"De ser procedente", serán llevados a la justicia civil

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La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, informó ayer que "todos los militares que sean denunciados" por hechos probablemente constitutivos de delitos cometidos contra personas vinculadas a movimientos sociales y políticos del pasado deberán comparecer ante el fiscal, como fue el caso de Luis Gutiérrez Oropeza, y serán llevados ante la "justicia civil". Aunque con un matiz: "de ser procedente".

En una carta dirigida a la directora general de La Jornada, Carmen Lira Saade, la fiscalía precisó ayer que su mandato legal es investigar los hechos de probables delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de ciudadanos vinculados con los movimientos señalados, y que esto es lo que está realizando actualmente.

La misiva fue enviada al diario a propósito de una nota publicada el pasado 3 de junio, en la que familiares de desaparecidos rechazan que sean los tribunales castrenses los que juzguen a los generales. Sobre el particular, dice la fiscalía, se destacó en la información publicada la declaración de Siria Oliva Ruiz, asesora jurídica de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, quien "cuestionó la falta de decisión del titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, para asumir su responsabilidad y hacer un planteamiento firme para que el fuero federal investigue lo que ocurrió en la década de los 70 y sancione a los culpables".

En la entrevista, Oliva Ruiz insistió en que el fiscal Carrillo Prieto, con base en las atribuciones que establece el acuerdo presidencial por el que se creó la fiscalía que encabeza, debe solicitar formalmente al Ejecutivo federal que ordene a la procuraduría militar que decline su competencia y el proceso que sigue contra los oficiales pase al fuero federal, pronunciamiento que hasta la fecha sigue pendiente.

Al respecto, la fiscalía señaló que cumple con su responsabilidad, que deriva del acuerdo del Ejecutivo federal del 27 de noviembre de 2001, y recordó que, formalmente, el 9 de enero de 2002 la Procuraduría General de la República inició la averiguación previa correspondiente, derivada de las denuncias formuladas por familiares de personas desaparecidas en el estado de Guerrero, quienes señalaban a militares como probables responsables. Por lo anterior se remitió un desglose de la citada averiguación previa a la Procuraduría General de Justicia Militar, la cual, el 10 de junio de 2000 había iniciado una averiguación previa por estos mismos hechos.

El texto de la fiscalía concluye que Carrillo Prieto fue designado en el cargo hasta el 4 de enero de 2002, y de acuerdo con sus funciones realiza las indagatorias derivadas de la recomendación 26/2001 emitida el 27 de noviembre de 2001 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La justicia militar consignó penalmente a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, así como al mayor retirado Gustavo Tarín, por homicidio calificado en agravio de 143 campesinos cuyos cuerpos fueron tirados al mar frente a las costas de Guerrero. Aunque el supremo tribunal militar determinó que el proceso en contra de los oficiales se siguiera únicamente por el asesinato de 23 campesinos.