Bancomer, Bital y Banorte, en actitud ponderada y aun flexible, trasciende

Obstaculiza Banamex negociaciones con diputados sobre las auditorías

Abogados solicitaron al Legislativo nueva fecha para establecer una estrategia conjunta

ROBERTO GARDUÑO

Los representantes de Banamex, Bancomer, Bital y Banorte no lograron ponerse de acuerdo para establecer una estrategia de negociación con el grupo de trabajo de diputados que pretende firmar un convenio de auditorías a esas instituciones de crédito con objeto de aclarar las anomalías detectadas en el proceso del rescate bancario. De tal forma, los abogados solicitaron a los legisladores una nueva fecha para el encuentro, la cual se fijó para el lunes 16 de junio.

El diferendo entre los banqueros obedece a las presiones ejercidas por los abogados de Banamex, quienes insisten en no abrir la información disponible en sus archivos sobre el rescate bancario y los beneficios generados para su entonces propietario Roberto Hernández. Por el contrario, los representantes de Bancomer, Bital y Banorte han manifestado una actitud ponderada y hasta flexible, de tal manera que sí son partidarios de emprender una ronda de negociaciones con el Legislativo para firmar un convenio de auditorías.

En información obtenida en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados se desprende la improbabilidad de alcanzarse la firma del convenio propuesto por los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jorge Carlos Ramírez Marín y David Penchyna, porque a la larga imperarán el criterio y los intereses de los banqueros para no ser auditados, como establece el artículo quinto transitorio de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), porque una revisión de esa naturaleza implicaría "rascar a fondo" las entrañas del rescate bancario. Sólo para esos cuatro bancos, el erario destinó 212 mil millones de pesos, que a la fecha se encuentran en duda porque no se aclara el origen de gran cantidad de créditos ahora considerados irregulares.

Además, entre las dudas de los actores se encuentran los alcances que tendría una revisión a fondo, como la plantea el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados. Si se realizaran las auditorías con los mecanismos técnicos dispuestos en el IPAB se obtendrían recepciones mayores de devolución de cartera.

La auditoría propuesta por el PRD prevé reducir el valor de las operaciones de cartera para esos bancos en un porcentaje cercano a 80 por ciento. Es decir, eso se aplicaría a los 212 mil millones de pesos con la restructura de los pagarés. Incluso la presión de la causa perredista en el Senado, encabezada por Jesús Ortega, y en la Cámara de Diputados por José Antonio Magallanes y el asesor Mario Di Costanzo, implica la obligatoriedad de seguir las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De esa forma, las auditorías de legalidad propuestas por el PRD implican el respeto de las disposiciones y reglas originales emitidas por el Fobaproa en 1995, con objeto de incluir a todas las empresas en suspensión de pagos, los créditos en UDI, y las empresas en quiebra, y en caso de ilegalidad sean rechazadas. Esta es la circunstancia menos favorable para los bancos, por sus implicaciones en el monto del rescate.