Sus delitos atentan a la propia esencia humana, afirma el juez

Decreta Garzón prisión incondicional a Cavallo

El ex militar argentino se negó a declarar ante la Audiencia Nacional

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 29 de junio. Ricardo Miguel Cavallo, ex capitán de corbeta de la Armada argentina que fue actor esencial en el plan de exterminio sistemático que se puso en marcha durante la última dictadura de esa nación (1976-1983), durmió en la prisión de alta seguridad de Soto del Real, a 30 kilómetros de Madrid. El también conocido como Sérpico compareció por primera vez ante el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, quien, como magistrado instructor del proceso, decidió decretar prisión ''incondicional y comunicada'' contra el detenido, ya que sus ''delitos atentan a la propia esencia del ser humano'' y ''no sólo afectan a las víctimas, sino a la propia comunidad internacional''.

Cavallo llegó a Madrid alrededor de las siete de la mañana (hora española), pero no fue hasta las 9:35 que se percibió su presencia, una vez que un discreto dispositivo policial lo trasladó del aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz a la Audiencia Nacional en Madrid. Después de un reconocimiento médico escuchó en voz de Garzón los delitos que le imputan decenas de víctimas de la dictadura y diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos: 227 desapariciones forzadas de personas, 110 casos de secuestros y torturas y el secuestro de 16 mujeres, a las que además les robó a sus hijos recién nacidos, que posteriormente vendió.

A pesar de que Sérpico se negó a prestar declaración bajo el argumento de que como militar argentino sólo podía someterse a las leyes de su país, el magistrado confirmó que con base en los testimonios que ha venido recogiendo desde 1995, hay razones fundadas para decretar la prisión incondicional y abrir la puerta del juicio oral, que previsiblemente iniciará en octubre próximo.

Después de hacer un escueto resumen de las actuaciones judiciales llevadas a cabo contra Cavallo en los tribunales españoles, Garzón señaló en su auto que ''los hechos relatados'' por las víctimas de la represión argentina ''podrían ser constitutivos de los delitos de genocidio y terrorismo''. En consecuencia, el juez sostiene que ''procede decretar la prisión provisional incondicional y comunicada de Ricardo Miguel Cavallo (a) Sérpico y Marcelo y Miguel Angel al concurrir todos y cada uno de los requisitos legales y constitucionales que se exigen para acordarla''.

Los argumentos que da el magistrado para mantener en prisión a Sérpico son los siguentes: ''El riesgo de sustracción de la justicia es evidente, si se tiene en cuenta que si estuviera en libertad eludiría la acción judicial con tan sólo huir a Argentina, su país de origen, en el que de momento no podría ser perseguido por estos hechos por aplicación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final... Esa potencial huida supondría, no el cambio de jurisdicción, sino, lisa y llanamente, la impunidad del sujeto, cuya posibilidad se pretende combatir mediante la aplicación del principio de Justicia Penal Universal''.

Una vez que se presentaron formalmente los abogados de la defensa, los españoles Antonio Ferrer Sama y Jorge Lazpiu, Cavallo ni confirmó ni negó los delitos que se le imputan, sino que, con frialdad absoluta, apeló a su condición de militar para no responder a ninguna de las preguntas.

A pesar del silencio, Garzón redactó un auto de prisión en el que quedó de manifiesto una sutil controversia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, que se refiere al delito de tortura que ésta decidió rechazar. El magistrado español sostiene que ''en cuanto al delito de tortura y si bien respecto del mismo no se ha concedido la extradición en forma autónoma, como se solicitaba, es lo cierto que constituye un medio comisivo e integrador de los dos delitos por los que se concede la extradición, como lo son los delitos individualizados de asesinatos, lesiones, secuestros, allanamientos, desapariciones, robos, y otros, a través de los cuales se han desarrollado dichos tipos delictivos y, en este sentido, debe ser tenido en cuenta. Es decir, en cuanto al hecho y no como tipo penal autónomo''.

El juez sostiene: ''Parece claro que las torturas en esta causa suponen un gravísimo peligro para la vida -en muchos casos el riesgo se consumó-, y en todos ellos perturbaron gravísimamente la salud, ya que los autores, entre ellos el procesado, lesionaron, mataron o produjeron la desaparición de las personas sometidas a custodia''.

