México D.F. Lunes 30 de junio de 2003
TOROS
La solución podría recaer en manos
de Fatlala Akabai (PAN) o Lenia Batres (PRD)
Rehuyeron candidatos en Benito Juárez el tema
del conflicto taurino en el DF
Ricardo Pascoe, tercer participante en la contienda,
poco hizo por la fiesta brava
LUMBRERA CHICO
A seis días de las elecciones que decidirán
la continuidad del Partido Acción Nacional (PAN) en la delegación
Benito Juárez, o el regreso del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) a esa demarcación en cuyo territorio se
encuentra la Monumental Plaza Muerta (antes México), ninguno de
los candidatos de esas formaciones políticas ha dicho esta boca
es mía sobre el conflicto que mantiene paralizada la fiesta brava
en el corazón del país.
Hasta
ahora el panista Fatlala Akabani y la perredista Lenia Batres se han abstenido
de manifestarse respecto de las sanciones que la propia delegación
impuso recientemente tanto a la empresa Plaza México SA -multada
con 102 mil pesos y apercibimiento de clausura definitiva- como al diestro
valenciano Enrique Ponce, que no podrá actuar en ese coso hasta
mayo de 2004, por haber infringido el Reglamento Taurino del Distrito Federal
durante la corrida del 5 de febrero pasado, cuando el ibérico y
su cómplice forzaron la suelta de un toro que no había sido
aprobado por el juez Ricardo Balderas.
Aun cuando Batres y Akabani han preferido no usar el tema
como bandera de campaña, los vecinos de la demarcación pueden
consultar los expedientes de las organizaciones que llegan al final de
la competencia en condiciones de protagonizar -hípicamente hablando-
un "final de fotografía".
¿A quién debe atribuirse el mérito
de los castigos dictados contra Ponce y el "empresario" Rafael Herrerías?
Vea usted: a lo largo del trienio que está por concluir, el delegado
panista José Espina, todavía en funciones, mostró
una actitud por demás complaciente con el desorden que dentro y
fuera de la plaza auspició el cacique de Mixcoac.
Esta sección documentó, en su momento, la
extrema tolerancia que los inspectores de vía pública, bajo
el mando de Espina, brindaron a la reventa durante las corridas del 5 de
febrero de 2001, 2002 y 2003, en el marco del tradicional aniversario del
embudo de Insurgentes. Asimismo, la delegación jamás puso
reparos al sistemático aumento de 20 por ciento en el precio de
los boletos en corridas y novilladas y de los derechos de apartado durante
el proceso de canje efectuado en octubre de 2001 y 2002, sin que nada,
en ninguno de los casos, justificara el alza que perjudicó a los
aficionados.
En descargo del panismo, justo es decir que a lo largo
del trienio 1997-2000, cuando la Benito Juárez fue conducida por
el entonces perredista Ricardo Pascoe, los aumentos de precios en entradas
y abonos, al igual que los atropellos de la reventa, no toparon con la
menor resistencia por parte de las autoridades locales, así como
tampoco se observaron grandes ni pequeños esfuerzos por contener
los desmanes de Herrerías en lo tocante a las violaciones al reglamento
en vigor, antes, durante y después de cada festejo.
Méritos y deméritos
Pero si algo facilitó la victoria electoral de
Espina en las elecciones locales de 2000 fue sin duda la construcción
de una plaza comercial con estacionamiento subterráneo, ordenada
por Pascoe luego de un extraño acuerdo con la familia de Moisés
Cossío, dueña del terreno que ahora, además de contener
un adefesio, no resuelve en absoluto los problemas de los automovilistas
que acuden tanto al estadio Azul como a la México, ni las molestias
de los vecinos de la colonia Nochebuena que, a causa del imán taquillero
de Pablo Hermoso de Mendoza o de Julián López El Juli,
sufren (o más bien sufrían) la abusiva obstrucción
de las puertas de sus hogares cuando había corridas.
Hoy, Pascoe está de regreso como candidato a delegado
por México Posible, sin la mínima esperanza de alcanzar la
victoria, pero si algo deben dirimir los taurinos del rumbo -que son menos
de lo que se podría creer- es a quién debe atribuirse el
mérito de la suspensión de Ponce y la multa a Herrerías.
¿A la delegación panista del señor Espina o a la Comisión
Taurina del Distrito Federal, que depende en forma directa del perredista
Andrés Manuel López Obrador?
Una cuidadosa relectura del expediente de este caso revela
que, si bien la Dirección Jurídica a las órdenes de
Espina resolvió en contra del valenciano y del "promotor", fueron
los abogados de la comisión quienes presentaron y demostraron sus
acusaciones con gran solidez. ¿A quién irle entonces? Eso
nada más lo decidirán los del rumbo.
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