León Bendesky

Más del Fobaproa

La historia del rescate bancario organizado por Ernesto Zedillo, sus fieles colaboradores y los banqueros que entonces estaban de turno podría calificarse como increíble. Pero el caso es que resulta perfectamente creíble, como si fuera la trama de un mal folletín de fiascos financieros y legales y argucias políticas, llena de cómplices e incapacidades, de astucias e ignorancia en parte real y en otra parte fingida. Y mientras pasa el tiempo, el argumento y los personajes se van desenvolviendo en una dirección perfectamente previsible: justificar todo lo que se ha hecho desde 1995, por todos los medios posibles, incluso al más alto nivel de los órdenes de la justicia, si acaso a ésta todavía le queda alguna posibilidad. Esta es ciertamente escasa, puesto que las cosas se están preparando de manera tal que cuando lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no haya más opción que fallar por el status quo imperante.

Toda esta trama está plagada de engaños, medias verdades y subterfugios legales y políticos; además, está conformada por instituciones que funcionan sin claridad y otras sin la independencia que se supone que tienen, pero que en realidad siguen bajo el estricto control de los altos funcionarios del gobierno. El sector financiero desde el gobierno y en el sector privado se ha convertido en una suerte de camisa de fuerza para la economía y el mismo poder político en México. Esto ya es una obviedad para todos y una condición que debilita la confianza en el quehacer público.

Los mismos grupos burocráticos, los mismos personajes públicos y del sector empresarial ejercen un control férreo de los circuitos del dinero, fuera y dentro de los bancos y de las demás instituciones financieras, así como de las normas que regulan su funcionamiento. Ante la poca claridad de esas reglas y la laxa interpretación de las leyes, Hacienda presentó una controversia contra la decisión del Congreso que demandó, por medio de la Auditoría Superior de la Federación, la realización de una auditoría de las transacciones que hicieron los bancos y el Fobaproa para el rescate bancario iniciado tras la crisis financiera de 1995. Está en juego una cifra por encima de 200 mil millones de pesos cuando menos, y la estructura y el monto del endeudamiento público que significa el vencimiento de los pagarés del Fobaproa y los pasivos que quedarán en manos del IPAB. No es asunto menor dada su relevancia fiscal, su costo económico y por las relaciones que se han creado en el marco de la propiedad de los bancos, prácticamente todos en manos de extranjeros.

Con qué rapidez reaccionó el gobierno para frenar cualquier acción legal que pudiera indisponer a los banqueros. Y, luego, de manera por demás extraña, el Banco de México demanda a cuatro de los bancos más grandes por el mismo asunto de las operaciones de Fobaproa que esa misma institución sancionó como válidas cuando se realizaron. Así se abre otro frente legal, precisamente donde menos se esperaba y en la dirección que posiblemente lleve a un fallo que favorezca a los bancos.

El siciliano Leonardo Sciascia describió el carácter de eso que se llama el espíritu de cuerpo, que consiste en considerar parte mayor que el todo al cuerpo al que se pertenece, en juzgarlo como infalible y, en caso de falibilidad, verlo como intocable y cargado de razón, sobre todo cuando está equivocado. Así parece cada vez más el espíritu de cuerpo que se ha forjado en el sector financiero del país.

La amplitud y profundidad de la crisis de 1995 y las opciones políticas, legales y técnicas que tomó el gobierno de Zedillo se advierten en una amplia gama de cuestiones. La economía funciona desde entonces sin un sistema bancario y muy mal; la deuda pública se ha abultado de manera copiosa, aunque se considera de tipo contingente y sólo se presupuesta el pago anual de la parte real de los intereses que devenga y que van a dar a las arcas de los bancos. No debe haber hoy país en el mundo en el que los bancos sean mejor negocio que en México.

Legalmente, la falta de claridad es notoria y se convierte en una fuente más de incertidumbre para todos sobre la legitimidad de la gestión del salvamento bancario y del sistema de justicia. El Congreso, relevante en todo este asunto, aparece débil, con capacidad limitada de entendimiento y para enderezar las cosas o, cuando menos, para fijar de modo definitivo una posición política.

El colmo de la fragilidad legal está en el hecho de que la ley del IPAB, promovida por el PAN y avalada por el PRI en 1998, no permite que el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, forme parte de la junta de gobierno de esa entidad, ello por considerar que su participación en el recate bancario (Fobaproa) lo comprometía para cumplir con esa función. Ahora, el mismo PAN promueve la relección de gobernador durante otro periodo de seis años. Así es muy difícil cambiar a un país y relacionarse con los gobernados. Todo está a la vista y sólo debilita la reformulación de los componentes esenciales del orden político, legal e institucional. Y esto ocurre a la mitad del gobierno del cambio y en víspera de las elecciones legislativas.