A las empresas que representaba se les involucraba en CA con el robo de automóviles

Inexplicables omisiones del gobierno de Zedillo al adjudicar a Cavallo el Renave

En la ''investigación'' de antecedentes participaron cinco secretarías de Estado y la PGR

En un hecho inexplicable, el gobierno de Ernesto Zedillo entregó en 1999 el Registro Nacional de Vehículos (Renave) a Ricardo Miguel Cavallo. Inexplicable porque las empresas que representaba el ex militar argentino (Talsud y Gemplus) habían actuado ya en algunos países de Centroamérica, donde se les involucraba con el robo de automóviles, y más inexplicable aún porque en la ''investigación'' que se hizo de las compañías extranjeras participaron las secretarías de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Comunicaciones y de Comercio (ahora Economía), así como la Procuraduría General de la República (PGR).

Todavía más oscura es la llegada de Cavallo a México, si se considera que el propio Zedillo había calificado el padrón vehicular como un ''asunto de seguridad nacional'', en razón del incremento de organizaciones delictivas dedicadas al robo de automóviles y autopartes.

El ex director de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada argentina (Esma) llegó al país de la mano de Henry Davis, quien fue director general de la cadena comercial Cifra (Aurrerá), y juntos lograron, el 27 de agosto de 1999, que el gobierno zedillista licitara en su favor la concesión para elaborar y operar el Registro Nacional de Vehículos.

Cifra, Talsud y Gemplus se hicieron, pues, del Renave, cuyo consejo de administración presidió Davis, al tiempo que Cavallo fue designado director general. Y si el gobierno que había ''investigado'' los antecedentes del ''empresario'' argentino hizo mutis ante las versiones que lo involucraban en el ''robo de autos por pedido'' en Centroamérica, menor caso hizo a otros señalamientos que se hicieron contra el Renave, en el sentido de que carecía de infraestructura y había incumplido diversas normas fiscales y de organización que establecía la propia Ley del Registro Nacional de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 1998.

En medio de todas esas dudas -aún no aclaradas- el Renave empezó sus operaciones en México el 13 de febrero de 2000, concretamente en los estados de Hidalgo y San Luis Potosí. A partir de entonces, el secretario de Comercio, Herminio Blanco, inició un fuerte cabildeo en los gobiernos estatales con el propósito de alcanzar la aceptación del registro. Y para junio de ese mismo año su cobertura ya se había ampliado a todo el país, salvo el Distrito Federal.

El descubrimiento del torturador y el suicidio de su protector...

La defensa del gobierno mexicano al ''empresario'' argentino terminó cuando el 24 de agosto del mismo año 2000 intentara darse a la fuga, luego de que se hizo pública su participación en la dictadura militar de la nación sudamericana: Ricardo Miguel Cavallo era también Miguel Angel Cavallo (Sérpico o Marcelo), quien entre los años 1973 y 1983 estuvo involucrado en el secuestro, tortura y ejecución de por lo menos 227 personas, en la tortura de otras 110 y en la desaparición de 16 recién nacidos, cuyas madres fueron detenidas en las instalaciones de la Esma.

Por esos hechos, el capitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo era requerido por la justicia española, que había tipificado en su contra los delitos de genocidio, tortura y terrorismo, según la solicitud de extradición que emitió el 25 de agosto de 1995 el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, a cargo del juez Baltasar Garzón.

Hasta el día de su intento de fuga fue que las autoridades mexicanas actuaron con rapidez, deteniéndolo en el aeropuerto de Cancún, donde hacía escala para tomar un vuelo hacia Buenos Aires.

Y empezaron a multiplicarse los datos de los antecedentes de Sérpico: información del expediente judicial en su contra precisa que entre 1979 y 1980, cuando fue director de un sector de la Esma conocido por los argentinos como la Pecera, se experimentó sobre un grupo de prisioneros un proyecto dirigido a lograr ''su adhesión ideológica'' a la junta militar de Argentina. Este ''proceso de recuperación'' de disidentes no era otra cosa sino la presión sicológica que se ejercía contra los detenidos, a los que se les forzaba a realizar trabajos que iban desde la albañilería hasta la confección y falsificación de documentos y la transcripción de cintas grabadas en teléfonos intervenidos por los militares.

De igual forma, en su calidad de ''especialista en temas de inteligencia'', Cavallo estuvo relacionado con la ubicación y señalamiento de los blancos (personas a secuestrar) y la planificación de operativos de secuestro y/o ejecución de disidentes. Asimismo, fue responsable de cientos de interrogatorios bajo tortura a los prisioneros en la Esma.

Otros testimonios que forman parte del expediente del juez Garzón, señalan al ex director del Renave en la ''selección de prisioneros'' que, primero, eran adormecidos con pentotal y posteriormente subidos a aviones militares, ''desde donde se les arrojaba, vivos aún, al mar''. Otros métodos utilizados por el capitán de corbeta para ''tratar'' a los detenidos son el ahorcamiento, la aplicación de descargas eléctricas, inyección letal e incineración de cuerpos a campo abierto, dentro del perímetro de la Esma.

Y mientras los antecedentes de Cavallo se hacían públicos en México y en el mundo, una vida más era segada: la del subsecretario de Normatividad de la Secretaría de Comercio, Raúl Ramos Tercero, quien se suicidó el 6 de septiembre de 2000.

Durante los meses que el ex militar estuvo en México, Ramos Tercero fue uno de los más férreos defensores, primero de la licitación a favor de las empresas que representaba Cavallo, y después de las ''bondades'' del Renave. Y es que, desde su subsecretaría, había sido designado por Herminio Blanco para encargarse de la ''buena aplicación y operación'' del registro vehicular.

Nadie, entonces, quiso responsabilizarse del paso de Cavallo por nuestro país.

Los secretarios de Gobernación, Diódoro Carrasco; de Hacienda, José Angel Gurría; de Relaciones Exteriores, Rosario Green; de Comunicaciones, Carlos Ruiz Sacristán, y el mismo Herminio Blanco, guardaron silencio sobre la ''investigación'' que -según informó la propia Secretaría de Comercio- habían hecho sobre Cavallo y sus empresas.

Todavía cuando el 12 de diciembre del año pasado la Secretaría de Economía revocó la concesión a las mencionadas empresas y ordenó la requisa del Renave, nada se informó sobre el dinero que se obtuvo por el cobro de la inscripción de 2 millones 300 mil vehículos que Cavallo logró en sólo siete meses de operar el padrón vehicular en México.

Pero más allá de los silencios oficiales sobre las operaciones del Renave en el país, una vez consignado Cavallo ante la justicia mexicana, el juez sexto de distrito en materia penal, José Guadalupe Luna Altamirano, dictaminó ''la procedencia de extradición a España del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo por los delitos de terrorismo y genocidio''.

La decisión del juzgador -dada a conocer el 13 de enero de 2001- no incluyó el delito de tortura que se le imputaba, al considerar que ''había preescrito la acción penal hace seis años'', según las leyes mexicanas. Esta determinación fue impugnada por los abogados del ex director de la Esma y, por la vía del amparo, promovieron la revisión de la constitucionalidad del Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal, firmado por los gobiernos de México y España el 21 de noviembre de 1968.

Y finalmente el caso recayó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ayer martes ratificó la procedencia de la extradición de Ricardo Miguel Cavallo a España, donde ahora será juzgado por los delitos de genocidio y terrorismo.

JESUS ARANDA Y GUSTAVO CASTILLO