A debate, los requerimientos económicos y la necesidad de proteger la salud

Por falta de consenso permanece congelada la ley de bioseguridad

ANGELICA ENCISO L.

Aunque está congelada en la Cámara de Diputados, la iniciativa de ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados sigue en debate y hay urgencia de científicos e industriales para su aprobación, con el fin de "generar certidumbre" entre las empresas interesadas en que en México la agricultura utilice esos productos, que ya son vendidos a los campesinos de otras naciones.

Los organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos son productos a los que mediante la biotecnología se les inserta un gen de una especie distinta para un fin determinado. Por ejemplo: hay un tipo de jitomate al que se le aplicó un gen de pescado, para que tuviera más tiempo de vida en anaquel. Las semillas son vendidas a los agricultores por empresas generalmente transnacionales.

Para la Academia Mexicana de Ciencias, en la que se apoyó la comisión de Ciencia y Tecnología del Senado para sacar adelante el proyecto de ley, es necesario regular los OGM para el desarrollo de la biotecnología y "para no rezagarnos más en el desarrollo de la ciencia moderna", mientras para las empresas no era necesaria esa legislación, pero debe existir un marco legal que dé certidumbre a sus inversiones.

En tanto, agrupaciones no gubernamentales sostienen que con la iniciativa aprobada se busca abrir indiscriminadamente el mercado a las industrias y se pone en riesgo el centro de origen del maíz, que ya está contaminado por transgénicos en la sierra norte de Oaxaca.

José Luis Solleiro, director técnico de Agro Bío, asociación civil que agrupa a empresas transnacionales productoras de OGM -Monsanto, Aventis, DuPont, Savia y Syngenta-, sostuvo que para el sector industrial que participó en la consulta que se hizo en el Senado para el proyecto de ley, "se trata de un documento con mejores fundamentos científicos que otros anteproyectos, pero la biotecnología debe regularse mediante las normas oficiales que ya existen en el país, además de que hay leyes como la de Equilibrio Ecológico, la de semillas y la fitovegetal que tienen fundamentos para regular el tema".

Esta iniciativa, consideró, tiene aspectos burocráticos que pueden entorpecer la toma de decisiones; el rubro del análisis de riesgo está bien logrado, pero hay que ver la situación en cuanto al impacto por la liberación al medio ambiente de las semillas transgénicas.

Aseguró que por esta incertidumbre legislativa se han detenido inversiones, las cuales se han comenzado a trasladar a Honduras y Colombia, donde se hacen pruebas experimentales de maíz y se prevé que en poco tiempo se comercialice el producto. Sin embargo, sostuvo que "no hay fechas fatales" para que las empresas participen, lo que preocupa es que "no haya inversión para el progreso del campo mexicano". Se necesita, dijo, un marco normativo que sea científicamente sólido, transparente y ágil, "que deje claro cuáles son las condiciones para obtener la aprobación de un producto".

Señaló que los planteamientos gubernamentales de que debe haber cautela en el uso de los transgénicos, los "interpretamos como no avances a ningún lado, eso desestimula la inversión de las empresas biotecnológicas". Agregó que éstas mantienen interacción con los centros de investigación en el desarrollo de los productos que terminarían vendiéndose a los campesinos.

Para el Instituto Nacional de Ecología (INE) la iniciativa es general y la regulación de OGM es "algo tan complejo que se tiene que ver caso por caso", explicó su presidente, Exequiel Ezcurra. Indicó que hay aspectos que deben discutirse aún con la sociedad civil y los representantes de los partidos, porque una legislación de este tipo debe contar con "un amplio consenso en la sociedad", ya que la población consumirá esos alimentos y los campesinos los cultivarían.

Para el INE, organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una ley de bioseguridad debe contemplar los compromisos que México adquirió como signatario del Protocolo de Cartagena de Diversidad Biológica, incluida la protección a los centros de origen y las especies silvestres; la evaluación caso por caso; la aplicación adecuada del principio precautorio y el uso científicamente riguroso del análisis de riesgo.

La iniciativa plantea la protección del medio ambiente, incluyendo en éste la biodiversidad y la salud humana "frente a los posibles riesgos que pueden derivar del uso, aplicación, utilización y consumo de productos obtenidos mediante técnicas de la biotecnología moderna; debe realizarse en forma holística e integral".

También considera el análisis de riesgos; la regulación de la importación y exportación de los OGM tomando en cuenta el destino final que tendrán. Menciona la evaluación de riesgos como instrumento eje de la iniciativa, que sería aplicable tanto a liberaciones al ambiente como a los organismos que se destinen, entre otros fines, al uso o consumo humano o para procesamiento de alimentos de consumo humano, atendiendo tanto a la protección de la biodiversidad como de la salud humana, de acuerdo con el Protocolo de Cartagena, uno de los compromisos internacionales derivados de la Cumbre de Río de 1992.

En un comunicado, Greenpeace sostuvo que el proceso de redacción de la ley estuvo plagado de irregularidades, no se hizo una real consulta pública y numerosas organizaciones campesinas y ambientalistas se manifestaron en contra de su contenido. Sobre todo destacó que una de las más graves deficiencias es el debilitamiento del principio precautorio, lo cual es fundamental para proteger la biodiversidad y los centros de origen.

Indicó que el principio precautorio se desarrolló como resultado de experiencias negativas en el uso de sustancias químicas sintéticas tóxicas o ambientalmente negativas, así como por los impactos de diversos tipos de contaminación. El principio plantea que la ausencia de evidencia no significa la ausencia de riesgo.

Esto se aplica en Australia, China, Croacia, la Unión Europea, Estados Unidos y Paraguay, mientras para naciones como México, centro de origen y diversidad de granos y hortalizas, es fundamental.

Respecto al principio precautorio el dictamen de la iniciativa establece que el enfoque en ese sentido queda establecido, pero su observancia no impide el desarrollo y la realización de actividades con los OGM, "por el contrario, sirve de parámetro para asumir decisiones de precaución, en caso de falta de certeza científica de la magnitud de los posibles efectos adversos que los OGM pueden causar a la diversidad biológica y a la salud humana".