Di Costanzo lo identifica como el funcionario aludido en un informe del IPAB

Ortiz habría sugerido violar la ley para bajar el costo fiscal del rescate bancario

ROBERTO GARDUÑO

Bernardo González-Aréchiga, vocal independiente del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), reconoce en un documento oficial cómo el comité técnico del Fobaproa decidió pasar por encima de las leyes para aplicar una solución política al tema del costoso rescate bancario de 1995.

En el informe, fechado el primero de abril de 2003, el integrante de la junta de gobierno del IPAB destaca: ''en la medida en que el tiempo pasa, la evidencia desaparece, los delitos prescriben y las acciones legales pierden efectividad'' alrededor de la crisis bancaria de mediados de la década pasada.

''El terrible dilema que confrontó el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), según uno de los responsables más importantes del rescate, se resume en la siguiente frase: 'A raíz de la crisis bancaria de 1995 nosotros tuvimos que escoger entre cumplir la ley y reducir el costo fiscal. Optamos por reducir el costo fiscal. Espero que ustedes también tengan la capacidad de hacer lo propio cuando les llegue el momento. Se trata de decisiones que nadie les va a agradecer pero que son necesarias para el país'.''

González Aréchiga no refiere el nombre del responsable del Fobaproa que manifestó lo anterior, pero el analista económico del Partido de la Revolución Democrática, Mario Di Costanzo, afirmó que el autor de la frase es el actual gobernador del Banco de México. ''Fue Guillermo Ortiz quien en una reunión con los integrantes del IPAB manifestó eso, y hay pruebas irrefutables del hecho, como pueden ser las declaraciones de los asistentes al encuentro''.

Al cumplir un año como vocal independiente, González-Aréchiga presentó ante la junta de gobierno del instituto un documento titulado IPAB: De la crisis bancaria a la resolución y a la concordia social, donde establece que la disponibilidad de los documentos de trabajo de los despachos contratados por el auditor Michael Mackey, considerados uno de los elementos centrales de las revisiones del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), ''requiere la participación del Congreso de la Unión para que solicite, y en un extremo demande en corte, estos papeles a los despachos''.

Esa observación obedece a la solicitud de los bancos beneficiados por el rescate (Banamex, Bancomer, Bital y Banorte) para que no se vean obligados a entregar ningún documento al Congreso y, por ese conducto, al IPAB. Una vez más, refiere González-Aréchiga, la definición final del tema puede llegar al Poder Judicial.

Las obligaciones del Ejecutivo

Ante ese dilema, porque los banqueros se niegan a aceptar las auditorías a fondo como establece el artículo segundo transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), el Poder Ejecutivo tiene obligación de proteger el ahorro, fortalecer el sistema de pagos y administrar la deuda, señala el vocal independiente.

De tal forma, el gobierno de Vicente Fox debe concluir la redacción de los artículos transitorios de la LPAB para explicar cómo se realizó el rescate y cómo se concluyeron las responsabilidades de la ley; presentar al Congreso de la Unión los libros blancos sobre el término del rescate y contribuir a la comprensión social de lo que sucedió en México.

Establece que la administración federal está obligada a atender los requerimientos de información derivados de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; validar el monto de la deuda pública contraída por el Fobaproa y el IPAB, principalmente en términos del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, la banca intervenida y la liquidación de instituciones; definir un marco financiero transparente, eficaz y permanente para la administración y el servicio de esa deuda; apoyar las investigaciones penales, civiles y administrativas que se realizan a deudores, banqueros y funcionarios, así como perseguir los excesos del rescate (lo no prescrito).

La participación del gobierno federal debe extenderse, manifiesta, a la atención de todos los requerimientos de información y a dar seguimiento a los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Secretaría de la Función Pública en las que se basará la opinión del Congreso de la Unión; atender y buscar ganar todos los juicios de amparo asociados al rescate bancario y a la operación del IPAB y apoyar el fortalecimiento de la estructura regulatoria e institucional para reducir la probabilidad de ocurrencia y el costo fiscal esperado de una nueva crisis bancaria, y el necesario restablecimiento del crédito.

''Esta lista revela que corresponde al Ejecutivo culminar la crisis con responsabilidad técnica y financiera, pero también con responsabilidad ante la historia por medio del rendimiento de cuentas. El país merece saber qué sucedió y merece la oportunidad de aprender de la experiencia para ser más fuerte en sus normas e instituciones''.

González-Aréchiga afirma: ''El rescate bancario ya ha destruido muchas conciencias. Claramente el dilema (en la frase que Di Costanzo atribuye a Ortiz) es falaz, ya que todo servidor debe cumplir con la ley independientemente de sus propias consecuencias. También es responsabilidad de todo servidor público alertar a la sociedad (cuando esta situación se llegara a presentar) y buscar la eliminación de conflictos entre cumplir la ley y alcanzar otros objetivos deseables, como la transparencia y la eficiencia del sector financiero y del rescate bancario''.