Servidores públicos divulgaron documentos confidenciales de la afectada, acusa

La CNDH emite recomendación al INBA por queja de una trabajadora

El instituto simuló una investigación para deslindar responsabilidades, revela la comisión

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer la recomendación 24/2003, dirigida al director general del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Saúl Juárez Vega, por violaciones al derecho a la legalidad, seguridad jurídica y privacidad, en perjuicio de la señora Esther Ibarra Rosales, trabajadora de ese instituto.

Asimismo, la CNDH constató que servidores públicos del INBA "hicieron uso indebido de documentos confidenciales, los exhibieron públicamente y divulgaron información personal de la afectada, además de que simularon realizar una investigación para deslindar la responsabilidad de los funcionarios involucrados".

La CNDH solicita a Juárez Vega que el órgano de control interno inicie una investigación en contra de Rosa María Dávila Sierra -entonces encargada del área de Responsabilidades, Quejas y Denuncias del órgano interno de control del INBA- , quien incurrió en omisiones, las cuales se detallan en la recomendación.

Además se solicita que se investigue a la señora Maya Ramos Smith, entonces directora del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli del INBA, por "hacer del conocimiento público, sin motivo ni fundamento jurídico, un escrito de carácter privado suscrito por la señora Esther Ibarra Rosales".

Solicita que se adopten las medidas adecuadas para que los servidores públicos del Centro Rodolfo Usigli eviten divulgar la información que contenga datos personales, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La señora Ibarra Rosales presentó una queja ante la CNDH el 2 de mayo de 2002, en la cual dijo que el 7 de diciembre de 2001 solicitó a Omar Valdés Hernández, entonces director del Centro Nacional de Investigación Teatral, que se le otorgara una licencia con goce de sueldo para realizar estudios de doctorado en España, la cual le fue negada el 26 de diciembre de ese año.

Posteriormente, el 9 de enero de 2002, hizo la misma petición a la nueva directora de ese centro, Maya Ramos Smith, quien también le contestó que no era posible otorgarle la licencia requerida.

El 28 de febrero, ante las negativas a su petición, Ibarra Rosales acudió ante Rosa María Dávila Sierra, encargada en esa fecha del área de Responsabilidades, Quejas y Denuncias del órgano interno de control del INBA, a presentar una queja contra Valdés y Maya, "para conocer el fundamento legal y los motivos por los cuales le fue negada la licencia. La queja no le fue aceptada y sólo la escuchó por lapso de una hora".

Ibarra Rosales recurrió el 5 de marzo de 2002 al secretario técnico de la desaparecida Secretaría de la Contraloría, y "la contraloría interna inició el expediente 0811/2002, para investigar la conducta de Leopoldo Riva Palacio y Rosa María Dávila Sierra, ex titular y encargada del área de Responsabilidades y Quejas".

El 16 de abril de 2002 se remitió una queja al órgano de control interno del INBA para que se llevara a cabo la investigación en el expediente QU-0004/2002, misma que se concluyó el 24 de mayo de 2002, con una terminación de que se trataba de cuestiones de carácter laboral.

"En apariencia -sostiene la CNDH-, se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes para deslindar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados en la queja. Sin embargo, no fue así; personal del órgano nacional de defensa de los derechos humanos detectó que no se llevó a cabo investigación alguna en relación con la encargada de Responsabilidades, Quejas y Denuncias del órgano interno de control del INBA."