Existen pruebas suficientes para encarcelarlos, según Jesús Martín del Campo

Casi listos, los cargos contra Echeverría y Moya por la matanza del jueves de Corpus

"Han seguido el camino del silencio cínico pero no han refutado las acusaciones", dice

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) consignará antes de que concluya este año, ante jueces federales, el expediente acusatorio contra los responsables de la masacre del 10 de junio de 1971, entre los que se encuentran el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, el entonces secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y el general Manuel Díaz Escobar, jefe de los halcones, informó Jesús Martín del Campo Castañeda.

El integrante del Comité Ciudadano de Apoyo a la fiscalía que encabeza Ignacio Carrillo Prieto reveló que las indagatorias "están muy avanzadas y ya sólo falta para que se cierren las investigaciones que comparezcan, además de Mario Moya y el general Díaz Escobar, funcionarios de nivel medio de aquella época".

Agregó que en las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público Federal "los indiciados han seguido el camino del silencio cínico, pero no han refutado explícitamente ninguna de las acusaciones que se les han formulado, sino que, por el contrario, han intentado hacer uso de su antigua prepotencia en un contexto distinto al de cuando eran dueños del poder político".

Asimismo aseguró que "existen pruebas suficientes para meter a la cárcel a Luis Echeverría Alvarez y a Mario Moya Palencia" como responsables de lo sucedido en la avenida San Cosme, en donde más de cien personas resultaron lesionadas y, oficialmente, murieron más de 15.

El 10 de junio de 1971, el grupo paramilitar dirigido por Manuel Díaz Escobar reprimió a golpes y balazos a los más de 5 mil participantes en la marcha del Casco de Santo Tomás al Monumento a la Revolución, que había sido convocada por organizaciones estudiantiles en demanda de la derogación de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y libertad para presos políticos, entre otras peticiones.

Documentos obtenidos por La Jornada refieren que el capitán Luis de la Barreda Moreno, ex titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), mandó investigar en 1971 a Gabriel Millán Arellano, un desertor de los halcones, tras detectar que había llamado a la revista ¿Por qué? "para venderles pruebas de la existencia del grupo de choque".

Millán Arellano declaró ante De la Barreda Moreno que los halcones realizaban represiones selectivas de estudiantes y líderes obreros o sindicales en el Distrito Federal, y como muestra de ello poseía 50 credenciales de estudiantes a los cuales se les golpeó, amenazó o asesinó entre 1970 y 1971.

Las 50 acreditaciones fueron aseguradas por la DFS y actualmente se encuentran depositadas en el Archivo General de la Nación (AGN). Pertenecían a estudiantes politécnicos y de la Universidad Nacional Autónoma de México, principalmente.

Entre los nombres a quienes correspondían esas credenciales se encuentran José Antonio Gómez González, Juan Ruperto Moreno Allende, Celedonio Pérez García, César Verónica Fuentes, Antonio Gutiérrez Castillejos, Donato Dunstano Islas Vera, Abelardo Aguiza Pérez, José Javier Mejía M., Jesús Posadas Calderón, Juan Manuel Hernández Cardona y Moisés Ramírez Tapia.

A este respecto, la fiscalía especial investiga si los titulares de las credenciales aseguradas por la DFS en el domicilio de Millán Arellano están relacionadas con denuncias por desaparición en los años setenta.