y marginar a los que han cuestionado más su política, mientras que el movimiento campesino e indígena no se ha fortalecido lo suficiente".

Hoy el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, y representantes del Congreso Agrario Permanente, el movimiento El campo no aguanta más, El Barzón y la Confederación Nacional Campesina llevarán a cabo la primera sesión del consejo nacional consultivo del sector, durante la cual se integrará la comisión de trabajo que analizará el marco jurídico agrario. Las organizaciones acordaron con el gobierno federal no demandar cambios al artículo 27 constitucional, pero han insistido en la revisión del marco jurídico.

A su vez, en un comunicado de prensa, la CNC también se pronunció por el resguardo de los recursos naturales. "Los legisladores deben crear leyes que se apliquen con rigor, que deriven en políticas firmes y coordinadas para revertir el deterioro ambiental, proteger la biodiversidad y los recursos genéticos", indicó el presidente de la organización en la reunión que sostuvo con dirigentes de las ligas de comunidades agrarias.