En un fallo sin precedentes en México y en el mundo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalidó ayer, por mayoría de votos, que se entregue a la justicia española al ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo para que sea juzgado por los delitos de genocidio y terrorismo. Como se recordará, el presunto secuestrador y torturador de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires fue solicitado por el juez Baltasar Garzón y capturado en nuestro país en agosto de 2000, cuando se desempeñaba como director del Registro Nacional de Vehículos (Renave), desaparecido engendro burocrático del desaseo zedillista.

Tras casi dos años de procesos, el destino del antiguo operador de la dictadura militar argentina queda legalmente sellado, toda vez que se han agotado todos los recursos y todas las instancias. Falta únicamente que la SCJN culmine el trámite de engrosar la sentencia y devuelva el caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En su fallo, el máximo tribunal del país estableció que Cavallo sólo podrá ser juzgado por los delitos de genocidio y terrorismo, mas no por el de tortura, el cual, según la legislación mexicana, ya prescribió.

Esa limitación menor al juez Garzón no reduce la trascendencia de la extradición, la primera que se concede para que delitos de lesa humanidad perpetrados en un país puedan ser juzgados en otro. Este procedimiento fue intentado en 1998, cuando España pidió la extradición de Augusto Pinochet a Inglaterra, adonde el sátrapa chileno había acudido a un tratamiento médico. Pero las autoridades londinenses se negaron, en última instancia, a colaborar en lo que habría sido un avance enorme en el desarrollo de la lucha internacional contra la impunidad, y devolvieron a Pinochet a su país. Ha sido la justicia mexicana, en cambio, para orgullo y satisfacción nacionales, la que ha dado este paso.

Cabe esperar ahora que los tribunales españoles sancionen conforme a derecho al presunto terrorista, secuestrador y multihomicida, honren de esa forma la memoria de las víctimas y contribuyan a la conformación de mecanismos judiciales mundiales que castiguen regularmente a los criminales de Estado. Sólo de esa forma podrá garantizarse que no se repitan nunca más las atrocidades perpetradas por la dictadura militar argentina.

Desde otra perspectiva, el fallo esperanzador dado a conocer ayer por la SCJN pone en evidencia dos graves asignaturas pendientes de la justicia mexicana: el juicio a los responsables vivos de la represión de 1968 y de la guerra sucia que los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo desencadenaron en nuestro propio país, y la investigación de quienes idearon e implantaron el Renave, de sus posibles vínculos con las mafias internacionales a las que al parecer pertenece Cavallo, de su indiferencia o participación en los posibles manejos fraudulentos y criminales de la información que llegó a recopilarse y de la asombrosa desvergüenza de haber permitido que la dirección general del malhadado registro de automotores fuera ocupada nada menos que por un presunto responsable de delitos de lesa humanidad.