Informe a un comité de Naciones Unidas

Falta un órgano independiente que sancione casos de tortura: PGJDF

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Un informe que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) entregó al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la situación de la tortura en la ciudad de México, señala que las reformas estructurales que comenzaron a aplicarse en 1998 en la dependencia permitieron reducir sustancialmente las quejas por esa práctica.

Estadísticas de la Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos de la dependencia señalan que durante 2002, de 2 mil 734 quejas que se recibieron, solamente 53, que representan el 2 por ciento, se referían a presuntos hechos de tortura.

El documento, incorporado a un informe general sobre la situación de la tortura en el país para el organismo internacional, señala que la PGJDF continúa impulsando acciones que permitan avanzar en la erradicación de ese tipo de tratos crueles e inhumanos por los cuerpos policiacos, así como garantizar la plena reparación del daño a las víctimas.

Resalta el caso de la Ley de Atención a Víctimas del Delito y los trabajos para la reforma procesal, encaminada a fortalecer el poder judicial y procurar que los procesos tengan mayor agilidad.

Entre las propuestas, la dependencia señala establecer la obligatoriedad de que las audiencias sean presididas directamente por el agente del Ministerio Público, el juez o magistrado, según sea el caso; que la confesión que no reúna los requisitos señalados por la ley carezca de valor probatorio y la obtenida bajo tortura no sea siquiera invocada como tal; regular la garantía de acceso a asesoría jurídica del inculpado desde el momento de su detención, o cuando adquiere la calidad de indiciado, y en los casos en que se compruebe que existió incomunicación se dé lugar a la reposición del proceso.

El informe destaca que desde 1998 "las nuevas autoridades del Distrito Federal han llevado a cabo la encomienda de promover ante el órgano legislativo la adopción y perfeccionamiento del tipo penal de tortura, de conformidad con los tratados internacionales. En 1999, por primera vez en el DF, a propuesta de esta institución se estableció el tipo penal vigente, mejorando el establecido por la ley federal, así como la inclusión en el Código Penal de un título sobre delitos contra la dignidad de las personas".

Si bien reconoce que al aprobar la Asamblea Legislativa el nuevo Código Penal, el tipo penal de tortura se "alteró negativamente", esta situación se subsanó mediante observaciones que hizo el jefe de Gobierno para establecer un "tipo penal acorde con la definición más avanzada en la materia", según la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

La PGJDF admite en el informe, titulado Esfuerzos y avances del Gobierno del Distrito Federal y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en materia de tortura, que "falta un órgano independiente que investigue y sancione los actos de tortura, así como la ampliación del concepto de flagrancia, que extiende las circunstancias en las cuales se pueden efectuar arrestos sin orden de funcionario judicial competente, lo que implica una amenaza seria a la seguridad de las personas, considerando indispensable la implementación en nuestro país de un amplio debate, análisis y necesario consenso para, en su caso, llegar a una reforma constitucional".