Urge que se reconozca su organización: Chamberlin

Grupos indios, sin representante en la próxima legislatura

Las comunidades indígenas del país fueron excluidas del proceso electoral que concluyó el pasado domingo y en la conformación de la nueva Cámara de Diputados será evidente que el sistema electoral mexicano "no sirve" para promover la representación de este segmento de la población, indicó Michael Chamberlin, del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas.

"En México, los pueblos indígenas no tienen derecho a votar por alguien que legítimamente represente sus intereses", indica el integrante de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, y agrega que "sus opciones se restringen a algún candidato, que en el mejor de los casos podría ser un indígena, pero propuesto o al menos mediado por algún partido político con registro oficial".

En un análisis sobre el impacto del pasado proceso electoral en los pueblos indígenas, Chamberlin precisa que actualmente se desdeñan sus formas tradicionales de elección y sus mecanismos de rendición de cuentas, lo que generará "falta de representación de los pueblos indios" en la 59 Legislatura, que iniciará actividades en septiembre próximo.

Indica que esta situación contraviene el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece para todos los ciudadanos el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos en su país "directamente o por medio de sus representantes elegidos".

"En tanto no se reconozca en la ley las formas indígenas de organización y sus propios órganos para adoptar decisiones sobre los asuntos de su comunidad, no se puede considerar que dichas leyes se basen en criterios objetivos y razonables, y por tanto los procesos electorales del país no son verdaderas", advierte el especialista.

Chamberlin indica que si bien la reforma sobre derechos y cultura indígenas, aprobada por el Senado de la República en 2001, reconoce la autonomía de las comunidades para elegir a sus autoridades de acuerdo con sus normas y costumbres, esta legislación limita la participación real de los pueblos indios en los procesos políticos, porque no los reconoce como entidades de derecho público "y hace relativos y discrecionales los sistemas normativos que los indígenas pretende reconocer". JGM