En cuanto al delito de terrorismo, en este caso de Estado, estableció una relación directa con las torturas, al afirmar que ''además de los métodos utilizados y la finalidad perseguida, comprende las diferentes categorías de delito y por supuesto las de tortura, muerte, lesiones, secuestro, desaparición forzada de personas que, no se olvide, según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es una forma de tortura. Todo ello con el ánimo de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública''.

Consideró que los dirigentes y responsables militares que asumieron el poder tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976 pusieron ''todas las estructuras del Estado argentino al servicio de una única finalidad: acabar con la subversión a través de la eliminación física, la desaparición forzada, secuestro y torturas practicadas en forma sistemática y coordinada, respondiendo a los designios de un fin común, y una estrategia asimismo común, diseñada por los responsables máximos del Estado después del golpe militar y ejecutada, entre otros, por Ricardo Miguel Cavallo, hasta su finalización en diciembre de 1983''.

Por lo que, dice Garzón, ''la actividad delictiva'' del procesado ''atenta a la propia esencia del ser humano, cuyas víctimas no sólo son las inmediatas afectadas, sino la propia comunidad internacional'', ya que ''tales hechos degradan al ser humano hasta límites irracionales. Basta con examinar los testimonios prestados en esta causa y los demás elementos probatorios para acreditar que lo sucedido en Argentina entre marzo de 1976 y diciembre de 1983 no sólo constituyó un atentado a los principios más elementales que rigen y deben regir cualquier sociedad, sino que, además, agreden a la propia idea del hombre. Precisamente en ese plan de eliminación selectiva, de tortura generalizada y de terror absoluto ha podido participar en forma consciente Cavallo, en un puesto de responsabilidad y de control de las acciones criminales que se produjeron en la Escuela Mecánica de la Armada, las que participó, dirigió y conoció''.

Antes, en la vistilla llevada a cabo en el juzgado 5 del órgano judicial, la defensa de Cavallo y el fiscal que representó al Estado español, Pedro Robira, cercano al gobierno derechista de José María Aznar, coincidieron en exigir la liberación del detenido, bajo el mismo argumento de que la justicia española no es competente para juzgar este tipo de delitos.

Garzón respondió: ''Tal petición no debe ni puede legalmente atenderse'', ya que las dos sentencias que se citaron para justificar la petición ''no afectan a esta causa'', al tiempo que señala que ''existen víctimas españolas, y el procesado se encuentra en España, con lo cual se cumplen los presupuestos necesarios señalados en dicha resolución'' para proceder al juicio oral.

Manuel Ollé, abogado de la acusación popular y particular, explicó que ''desgraciadamente estamos acostumbrados a que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pida la libertad de los genocidas y a que de forma sistemática se oponga a la persecución de estos crímenes contra la humanidad. Es decir, que no sólo no nos ha sorprendido, sino que su petición de liberar a Cavallo era algo que ya esperábamos''.

Concentración espontánea a las puertas de la Audiencia Nacional de España

''šAsesino, genocida!'', gritan a Cavallo víctimas de la dictadura argentina

La manifestación fue dispersada con violencia por la policía antimotines madrileña

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 29 de junio. A pesar de la súbita llegada de Ricardo Miguel Cavallo a Madrid, la voz de las víctimas de la represión de la última dictadura militar argentina (1976-1983) se escuchó con firmeza a las puertas de la Audiencia Nacional de España. La concentración espontánea, en la que había personas que sufrieron y sufren los estragos de la tortura y la represión de aquellos años, fue dispersada con violencia por un nutrido comando de agentes antidisturbios españoles, que incluso se atrevieron a arrebatar, macana en mano, una pancarta en la que se mostraban algunas fotografías de los desaparecidos, muchos de ellos asesinados, torturados y arrojados al mar en los llamados vuelos de la muerte por el propio Cavallo.

La noticia de la extradición de Sérpico a España llenó de satisfacción a los grupos de argentinos exiliados, a las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos españolas y a los cientos de víctimas que vieron, por primera vez, cumplido se anhelo de justicia. Algunos de ellos, como Marcelo Hernández, sobreviviente de los salvajes métodos de tortura que se aplicaban en la Escuela Mecánica de la Armada (Esma) ve por primera vez ante un tribunal a uno de los principales actores de su drama.

