Legisladores de PRI y PRD condenan los ataques al titular de la ASF

Bartlett: hay un "ominoso terrorismo" contra el auditor González de Aragón

ANDREA BECERRIL Y ANGELICA ENCISO

El priísta Manuel Bartlett advirtió ayer en la Comisión Permanente que el gobierno de Vicente Fox emplea un "ominoso terrorismo" en contra del auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, mediante "ataques clandestinos" y la filtración de documentos de investigaciones no concluidas, para evitar que cumpla con su función de supervisar las cuentas gubernamentales.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene que resolver la denuncia sobre la privatización "silenciosa e ilegal" que se lleva a cabo en el sector eléctrico, agregó Bartlett. El diputado priísta David Penchyna y el senador perredista Jesús Ortega, coincidieron con los planteamientos. Hicieron notar que el auditor tiene en sus manos temas muy cuestionados, como son la Cuenta Pública del primer año de la actual administración y el Fobaproa, "y es muy claro el intento de lesionar a la institución que representa".

Por otra parte, la mesa directiva de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó ayer enviar los oficios para solicitar que se auditen 225 permisos para generar electricidad otorgados a particulares por los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

En la sesión de la Comisión Permanente Bartlett hizo notar que la denuncia -presentada ante la ASF y la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el pasado 10 de abril- recoge la preocupación y los señalamientos expresos que legisladores de todas las fuerzas políticas han planteado en el Congreso.

Se refirió a lo expresado ante el pleno los días 23 y 29 de abril pasado por Demetrio Sodi, José Moisés Castro, Antonio Soto y Juan José Rodríguez Prats sobre las "simulaciones, estrangulamientos, privatización silenciosa, retención de recursos, daño a la viabilidad de la Comisión Federal de Electricidad y violaciones a la Constitución".

Recalcó que ante esos hechos que lleva a cabo el gobierno federal algunos consideran ocioso legislar para impedirlos, por el temor al veto presidencial. "Esto es inaceptable, se puede y se debe detener la privatización ilegal".

Entró luego al punto que generó el debate, al advertir que el auditor González de Aragón, cuya designación se rodeó de garantías en el Congreso para asegurar su honorabilidad, está hoy sometido "ataques clandestinos que dañan a la institución en su conjunto".

Es ilegal, sostuvo, "filtrar documentos de supuestas investigaciones inconclusas presentadas en los medios de comunicación con imágenes perversas, acompañadas de juicios sumarios efectistas: terrorismo ominoso. ƑCuántos más seguirán si no se repudian públicamente?", preguntó, y pidió a los legisladores expresar "nuestra enérgica reprobación".

De inmediato, el diputado Penchyna subió a tribuna para respaldar lo planteado por Bartlett e insistir en que el hoy titular de la ASF fue designado después de meses de un intenso y pulcro trabajo, y ahora se filtra información para vulnerar la calidad moral de alguien que durante dos años cumplió con todos los requisitos de la ley. Pidió también no caer en la tentación de un terrorismo que vulnere las instituciones de la República.

El diputado panista Luis Pazos respondió que en su partido son los primeros en estar preocupados porque no existan situaciones fuera de la ley. Aclaró luego que la ASF es una institución técnica, no política, y pidió que ningún partido trate de llevar agua a su molino por medio de la auditoría.

La respuesta de Penchyna fue inmediata: la ASF es un organismo político, ya que pertenece al Poder Legislativo, que es una institución política. Y añadió: "no podemos estar permitiendo filtraciones cuando tenemos fierros en la lumbre tan graves como el asunto de la Cuenta Pública, como el caso del Fobaproa".

El perredista Jesús Ortega recordó que la Secretaría de Hacienda y el Presidente de la República se ampararon contra la determinación de la ASF de que se suspendan los pagos provenientes del Instituto de Protección al Secreto Bancario a cuatro bancos que incurrieron en serias irregularidades durante el rescate bancario. La referencia es para señalar "que no puede ser circunstancial que aparezca esa denuncia, entre comillas, contra el auditor". La pretensión, dijo, no es de lesionar a González de Aragón, sino a la ASF misma.

Otro panista, el senador Jorge Zermeño, entró a la discusión, pero sus planteamientos de que algunos legisladores tienen "secuestrado" el debate sobre la reforma eléctrica sólo motivaron que Bartlett regresara a tribuna para reiterar que el gobierno foxista da la vuelta a la Constitución y viola la ley para apoyar a los intereses extranjeros, que se están apoderando ya de la industria mexicana del ramo.

En San Lázaro, la Comisión de Vigilancia de la ASF determinó enviar los oficios para solicitar la auditoría sobre los permisos para generar electricidad a particulares que se otorgaron en el sexenio de Ernesto Zedillo y en lo que va de la administración foxista. Será la ASF la que determine si procede la investigación que solicitaron inicialmente el senador Manuel Bartlett y el diputado Salvador Rocha. En el documento que los legisladores priístas presentaron ante la ASF demandaron fincar responsabilidades administrativas, políticas y penales a los funcionarios públicos involucrados, que serían los titulares de la Secretaría de Energía, Ernesto Martens, y de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, así como a los particulares involucrados.