El momento prelectoral en que se encuentra el país se ha caracterizado en forma cada vez más clara por el fuego cruzado de acusaciones sobre desaseos y presuntos delitos electorales. La generalidad de los partidos políticos, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, los gobernadores, el Instituto Federal Electoral y la dirigencia de la Iglesia católica se encuentran ya como acusados, como acusadores o en ambas situaciones, inmersos en esta guerra de descalificaciones y señalamientos que tiene sin duda elementos reales, pero que también magnifica los defectos y los vicios de las campañas en curso con miras a los comicios del próximo 6 de julio.

La sociedad es sin duda receptiva a los señalamientos de malos manejos electorales. Los fraudes regulares, los desvíos de recursos públicos para hacer las campañas de candidatos oficiales, la parcialidad de las autoridades electorales y las consiguientes distorsiones de la voluntad popular son parte de un pasado político cercano y hasta de un presente oprobioso, en el caso de no pocas entidades y ayuntamientos. Para no ir demasiado lejos, en los comicios de hace tres años, que ciertamente marcaron un hito en la transición democrática del país, se cometieron chanchullos tan monumentales como el Pemexgate y manoseos de fondos tan inocultables como el que perpetraron los Amigos de Fox. La suspicacia se multiplica por el hecho de que los operadores intelectuales de ambos episodios disfrutan, hasta ahora, de una vergonzosa impunidad.

Con tales antecedentes, cualquier acusación por malos manejos y conductas sospechosas en materia comicial puede resultar, en principio, verosímil. Por desgracia, algunas de las que se han formulado en días recientes parecen ser ciertas. Pero debe notarse también que los protagonistas políticos están recurriendo a la descalificación sistemática de otros actores -aunque no sean sus adversarios frontales- como una táctica más para procurarse votos.

Sin ánimo de soslayar actitudes que podrían representar infracciones reales de la legalidad electoral del país, es pertinente hacer un llamado a los protagonistas partidarios de los comicios próximos para que desarrollen campañas propositivas en lugar de golpeteos y acusaciones en diagonal; a las autoridades y a los funcionarios cabe pedir mayor serenidad y modales cívicos para que eviten enfrascarse en debates inútiles y protagónicos; a sectores de poder que deben permanecer al margen del proceso, como la jerarquía católica, hay que exigirles respeto a la ley.

Ha de tenerse en cuenta que los debates y los intercambios de imputaciones públicas que tienen lugar no sólo descalifican a sus actores, sino que alimentan el hartazgo de la ciudadanía hacia la clase política y la indiferencia ante los comicios. Esos saldos no son favorables para los partidos, para las instituciones ni para el país.