Víctor M. Quintana S.

Los derechos humanos desde el campo

Es tal la costumbre de ver a los campesinos como masa de maniobra o sector social arcaico y no como ciudadanos y ciudadanas, que sus reivindicaciones pocas veces son conceptualizadas como derechos. Por eso es muy importante el informe Pensar los derechos humanos desde el campo, que recientemente publicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

El Centro Pro ofrece un informe jurídicamente sólido, de análisis certero y con datos duros. Aborda los seis derechos más importantes que tienen los campesinos. Para cada uno ofrece su fundamento en la legislación nacional y en los tratados y acuerdos internacionales, precisa el papel del Estado como garante del derecho y señala el alcance que deben tener para ser considerados satisfechos.

Derecho a seguir siendo campesinos. Para el Centro Pro, las políticas públicas hacia la agricultura de los pasados tres sexenios impiden que hombres y mujeres del campo puedan ejercerlo. Ofrece datos, como la emigración diaria de 600 campesinos, la pobreza que afecta a 70 por ciento de la población rural. Y como condición para que este derecho se garantice, propone la revalorización del modelo de producción campesino, la vía privilegiada para alimentar a la población y preservar la diversidad cultural y biológica de nuestro país.

Derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales. Es conculcado en casos como la reubicación forzada de comunidades: los zapatistas de la reserva de Montes Azules; en la imposición de obras de alto impacto, como presas o extracción de recursos naturales, sin consultar a las comunidades. O cuando el Estado no busca los medios para dotar de tierra a quienes la requieren. El informe demuestra cómo el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), lejos de brindar seguridad jurídica, provoca el despojo y la concentración de tierras. Analiza cómo el abandono y la negligencia para resolver los más de 30 mil conflictos agrarios del país constituyen otra violación a los derechos humanos.

El derecho a la alimentación ha sido reducido a una mercancía, señala el informe, a la que sólo tienen acceso aquellos que cuentan con los recursos económicos para comprarla. En contraste con las políticas de los pasados sexenios, insiste en que este derecho debe garantizarse mediante el acceso de los pequeños campesinos, pastores y pescadores a la producción de alimentos para el mercado local, para construir la autosuficiencia alimentaria del país. Precisa cómo las trasnacionales controlan la alimentación nacional al dominar totalmente las importaciones de granos, oleaginosas y carne.

Derechos laborales. El documento muestra cómo les son violentados a los campesinos en todos los tipos de relación laboral en que llegan a participar: en el trabajo agrícola, en el rural no agrícola, sobre todo en las maquiladoras y, mucho peor, cuando trabajan como migrantes indocumentados en Estados Unidos.

Derecho a un medio ambiente sano. El principal factor de violación de este derecho es la actividad de las empresas trasnacionales y la falta de control estatal sobre éstas. Son las principales responsables del uso y extracción de recursos naturales, del establecimiento de plantaciones agroforestales y monocultivos, así como del uso intensivo de agroquímicos nocivos. Ejemplos de ello sobran: plantaciones de eucalipto y palma de coco en Chiapas, Tabasco y Veracruz; tala en la sierra Tarahumara, etcétera.

Los derechos civiles y políticos de los campesinos son violentados, sobre todo, en el marco de protestas colectivas y movimientos sociales. Al no operar los canales institucionales para plantear sus demandas, los campesinos tienen que acudir a acciones más radicales, como tomas de tierras o cierre de carreteras. Por parte del gobierno hay un patrón sistemático de respuesta: amenazas, vigilancia, persecución, desalojo violento, desplazamiento forzado, detenciones ilegales, encarcelamiento de líderes. El gobierno actual, al igual que los anteriores, criminaliza a los campesinos involucrados en protestas sociales. Y las perspectivas no mejoran. Lo dijo Santiago Creel al firmar el Acuerdo Nacional para el Campo: "nadie tendrá pretexto para actuar fuera del marco de las instituciones y nadie tendrá razón para tomar el camino de la violencia con afanes justicieros".

Dice que hay dos componentes principales de la sociedad civil: de un lado, el conjunto de instituciones que defienden los derechos de los ciudadanos, y de otro los movimientos sociales y asociaciones que plantean nuevos principios y demandas sociales y vigilan la aplicación efectiva de los derechos otorgados. En la sociedad civil del campo está muy presente el segundo componente. El primero debe construirse todavía. Y trabajos como Pensar el campo desde los derechos humanos son una gran contribución en este sentido.