''No sé cómo logré sobrevivir''

Hernández no sabe todavía cómo logró sobrevivir, pero sí recuerda con nitidez la cara, la voz y el nombre de Sérpico, el alias con el que Ricardo Miguel Cavallo era conocido en el centro clandestino. ''Desde hace 26 años sigo sin encontrar una respuesta a la pregunta de cómo logré sobrevivir a la Esma, pero yo recuerdo a Cavallo perfectamente. A mí me secuestraron el 10 de enero de 1977, a las nueve y media de la mañana, en un operativo dirigido para hacerse de los dólares de los bonos de la organización Montoneros, en la que nosotros trabajábamos en el departamento de finanzas. Las noches del 10 y el 11 de enero, después de la tortura, nos llevaron en dos coches y el vehículo de atrás lo manejaba Sérpico, quien estaba al mando del grupo. Además, dentro de la Esma lo ví un par de veces, a pesar de que yo nunca estuve en la Pecera sino en el sótano, donde lo escuché nombrar varias veces, puesto que era un personaje activo y presente en este centro.''

Este argentino, que no supera los 50 años, estuvo recluido dos años en la Esma, en donde después de torturarlo sistemáticamente lo sometían a una violencia síquica que todavía le carcome la vida: ''Me atrevería a decir que dentro del dolor que me causó el maltrato físico, éste fue más llevadero, pero la tortura síquica hasta el día de hoy, al menos en algunos momentos, no la logro controlar. Se me aparece de vuelta. Inclusive cuando me trasladé a Barcelona, un año después de mi liberación, seguía sin entender si estaba vivo o muerto, puesto que el juego que hacían Cavallo y sus compinches era terriblemente perverso: nos decían que nos ponían en libertad o nos mostraban a nuestros afectos familiares, pero después nos aplicaban la picana y nos seguían torturando. Ese era el toma y daca que nos rompió el cerebro y que causa, a mi juicio, los mayores daños''.

Zulema Facciola también se sumó a la concentración a las puertas de la Audiencia Nacional: ''Yo estoy aquí para repudiar a uno de los personajes más crueles durante la represión de la dictadura argentina, pues yo también sufrí de las acciones de este criminal: primero estuve desaparecida, pero después de que me legalizaron estuve casi ocho años detenida. Por esto la detención y extradición de Cavallo es el primer paso hacia la justicia universal, porque hay que decir que no puede haber paz si ésta no se basa en la justicia''.

En la protesta también estaba Malú Cerutti, quien una noche, en un operativo posiblemente dirigido por Cavallo, vio por última vez a su esposo, Omar Massera, y a su padre Victorio Cerrutti. Por ello exige justicia, puesto que ''sabemos que fue Sérpico quien cometió estas atrocidades y lo sabemos por todas las investigaciones que se han hecho y porque él comandaba el grupo que torturó a mis familiares. Por eso quiero que vaya a la cárcel, cumpla la máxima pena y que diga dónde están todas esas personas que desapareció''.

Mientras Hernández, Facciola, Cerutti y otras 40 personas se concentraban de forma pacífica ante las puertas de la Audiencia Nacional, media hora antes de que Cavallo fuera trasladado a la prisión de Soto del Real, tres transportes policiales repletos de agentes antidisturbios se hicieron presentes en la sede judicial.

Carga policial; empujones, golpes e insultos

Un minuto después, una vez que se desplegaron en las calles aledañas y se dotaron del equipo necesario, comenzó el operativo: primero pidieron a los concentrados, de forma altanera, que se alejaran del edificio con el argumento de que ''atentaban contra la seguridad'' del tribunal; después, ante la negativa de los manifestantes, amenazaron con empezar a ''pedir la documentación'' pues -decían- ''en este país se respeta a la autoridad''.

Como los participantes en la protesta se resistían a sus exigencias, los agentes, muy alterados, empezaron a utilizar la violencia: primero fueron leves empujones, algunos insultos y posteriormente se emplearon a fondo y, con la macana como arma, empezaron a golpear a los manifestantes hasta dispersar la protesta.

Andrea Benítez Dumont, una de las argentinas que se manifestaban, si acaso la más indignada por la actuación policial, recibió un fuerte golpe en el estómago, lo que le provocó un ataque de asma que motivó que se tuviera que pedir auxilio médico ante la impávida mirada de los agentes, que se mantuvieron firmes hasta que salió el transporte policial que trasladó a Cavallo a la prisión.

