La banca tuvo problemas similares, afirma Calderón

El plan carretero de Salinas fracasó por falta de capital de inversionistas

ANTONIO CASTELLANOS

El programa carretero del gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue un fracaso porque los concesionarios se apoyaron en los libros corporativos, pero no tenían capital ni suficientes garantías. Fueron empresas de papel, afirmó Felipe Calderón, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

El funcionario dijo que la banca tuvo problemas similares. Se hicieron operaciones de riesgo que no estaban respaldadas. Hubo mucha corrupción en el otorgamiento de licencias, la operación y el manejo de la compra de cartera. La negligencia de las autoridades supervisoras fue evidente, precisó.

En entrevista con La Jornada, manifestó que frente a ese escenario la institución a su cargo revisó todos los errores del programa anterior y estableció un nuevo diseño para corregir los graves problemas que tuvo el programa carretero de Salinas y que finalmente lo llevaron al fracaso.

El nuevo esquema, agregó, tiene varias ventajas. Primero, reconoce un principio elemental: el mercado no puede resolver los problemas de infraestructura del país. Se requieren condiciones en términos de incentivos y de responsabilidad de las empresas. Se requiere la participación de capitales privados, pero también la acción rectora y la intervención del Estado para financiar esos proyectos claves para el desarrollo del país.

Calderón indicó que se han revisado de manera detallada los errores del programa salinista y se han corregido algunos evidentes. Se eliminó el concepto de que el mercado resolvería el asunto de las inversiones en carreteras y que había que dejar a las fuerzas del mercado la determinación de las cuotas de autopistas.

Estos proyectos son de larga duración; en infraestructura no hay programas de corta duración. Además, en el pasado reciente el concesionario quiso recuperar la inversión elevando indiscriminada y agresivamente las tarifas carreteras que no tenían control del Estado.

El nuevo esquema, recalcó, prevé una tarifa máxima promedio por todo lo que dure la concesión. En las concesiones de 1990 el aforo era estimado por la autoridad y el concesionario, y este último decía que si no había aforo la culpa era del gobierno. Por ello, ahora la responsabilidad es del concesionario.

Ahora se licita y quien participa tiene que calcular los términos de aforo. Se buscará que las licitaciones se hagan con la mayor transparencia posible y que haya vigilancia estricta en la que se participen inclusive organismos no gubernamentales.

No hay duda del interés de los inversionistas privados. El otorgamiento del libramiento de Matehuala en el estado de San Luis Potosí marca el regreso de la inversión privada al programa carretero y se prepara a licitar el segundo proyecto de Amozoc entre Puebla y Veracruz, concluyó.