Ayer, en el marco del foro Desarrollo de la Infraestructura del Transporte, Alternativas del Programa Carretero, el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Fernández Varela, sugirió que el gobierno federal podría limitar la construcción de vías alternas y libres a fin de no generar competencia a las carreteras concesionadas de peaje. Tal medida, señaló el funcionario, sería parte de los incentivos que el sector público estaría dispuesto a otorgar a la iniciativa privada para que mantenga y amplíe su inversión en la construcción, operación y mantenimiento de autopistas de cuota.

Aunque a primera vista la posibilidad planteada por el funcionario estaría orientada a dar certidumbre y seguridad a la inversión privada en carreteras --de cumplirse tal supuesto, las empresas beneficiarias de las concesiones gozarían de un plazo amplio para recuperar sus aportaciones y obtener ganancias sin preocuparse por enfrentar competencia--, lo cierto es que la aplicación de medidas de esa naturaleza podría perjudicar severamente a los usuarios de la infraestructura de transporte.

Si se limita la coexistencia de opciones libres y de cuota en el mapa carretero nacional, las segundas se convertirían en un virtual monopolio, lo que no sólo induciría los frecuentes abusos que tales entidades propinan a sus usuarios cautivos y encarecería los vitales sistemas de comunicación terrestre del país, sino que se estaría obligando a los viajeros y transportistas a utilizar vías de peaje, convirtiendo lo que debe ser una alternativa en una acción forzosa e injusta.

Además, tras la amarga y onerosa experiencia del rescate carretero de la pasada década, resulta por lo menos cuestionable que el gobierno federal mantenga una política de privilegio a los concesionarios de autopistas y pretenda generar artificialmente condiciones de rentabilidad para beneficio exclusivo de los inversionistas. Si por sí solas las carreteras de peaje no resultan interesantes o redituables a la iniciativa privada, ¿por qué introducir medidas lesivas para los usuarios en aras de proteger a unos cuantos?

Por otra parte, queda planteada la duda sobre si, además de restringir la construcción de vías alternas, se prevé acotar también los gastos de mantenimiento en las carreteras libres, circunstancia que, de concretarse, daría la puntilla a los ciudadanos y entregaría las vías de comunicación del país a entidades privadas que siempre han priorizado su lucro sobre las necesidades sociales.

En este contexto, es necesario que la SCT aclare su postura ante las sugerencias enunciadas por Fernández Varela y anteponga el interés general a los afanes mercantiles de los concesionarios carreteros. Si bien es cierto que es necesario, ante las restricciones presupuestales vigentes, encontrar opciones para el desarrollo de la infraestructura nacional, las políticas públicas en la materia no deben conducir en ningún caso a la aprobación oficial de prácticas monopólicas ni a la limitación o deterioro de las alternativas de los consumidores.