El objetivo de las autoridades, que no se agrediera ni verbal ni físicamente al detenido, no se logró, ya que algunos de los concentrados lograron increpar desde la calle al ex militar argentino, a quien gritaron con indignación: ''Hijo de puta'', ''asesino'', ''genocida''...

Satisfacción y esperanza de organizaciones de derechos humanos en Buenos Aires

La extradición abre la puerta para juzgar a otros 98 militares argentinos

NOTIMEX

Buenos Aires, 29 de junio. Organizaciones argentinas de derechos humanos aseguraron hoy aquí que la extradición de Ricardo Miguel Cavallo desde México a España alienta su trabajo y se suma a la promesa del gobierno argentino de juzgar a más militares.

Dijeron que el caso sentó un importante precedente internacional, porque abrió la puerta para juzgar a 98 militares argentinos que tienen pedidos de captura en el extranjero, y a otros mil 108 amparados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

La presidenta de la agrupación argentina Madres de la Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, dijo este domingo a Notimex: ''Tenemos una esperanza prudente'', tras la extradición de Cavallo a España, concretada el pasado sábado desde la ciudad de México. Cortiñas se refiere a las expectativas abiertas por el gobierno del presidente Néstor Kirchner, quien a diferencia de sus antecesores no trató de intervenir para evitar la extradición de Sérpico para ser juzgado en tribunales españoles.

Además recordó que Kirchner les aseguró que está en marcha la derogación del decreto que hasta ahora impide la extradición de 98 militares argentinos a los que se siguen juicios por delitos de lesa humanidad en Suiza, Italia, Francia y España.

''Eso sería muy importante para terminar con la impunidad contra la que siempre hemos luchado'', señaló la dirigente de la histórica agrupación humanitaria argentina.

La salida de Cavallo de México satisfizo a las organizaciones que se formaron a raíz de las violaciones cometidas durante la última dictadura militar argentina. Todavía temían que el represor de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) pudiera hacer un último intento por ser trasladado a Argentina y tratar de gozar de impunidad en este país gracias a la legislación vigente.

Una de las testigos citadas en los expedientes con que cuenta el juez español Baltasar Garzón para juzgar a Sérpico en España, Cristina Muro, señaló que ''de haber venido a Argentina, lo único que podríamos haber esperado era impunidad''.

Muro conoció al represor el 5 de febrero de 1977, cuando Cavallo allanó su casa y le dijo, cara a cara, que tenía encerrado a su marido, Alberto Chiappolin, tras lo cual la golpeó junto a su bebé recién nacido.

La mujer argentina nunca más volvió a ver a su esposo y desde entonces se unió a la Asociación de Familiares de Desaparecidos.

Reconoció que siguió muy de cerca el caso, ''porque muestra que la justicia internacional es posible y que por lo menos uno de los miles de asesinos de la dictadura argentina podrá ser juzgado''.

El dirigente de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Carlos Lordkipanidze, otro de los testigos en contra del represor, respiró satisfecho la víspera cuando vio por televisión el arribo de Cavallo a España.

Detenido en la ESMA durante dos años seis meses, a partir de noviembre de 1978, Lordkipanidze vio cómo Sérpico torturó a dos mujeres, una de ellas ciudadana española, situación que describió ante Garzón.

Aunque no esconde su satisfacción por la extradición advierte que aún ''no se pueden echar campanas al vuelo'' porque la lucha por la defensa de los derechos humanos en Argentina tiene un largo camino. Precisó que falta un paso fundamental: la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, emitidas por el ex presidente Raúl Alfonsín (1989-1999).

Dichas leyes permitieron que únicamente fueran juzgados los mandos máximos del Ejército y no el resto de los subordinados bajo el argumento de que sólo habían obedecido a sus superiores. Lordkipanidze acepta que con Kirchner ''hay un cambio de panorama'' respecto a sus antecesores, quienes se caracterizaron por impulsar el perdón y el olvido hacia los crímenes de la dictadura.

El dirigente de Hijos por la Verdad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Demián Morales, coincidió en que la detención y extradición de Cavallo fue todo un logro. Sin embargo aclaró que ni eso ni la derogación del decreto que impide la extradición de militares, ni la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad podrán achacarse ''como un favor de ningún gobierno''.