El PP conmina al PSOE a resolver la crisis de Madrid

España: aprueba el gobierno proyecto que endurece la Ley de Extranjería

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 13 de junio. El gobierno de José María Aznar aprobó hoy en el Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de la ley de extranjería, la tercera en los tres años de legislatura, con la que se endurecen las sanciones, se agilizan las expulsiones y se exigen mayores requisitos para obtener una visa, además de que se obliga a las compañías aéreas a dar información de sus pasajeros.

Según el gobierno, esta modificación a la ley busca "simplificar los trámites administrativos", "ordenar los flujos migratorios" y "reforzar las medidas para combatir la inmigración irregular".

Esta nueva reforma a la ley que regula a los más de 1.5 millones de extranjeros que viven en España se encuentra ahora en el Congreso de los Diputados, donde será previsiblemente aprobada mediante la mayoría absoluta del derechista Partido Popular (PP), de Aznar. Las modificaciones perfeccionan los mecanismos jurídicos y de seguridad de la anterior reforma, calificada ya por las organizaciones de defensa de los derechos de los extranjeros como "muy dura", hasta un punto que "vulnera los derechos básicos garantizados por la Constitución".

El nuevo anteproyecto propone cambiar 26 artículos, al tiempo que introduce dos nuevos y cuatro disposiciones adicionales. Esta reforma unifica los criterios para las repatriaciones y expulsiones de los irregulares, fortalece el cuadro de sanciones de los migrantes "ilegales" y determina una serie de obligaciones para los transportistas y las compañías aéreas.

Con la nueva ley, un supuesto migrante indocumentado podría ser repatriado en menos de 48 horas, además de que se fortalecerán los sistemas de vigilancia en los aeropuertos, sobre todo para rechazar a miles de ecuatorianos y colombianos. También se reducirán los criterios de reagrupamiento familiar.

La Unión General de Trabajadores consideró que la nueva reforma es la "más vergonzosa" de las que ha hecho el gobierno hasta ahora, "tanto por su contenido como por su forma", ya que "condena a los inmigrantes en situación administrativa irregular a hacerse invisibles y a ser sometidos a la más absoluta desprotección, lo que significa una clara vulneración de los principios fundamentales".

En un comunicado, el sindicato agregó que "es una reforma mentirosa, por cuanto el gobierno hace gala de que no se toca el régimen de derechos de los extranjeros. De esta forma, no podrán acceder a los derechos que les reconocen la Ley de Extranjería y otras normas, como educación, asistencia sanitaria y servicios sociales básicos. No los elimina, pero imposibilita su ejercicio, porque, de reclamarlos, podrían ser expulsados".

La organización no gubernamental SOS Racismo denunció "el racismo institucional y la apuesta del PP por una política de control policial".

Por otra parte, en Madrid la crisis política persiste después de que dos diputados electos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) decidieron bloquear la elección del líder de la coalición de izquierdas, Rafael Simancas. En estos momentos la situación sigue en el aire, y caben dos soluciones: que Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez renuncien a sus escaños y permitan el nombramiento del nuevo gobierno, o que se designe una administración provisional que convoque a nuevas elecciones autonómicas.

El PSOE tiene "una semana para arreglar la situación", advirtió el PP, y agregó que "tomará una decisión para desbloquearla" si no lo hacen los socialistas.

Las últimas indagaciones sobre el pasado de los parlamentarios "corruptos" señalan que eran cercanos a un importante grupo inmobiliario que tendría interés en que no se produzca un cambio de siglas en gobierno regional, responsable de decidir y gestionar proyectos urbanísticos multimillonarios. La situación será investigada por la policía, pero entre tanto no se nombra el nuevo gobierno autonómico.