Magistrado y abogados procedieron del mismo modo que con la naviera: Sales

El juez Muñiz benefició en otros casos al despacho que representó a TMM

El indiciado no se ha presentado en las oficinas del TSJDF desde el miércoles pasado

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

La demanda de Transportación Marítima Mexicana (TMM) para suspender pagos a sus acreedores no es el único caso en el que el juez 14 civil, Hugo Muñiz Arreola, benefició al despacho de abogados Balaguer Morera y Asociados, según las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

La dependencia detectó otros dos casos en los que el juez y los abogados procedieron de la misma manera que en la demanda de TMM: cambiando las carátulas de los escritos al entregar las demandas, para que fueran turnadas directamente al juzgado 14 civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

El subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, Renato Sales Heredia, informó ayer que la Fiscalía Central para la Seguridad de las Personas e Instituciones se quedó con un desglose de la averiguación previa correspondiente, PSPI/183/03-05, para continuar las investigaciones y determinar si el despacho de abogados hizo algún pago al juez.

Muñiz Arreola no se ha presentado desde el pasado miércoles en el TSJDF, donde, por determinación del Consejo de la Judicatura, había sido cambiado al juzgado 40 civil tras conocerse el caso de TMM. El expediente consignado por la PGJDF quedó radicado en el juzgado 58 penal anexo al Reclusorio Oriente, donde la juez Patricia Gudiño Rodríguez tendrá que estudiarlo y en caso de ser procedente el ejercicio de la acción penal por el delito de prevaricación, solicitará al Consejo de la Judicatura del DF que el juez sea puesto a su disposición.

Sales Heredia explicó que al no exceder de cinco años la pena por la comisión de dicho delito, el juez tendría derecho al beneficio de la libertad provisional bajo caución.

En las investigaciones que realizó el Ministerio Público se detectaron otros dos casos en los que también se presume que el juez actuó dolosamente para beneficiar a los abogados. En ambos casos los escritos de demanda fueron presentados en la oficialía de partes con un determinado número de expediente, pero los nombres de las partes en conflicto no coinciden con los números de los expedientes radicados en el juzgado.

El primero, 221/2002, fue promovido por Inmobiliaria El Caballito SA de CV, Grupo Inmobiliario El Caballito SA de CV y Máximo Hadad Abed, en contra de Hamilton Bank NA, Banco Invex SA, Alfonso Zermeño Infante y el director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, pero los nombres de las partes no coinciden con el número de expediente radicado en el juzgado, donde los nombres que aparecen son Afianzadora Sofimex SA, en contra de Picazo Pacheco Marcela.

El segundo, 784/2002, promovido por Grupo Textil La Francia SA de CV en contra de Bienes de Capital Quantum SA de CV, Factoring Corporativo SA de CV, Consultoría Internacional Casa de Cambio SA de CV, Mex Factor SA de CV, Salomón Cojab Farca y Elías Cojab Farca, tiene en el expediente radicado como partes actoras a Grupo Corporativo Interestatal SA de CV, en contra de Supervisión, Asesoría y Construcción Supacom SA de CV.

En ambos asuntos aparecen algunos de los abogados que promovieron la demanda de Grupo TMM SA, TMM División Puertos SA de CV y TMM Multimodal SA de CV, en contra de City Bank NA, The Bank of New York y Maple Trade Finance Inc., entre otros, con expediente 335/2003.

Con esto, para la PGJDF es "más que claro" el interés del juez Muñiz Arreola por tener bajo su jurisdicción los citados expedientes para emitir resoluciones tendientes a la obtención de algún beneficio al favorecer a los abogados Jesús Angel Origel Camacho, Juan Carlos de la Llata Lecanda, Jesús Alfredo Moreno Mendoza y Alvaro Chavira Cabrera, del despacho Balaguer Morera y Asociados.

Si bien el Ministerio Público no determinó en el pliego consignatorio si el juez recibió algún tipo de compensación económica del bufete de abogados en cuestión al concederles indebidamente dichos beneficios, la PGJDF continúa la investigación. "Se está elaborando un desglose por lo que hace a esta conducta. Se ejerce la acción penal, en específico del juzgador, y queda un desglose para continuar con la averiguación previa", informó ayer en entrevista el subprocurador Sales Heredia.

Fuentes judiciales explicaron que en caso de que la juez Gudiño determine ejercitar la acción penal deberá solicitar al Consejo de la Judicatura del DF que ponga a Muñiz Arreola a disposición del juzgado, conforme al artículo 201 de la Ley Orgánica del TSJDF.