En carta al mandatario, los indígenas duranguenses reivindican su derecho ancestral

Huicholes de Bancos de San Hipólito piden a Vicente Fox solución a litigio territorial

ROSA ROJAS

El comisariado autónomo de bienes comunales de la comunidad indígena huichola de Bancos de San Hipólito, municipio de El Mezquital, Durango, le envió un documento al presidente Vicente Fox para reclamarle que, aunque cambió el partido en el poder, "la práctica sigue siendo la misma: el incumplimiento de la legalidad, el abandono y la apatía, aun cuando medien procesos y compromisos de alcance internacional, pero más que nada, de justicia mínima ganada a pulso mediante una lucha legal intensa de nuestro pueblo".

En el documento, fechado el 22 de junio, las autoridades agrarias de la comunidad, también conocida como Bancos de Calítique, afirman que "absolutamente nada se ha hecho" ni en el caso de la reclamación territorial presentada en 1993 ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -por medio del sindicato de Radio Educación-, que dio lugar, en 1998, "a la primera resolución en el mundo emitida por ese organismo internacional", que fue en favor de su comunidad, ni en el caso del conflicto con la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa por la explotación de la madera de un predio en conflicto, por el cual iniciaron -desde el pasado 16 de mayo- un plantón en el predio Carreras para impedir que los mestizos de San Lucas retiren la madera de 400 árboles talados en parte de las 10 mil 720 hectáreas en disputa.

Sobre este problema, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas informó que en la audiencia del pasado 20 de junio, en el tribunal unitario agrario (TUA) distrito 7 de Durango, se acordó que se permitiría el retiro de la madera ya derribada, a condición de que el pago del contratista a la comunidad de San Lucas se depositara en el TUA hasta la resolución del juicio agrario. Aun así, la comunidad wixarika de Bancos de San Hipólito decidió mantener el plantón en el predio Las Carreras "de manera definitiva", es decir, que por lo menos cinco familias huicholas construirán casas en el lugar para habitar ahí de manera permanente y no permitir ningún daño al bosque.

En el documento enviado a Fox, con copia a la OIT y al relator especial para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de la ONU, Maurilio Ramírez y Miguel Carrillo, presidente y tesorero, respectivamente, así como Cruz López, presidente del consejo de vigilancia, y José Parra, comisionado del comité particular ejecutivo del citado comisariado, le reprochan al Presidente que "literalmente se está dejando al libre juego de fuerzas la solución de los problemas" y hay un "auténtico desgobierno".

Le piden que determine "el mecanismo interinstitucional que como un acto de Estado" cumpla la resolución de la OIT y que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cancele, urgentemente, el permiso de aprovechamiento forestal de San Lucas. Lo más grave, enfatizan, es "la incapacidad de las instituciones para resolver y atender una situación como esta, que fácilmente puede derivar en violencia".

De la reclamación que el pueblo huichol presentó en 1993 a la OIT, señalan como antecedente que "al haberle entregado nuestras tierras a San Lucas de Jalpa el 23 de noviembre de 1984, el Estado mexicano incumplió el Convenio 107 de la misma OIT, en su artículo 13, que protegía nuestro derecho a no ser despojados de nuestra tierra; dicho convenio constituye el antecedente inmediato anterior del 169 y se encontraba vigente en nuestro país desde 1960.

"No sólo se violó ese convenio, sino que se ignoraron los siglos que tenemos poseyendo nuestras tierras y territorios, ya que por lo menos desde 1725 existen los títulos mediante los cuales el virreinato reconoció nuestros derechos de propiedad. A cambio, el gobierno federal de la época otorgó a San Lucas de Jalpa resolución presidencial sobre nuestras tierras, aun cuando ellos ni siquiera presentaron un solo documento que acreditara su derecho para ello."

Anotan que 12 años, desde la entrada en vigencia del convenio en nuestro país, no han sido suficientes para que el gobierno mexicano las restituya las 10 mil 720 hectáreas que reclaman. "Tampoco han sido suficientes los cinco años transcurridos desde que el 9 de junio de 1998 el consejo de administración de la OIT emitió resolución a nuestro favor, para que alguna institución gubernamental haya venido a buscar la manera de cumplimentar dicha resolución", reclaman las autoridades indígenas a Fox.

Afirman que lo peor es que "a causa de la corrupción" han tenido que defender por sí mismos el patrimonio que les heredaron sus antepasados, y mencionan que después del 16 de mayo, cuando detuvieron la acción de los taladores de San Lucas de Jalpa, "hombres, mujeres y niños de nuestro pueblo hemos permanecido acampados, expuestos a la intemperie y la lluvia". El 23 de mayo le enviaron al titular de la Semarnat, Víctor Lichtinger, una denuncia popular pidiendo que se cancele o suspenda el permiso de explotación del bosque, y advirtiendo que no es posible que se otorguen esos permisos en tanto no se determine por autoridad competente la legítima propiedad de los terrenos en litigio, sin que se recibiera respuesta.