"Perfectamente legal", el acuerdo que beneficia a integrantes del CJF, dice Sergio Valls

Defiende consejero pensiones vitalicias

JESUS ARANDA

Molesto, el consejero Sergio Valls reconoció la existencia del acuerdo general 22/2003 que otorga pensión vitalicia a él y a cinco integrantes del pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF); esto a casi dos semanas de haber negado expresamente la existencia de dicho documento.

En breve entrevista al término del informe que rindió Luis Manuel Méjar Carrer, director del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom), ante el pleno de la Suprema Corte, Valls sostuvo que el acuerdo que garantiza en los dos primeros años al menos 112 mil pesos al consejero que dejará su cargo en noviembre próximo (Manuel Barquín) es "perfectamente legal".

-Hay quienes cuestionan la legalidad del acuerdo general, e incluso señalan que es inconstitucional. ƑUsted qué opina al respecto?

Fijó su mirada en el reportero y contestó enfadado: "No sé quiénes lo cuestionan".

-ƑPero es legal?

-Por supuesto.

-Se dice que la autoridad sólo puede hacer lo que expresamente tiene permitido...

-Según se dice, Ƒpor quién? -señaló cortante.

-En la ley (esto con relación a un precepto constitucional que establece que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley expresamente les confiere).

-Por eso, pero Ƒpor quién?

-Entonces, Ƒes perfectamente legal ese acuerdo?

-Perfectamente legal -respondió el consejero, quien en entrevista con este diario había negado días antes la existencia del acuerdo 22/2003, al afirmar que los consejeros sólo habían discutido algunas ideas, pero que una decisión definitiva la tomarían cuando se acercara la fecha en que el consejero Manuel Barquín dejará su cargo (noviembre próximo).

Cuando vio que el número de reporteros aumentaba y que continuarían los cuestionamientos sobre el tema, se dio la media vuelta y avanzó presuroso sin dar lugar a más preguntas.

Por su parte Salvador Rocha Díaz, diputado y ex ministro de la Suprema Corte, aseguró desconocer el contenido del acuerdo general. Sin embargo, aprovechó la ocasión para justificar el que, siendo legislador, se dedique al mismo tiempo a litigar.

Rocha Díaz, quien en su momento fue abogado defensor de Carlos Cabal Peniche, añadió: "Legisladores como el de la voz hemos sostenido nuestro derecho a ejercer nuestras profesiones mientras desarrollamos nuestra función pública, porque tenemos la libertad de dedicarnos a una actividad económica" durante el tiempo que dura el mandato. Por eso no perciben jubilación o pensión cuando dejan el cargo. A diferencia de los integrantes del Poder Judicial, quienes no se pueden dedicar a ninguna actividad remunerada durante su gestión, lo que constituye un elemento a tomarse en cuenta en el tema de las pensiones.