Uno de los aspectos más vergonzosos del paso de Jorge G. Castañeda por la dirección de la diplomacia mexicana fue el uncimiento de la política exterior mexicana a las consignas "antiterroristas" elaboradas por la administración de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y puestas en práctica con el arrasamiento y la conquista de Afganistán e Irak. Como parte del servilismo de la cancillería castañedista al Departamento de Estado del país vecino, el gobierno mexicano impulsó activamente la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adefesio que entró en vigor ayer, según anuncio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y que hace partícipes de la "prevención y el combate al terrorismo en el continente" a naciones que, como la nuestra, no han sido afectadas por el accionar de organizaciones terroristas ni tienen nada que ver con el avispero de los rencores radicales y fundamentalistas suscitados por Washington.

Con las excepciones de Colombia, nación en guerra en la que el recurso a las prácticas terroristas es habitual por las guerrillas, los paramilitares, los narcotraficantes y el propio gobierno, y de Cuba, donde algunas organizaciones del exilio perpetran ocasionalmente acciones de esta clase con el apoyo, por cierto, del gobierno de Estados Unidos, el terrorismo ha estado, en términos generales, ausente del entorno latinoamericano desde hace un par de décadas. Por lo que hace a México, este fenómeno es tan marginal y anecdótico que a ninguna persona sensata y lúcida se le ocurriría incluirlo en la agenda de asuntos prioritarios, en la cual brillan los focos rojos de cosas mucho más urgentes: la miseria, las crisis del campo y de los sectores educativo y de salud, la relación irresuelta entre la nación y sus pueblos indios, la persistente recesión económica, la corrupción impune del pasado reciente y el desgaste de la credibilidad institucional, por citar algunas. En el ámbito de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, y en el terreno de la relación bilateral con el vecino del norte, había y hay temas que resultan, para los mexicanos, mucho más importantes que la "amenaza terrorista" que desvela al grupo que gobierna en Washington: el indignante y criminal trato que reciben nuestros conacionales en suelo estadunidense, el contumaz proteccionismo de ese nuestro socio comercial y los conflictos derivados de la utilización de los recursos hídricos compartidos, por señalar tres de ellos.

La promoción de esa Convención Interamericana contra el Terrorismo fue, pues, una prueba más de la preferencia de que gozaban los intereses estadunidenses sobre los mexicanos en la gestión de Castañeda Gutman. Aunque México no estuviera amenazado por ninguna organización terrorista ni hubiera indicios de la operación de un grupo de ese corte en territorio nacional, y pese a las reflexiones sobre la improcedencia y los riesgos de meter al país en una confrontación oscura, dudosa y ajena, el gobierno mexicano quedó incluido en ella por la vía de ese instrumento internacional fársico que ni siquiera ha sido ratificado por Estados Unidos, y que entró en vigor gracias a las ratificaciones de El Salvador, Antigua y Barbuda, Canadá y Perú, además de México.

Los gobiernos latinoamericanos, el mexicano incluido, tendrían que darse cuenta de que el instrumento internacional referido es una soga en el cuello de nuestras naciones, toda vez que las definiciones de lo que es y lo que no es terrorismo son formuladas por Washington. Ciertamente Bush no califica de acciones terroristas los bombardeos contra objetivos civiles perpetrados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Afganistán e Irak, pero sí cuelga ese calificativo a los combatientes de esos países que, con toda la legitimidad del mundo, presentan una resistencia armada a la invasión extranjera. Y si un día cualquiera la Casa Blanca inventa un enemigo que amerite la invasión de un país latinoamericano -como hizo en Panamá el padre del actual presidente estadunidense-, aplicará, a no dudarlo, esa misma lógica.