Dieciocho ex funcionarios de la SCJN que fueron removidos exigen homologación

Luego de las pensiones vitalicias en el CJF, la Corte analizará las que tocan a ministros

JESUS ARANDA

Una vez que los consejeros de la Judicatura Federal (CJF) se adjudicaron una pensión vitalicia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia la Nación tienen ante sí el dilema de establecer el monto de pensión que reciben de por vida los ministros que fueron removidos de su cargo como consecuencia de la reforma constitucional de 1994.

Por instrucciones de la presidencia del máximo tribunal, el ministro Humberto Román Palacios elabora un proyecto sobre la exigencia que presentaron 18 de 26 ex ministros para homologar sus percepciones con las que recibirán los actuales integrantes de la Corte cuando pasen a retiro, es decir, pretenden recibir más de 172 mil pesos mensuales, en lugar de los casi 70 mil pesos que perciben en la actualidad.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los ministros elegidos en 1995 tienen derecho a la totalidad de su sueldo mensual los dos primeros años después de dejar el cargo y a 80 por ciento el resto de su vida. Sin embargo, cuando los anteriores ministros fueron removidos por la reforma que impulsó el entonces presidente Ernesto Zedillo no se precisó en la ley nada respecto al monto de sus percepciones, por lo que -según ellos-, se han "rezagado" y requieren el incremento.

El problema para los ministros es que después del "escándalo" -como lo calificó el presidente del máximo tribunal, ministro Mariano Azuela Güitrón- que generó la publicación en La Jornada (16/06/2003) en el sentido de que los consejeros de la Judicatura Federal emitieron el acuerdo 22/2003 para adjudicarse una pensión vitalicia después de cinco años de funciones equivalente a 66 por ciento (alrededor de 112 mil pesos mensuales) los dos primeros años después de dejar el cargo, y a 33 por ciento (más de 56 mil pesos mensuales) por el resto de su vida. Hubo opiniones que descalificaron no sólo un presunto uso indebido de funciones de los consejeros, al no tener la facultades constitucionales para emitir ese tipo de acuerdos, sino además por el monto excesivo de sus pensiones.

Hubo voces en el Poder Judicial de la Federación que solicitaron a los ministros que ejercieran su facultad de atracción y analizaran no sólo la legalidad del acuerdo 22/2003 -que también fue avalado por Azuela, en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura Federal-, sino que también la Corte hiciera un análisis serio para establecer si la acción de los consejeros fue ética y moralmente correcta.

Aún no deciden los miembros del pleno si analizarán el citado acuerdo cuando tienen pendiente resolver el asunto de las pensiones de los ex ministros. Al respecto no existe una posición unánime de los integrantes del pleno: hay quienes piensan que la jubilación que reciben los ex ministros es más que suficiente, mientras otros opinan que tienen derecho a cantidades mayores.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el problema para el pleno no es tan sencillo. Si homologan las pensiones de los ex ministros, las críticas por lo "escandaloso" de las cifras no se harán esperar, máxime que muchos de ellos continúan litigando en activo, aunque en una forma conocida como coyotaje, cuando su nombre no aparece en el expediente como abogado de la causa, pero que, aprovechando que en su momento nombraron o tuvieron relación con jueces y magistrados, van a saludar a quien lleva un determinado asunto para "interceder" en favor del despacho que representan.

Por otro lado, el hecho de que le "nieguen" a sus ex colegas una pensión similar a la que recibirán a partir de diciembre próximo los ministros Juventino V. Castro y José Vicente Aguinaco Alemán -quienes dejan su cargo en noviembre-, podría dar pie a considerar que hay jubilados "de primera y de segunda".