Reprocha al presidente Vicente Fox su pasividad a ocho años de la matanza

Falta voluntad al gobierno para resolver el caso Aguas Blancas, afirma el centro Pro

El mandatario hizo ''alentar esperanzas'' respecto a que se ejercería acción penal y no ha sido así

ALMA E. MUÑOZ

La víspera del octavo aniversario de la matanza de Aguas Blancas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lamentó la falta de voluntad jurídica y política del actual gobierno para resolver el ataque que sufrieron integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) -donde resultaron muertas 17 personas-, pese al llamado que al respecto han hecho instancias nacionales e internacionales.

Al presidente Vicente Fox, el organismo no gubernamental le reprochó su pasividad, que ha provocado el desgaste para familiares y organizaciones que exigen justicia, por encima del compromiso asumido en julio de 2001 para terminar con la impunidad prevaleciente en este caso, y por ''alentar esperanzas'' respecto a que se ejercería acción penal contra los autores intelectuales, reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese mismo año (1995): el ex gobernador de Guerrero Rubén Figueroa Alcocer; su ex secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán, y el ex procurador general de Justicia del estado, Antonio Alcocer Salazar.

Lamentablemente, insistió el Pro en un texto signado por su director Edgar Cortez, ''su posterior pasividad (de Fox) demostró su verdadera intención: desgastar a los familiares y organizaciones, y dejar que el caso cayera en el olvido''.

El organismo le pidió al mandatario no continuar con esta actitud, pues de lo contrario ''estaremos agregando un nuevo cómplice a la impunidad generada, como ocurrió con el gobierno de Ernesto Zedillo'', y le exigió asumir la responsabilidad de investigar sobre la matanza y detener a los autores intelectuales de la misma, así como prestar atención médica debida a quienes resultaron heridos y se repare el daño a los familiares de los asesinados y de sobrevivientes, como recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe 49/97, en 1997.

De ello, precisó, se tomó nota en julio de 2001, tras una reunión con integrantes del gobierno foxista con motivo de una visita de representantes de la CIDH a México, en julio de 2001, que derivó en la presentación de dos denuncias más ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los responsables del ataque, pero que hasta el momento no han sido resueltas. Por el contrario, se enviaron a la delegación de la dependencia en Guerrero.

Este caso, finaliza el texto del Centro Miguel Agustín Pro, es menester resolverlo para demostrar si el tema de derechos humanos ''es prioritario en el actual gobierno'' o se trata sólo de discursos.