Orlando Delgado Selley

La ratificación de Guillermo Ortiz

Através del director-gerente del Fondo Monetario Internacional nos hemos enterado de que el Ejecutivo federal decidió que Guillermo Ortiz continúe al frente del Banco de México.

Ortiz es un hombre del sistema. Ha jugado los papeles que los Ejecutivos en turno le han encomendado: fue representante de México en el FMI, funcionario en el propio BdeM, subsecretario y secretario de Hacienda, secretario de Comunicaciones y Transportes y gobernador del Banco de México, todo ello en la época del priísmo neoliberal. En el sexenio actual, del que se esperaba cambiara los aspectos centrales del régimen anterior, permaneció en su puesto de gobernador, donde seguirá seis años más si el Senado lo ratifica.

Es famoso por su participación en la privatización de los 18 bancos estatales, realizada en 1991 y 1992; en el llamado rescate bancario que desencadenó el escándalo del Fobaproa y en la venta reciente de los bancos a importantes grupos financieros internacionales. Cuando ocurrieron las ventas de los bancos estatales decidió otorgarlas con el único criterio de la mejor oferta económica, permitiendo además un mecanismo de pago que promovió el uso de los recursos de los ahorradores para ese fin; tampoco se preocupó por investigar el origen de los recursos. En poco tiempo varios bancos privatizados fueron intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria por prácticas bancarias notoriamente alejadas de la ley. Once años después sólo uno de los bancos privatizados permanece con sus dueños originales.

En 1994 se inició una crisis del sistema bancario recién privatizado, explicada por un desbordamiento del otorgamiento del crédito, mismo que se operó sin cumplir con los requerimientos mínimos para que hubiera control del riesgo. Los famosos errores de diciembre del gobierno zedillista exacerbaron los problemas, conduciendo al sistema a una situación alarmante. La intervención gubernamental fue incapaz de evitar que los bancos llegaran a estar en condiciones de insolvencia. Ortiz y su grupo idearon el Fobaproa para salvarlos con un costo para el país cercano al billón de pesos. El Fobaproa operó con mecanismos discrecionales que a ocho años de distancia siguen siendo cuestionados por las propias autoridades revisoras.

En el desenlace de ese escandaloso proceso se creó el IPAB. En su instrumento constitutivo se estableció que el gobernador del Banco de México presidiría su junta de gobierno, pero como ése sería Guillermo Ortiz la bancada panista introdujo un artículo transitorio para evitar su participación. La desconfianza hacia este funcionario no podía ser mayor en el grupo que pronto se convertiría en gobierno federal. Sin embargo, como en otras muchas áreas, el gobierno del cambio no lo cambió. Al contrario, siguiendo las instrucciones de los organismos financieros internacionales, lo mantuvo al frente del banco central, junto con otro de los funcionarios del régimen salinista, Francisco Gil, quien, por cierto, en 1996 publicó junto con Agustín Carstens un texto muy crítico sobre el manejo de la crisis de 1994-95 (Carstens, A. y F. Gil Díaz, Algunas hipótesis relativas a la crisisi mexicana de 94-95. Documentos de Investigación del Banco de México, núm. 9601).

Ya como gobernador del Banco de México ha instrumentado una política monetaria congruente con el proceso de reducción de la inflación, pero inhibidora del crecimiento de la economía. Ha discrepado frecuentemente de las estimaciones de crecimiento de la economía que presentan la Secretaría de Hacienda y el propio Ejecutivo. Es garantía de ortodoxia. Por ello los mercados financieros, esa entelequia que pretende dirigir la vida de los países en vías de desarrollo a partir de una imparcialidad absolutamente inexistente, han respondido con agrado. Era de esperarse, ya que el interés fundamental de Ortiz ha sido la defensa de los banqueros.

Su última jugada es elocuente: ha demandado a los cuatro bancos cuyos pagarés emitidos por Fobaproa presentan irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. El propósito no es, como pudiera esperarse, fortalecer la posición de la instancia auditora, sino justamente evitar su intervención. Lo ha hecho con toda oportunidad: en el momento en el que deberá ser ratificado por el Senado. El Ejecutivo confirma que no quiere cambiar, que el freno es autoimpuesto. Por ello, su partido perderá fuerza en estas elecciones.

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