Pide que el Estado le dé instrucciones para responder al interrogatorio judicial

Busca Miguel Cavallo involucrar al gobierno argentino en su defensa

Argumenta que los ilícitos que le imputan fueron "cuando desempeñaba actos de servicio"

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 12 de julio. Fiel a su estilo, el ex marino argentino Ricardo Miguel Cavallo, extraditado de México a España en junio pasado para responder a acusaciones por genocidio, intenta involucrar al gobierno argentino en su defensa. Solicitó, por conducto del consulado en Madrid, que se le impartan instrucciones para responder al interrogatorio judicial "sobre la base del doble orden de lealtades que debe existir entre quienes ejercen autoridad y quienes deben cumplir los mandatos".

También cita temas sobre "soberanía y responsabilidad del Estado argentino". En un evidente amparo en las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1985-1987), que establecieron la impunidad, Cavallo intenta involucrar al gobierno con el concepto de que se le acusa de hechos que "ocurrieron en mi país, mientras desempeñaba actos de servicio en el destino militar, que siendo oficial subalterno me fueron asignados". Aduce, asimismo, que se le juzga "desconociendo el principio de territorialidad".

La extradición de Cavallo, a solicitud del juez español Baltasar Garzón, desató aquí un fuerte debate, y el gobierno del presidente Néstor Kirchner dio señales de que iba a anular el decreto firmado por la administración de Fernando de la Rúa (1999-2001) que impedía la extradición de los militares a otros países.

Por otra parte, los organismos humanitarios luchan desde hace tiempo por que se anulen las dos leyes que permiten la impunidad y que dejaron sin castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura (1976-1983). Esto está en manos de la Corte Suprema, que usó el tema como forma de chantaje y presión. Sin embargo, la Corte, conformada en su mayoría por jueces afines al ex presidente Carlos Menem y concebida para amparar los ilícitos de esa administración (1990-1999), está bajo la mira del Congreso y de la opinión pública. Quien fue su presidente hasta hace pocos días, Julio Nazareno, renunció para no enfrentar los cargos de la comisión del Congreso que lo iba a someter a juicio político.

Hoy también está en el banquillo el juez Eduardo Moliné OƀConnor, considerado el "cerebro" de la mayoría que impuso Menem para dejar sin castigo diversos delitos, por ejemplo de corrupción. La extradición de Cavallo hizo que los militares argentinos pusieran sus barbas a remojar, pues el juez Garzón volvió a reclamar la extradición de unos 46 hombres de la pasada dictadura acusados por crímenes de lesa humanidad.

Actualmente algunos sectores militares, ante la posible anulación del decreto que prohibía la extradición, podrían preferir que en este país se les juzgue. El ex presidente Raúl Alfonsín dijo en horas recientes que está de acuerdo en la anulación de las leyes de impunidad -como se les llama aquí- que se impusieron durante su gestión (1983-1989), pero ayer advirtió que en este caso habrá que buscar una acción jurídica para que no terminen beneficiados los jefes militares indultados por Carlos Menem en 1990.

De anularse las leyes de Obediencia Debida y Punto Final pueden reabrirse los juicios contra los militares que mataron, secuestraron, desaparecieron y torturaron a más de 30 mil argentinos. Alfonsín aseveró que su gobierno fue presionado por sectores que no identificó para calmar a los militares que intentaron dos golpes en su momento para evitar los juicios.

El tema es muy complejo aquí, porque las leyes de impunidad permitieron el desarrollo de mafias del poder, especialmente durante la administración de Carlos Menem (1990-99), y muchos hombres de la dictadura continuaron en funciones públicas, por ejemplo en la policía, la milicia y en el verdadero ejército armado de las empresas privadas de seguridad. Otros se reciclaron como empresarios mediante el robo a las familias de los desaparecidos y la venta de sus bienes, como sucedió con Cavallo y otros hombres de la marina y el ejército.

Ex dictador regresa al poder

Por otra parte, en estos momentos la Corte Suprema de la provincia de Tucumán, una de las más empobrecidas del país, acaba de habilitar al ex dictador de esa región, Antonio Domingo Bussi, para ocupar el cargo de intendente electo de la capital provincial, quien ganó por sólo 17 votos en su favor.

La Corte negó la apelación que hicieron organismos humanitarios, considerando que no "tienen suficiente legitimación para deducir impugnaciones", y rechazó el amparo que les había dado la Cámara local. Sin embargo, Bussi figura en la lista de los militares requeridos por la justicia española y de otros países. Recientemente los abogados Alberto Pedroncini, David Baigún y Ernesto Moreau, quienes llevan el juicio contra los responsables de la Operación Cóndor, la coordinación criminal de las dictaduras, demandaron a Bussi por estar imputado en esta causa.

El ex general es considerado uno de los responsables de la Operación Cóndor, es decir, de "los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad en el marco de políticas de desaparición forzada de personas, homicidios y torturas cometidos en ocasión de concertarse y ejecutarse". Este plan se desarrolló en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Inicialmente fueron involucrados en la querella los jefes de Estado de esos países que en la década de los 70, al frente de gobiernos militares, concertaron la mencionada operación.

Con la reclusión del dictador argentino Jorge R. Videla y los pedidos de captura de otros militares de la región se abrió otra posibilidad ampliada por los juicios derivados del robo de niños durante la pasada dictadura. La resolución para el encarcelamiento de Videla permitió establecer que "la sola concertación de la Operación Cóndor" era un crimen de lesa humanidad y que la investigación debía extenderse a la totalidad del territorio donde se desarrollaron las acciones criminales.

El caso Bussi queda entre los militares que actuaron en la jurisdicción del tercer cuerpo del ejército, subzona 32 (provincias de Tucumán, Salta y Jujuy), donde muchos argentinos y refugiados de otros países fueron secuestrados y desaparecidos en el ámbito de la Operación Cóndor. Las víctimas mencionadas en este caso son: Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, uruguayo, secuestrado el 29 de septiembre de l976 en Tucumán; José Luis de la Masa Asquet, uruguayo, plagiado en esa provincia el primero de noviembre de l977; Mario Ivar Flores, boliviano, secuestrado el 26 de mayo de 1976 en Tucumán; Miguel Angel Moreno, uruguayo, plagiado el 23 de julio de l975. Todos fueron desaparecidos.

Los abogados añaden el caso de Graciela Rutilo Artés, secuestrada en Bolivia y entregada el 29 de agosto de l976 en la frontera ("puente internacional"), Jujuy, subzona 32, a autoridades argentinas, junto con su hija Carla, acreditado en la causa sobre sustracción de menores. Graciela continúa desaparecida. Su hija fue recuperada en territorio argentino. Bussi, quien impuso el terror durante años en Tucumán, es señalado junto con los ex generales Santiago Omar Riveros y Luciano Benjamín Menénez, responsables de esas zonas. El ex dictador de Tucumán es quien tuvo mayores responsabilidades en la región. Se considera que muchos de sus ex funcionarios están en lugares claves de seguridad, y a finales de 2002 habrían sido parte de los grupos que amenazaron a los encargados de investigar y rescatar los restos de personas que figuran como desaparecidas, asesinadas bajo la administración Bussi en la provincia y que estarían en el llamado "pozo de Vargas". Los próximos días serán decisivos en estos casos.

El tema de los derechos humanos aparece como central en la visita del presidente Néstor Kirchner a Europa. Algunos medios señalan disgusto del mandatario por la reiterada demanda de Garzón de que los 46 militares sean extraditados antes que aquí se tomen decisiones.