Sólo queda abierta una averiguación previa por ilícitos en materia electoral

Exonera la PGR del delito de lavado de dinero a involucrados en el Pemexgate

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) exoneró a todos los involucrados en el Pemexgate de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, los más graves de que se les pudo haber acusado y que de tipificarse hubieran significado varios años de prisión. Sólo queda pendiente de resolver la averiguación previa por delitos electorales.

Esta decisión de la PGR beneficia a los priístas Jorge Cárdenas Elizondo, ex secretario de Finanzas del tricolor; Alonso Bretón, ex subsecretario de Finanzas, y Carlos Almada, ex secretario de Elecciones. A Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Pemex; los ex directores corporativos de la paraestatal Carlos Juaristi, Juan José Domene y Julio Pindter. Además, a Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), al tesorero de esa organización, Ricardo Aldana, y a los líderes seccionales Fernando Pacheco Martínez, Miguel Limón Hernández y Jesús Olvera Méndez.

Así, el gobierno tomó con el Pemexgate el mismo camino que antes había seguido con los Amigos de Fox, exonerados del delito de lavado de dinero unos días antes de las elecciones del 6 de julio. Los dos casos salieron así del ámbito de la delincuencia organizada.

Fuentes gubernamentales revelaron que la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) determinó el no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa PGR/UEDO/182/2001 iniciada por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La determinación aconteció a 19 meses de que la UEDO recibiera una denuncia de la extinta Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), en la que acusaba a priístas, dirigentes petroleros y funcionarios de Pemex de haber participado en una red de corrupción para transferir de manera ilegal mil 100 millones de pesos de la paraestatal al STPRM y después a la campaña de Francisco Labastida.

Sin embargo, el dinero no llegó en su totalidad a la campaña del priísta. Un total de 640 millones de pesos fueron depositados por medio de Banorte en un banco de Estados Unidos, a nombre de Ricardo Aldana Prieto.

Como se recordará, el 19 de enero de 2002 La Jornada dio a conocer en exclusiva la interposición de la denuncia ante la PGR, la detención de tres presuntos involucrados y el inicio de lo que en círculos oficiales se denominó Operación Crudo.

El 10 de diciembre de 2001 la Secodam denunció que mediante supuestos pagos al STPRM por concepto de beneficios contractuales y el otorgamiento de préstamos se benefició al candidato presidencial priísta y se intentó ocultar el origen de los recursos por medio de pagos de nómina a empleados del tricolor, depósitos en cuentas de comités directivos estatales, supuestas aportaciones de militantes a cuentas de la campaña y se mezclaron con recursos presuntamente obtenidos del llamado Sorteo Milenio Millonario.

Las investigaciones de la PGR lograron acreditar que de los mil 100 millones, 640 millones de pesos fueron depositados en una sucursal de Scotianbank Inverlat el 8 de junio de 2000, y el resto Banorte los entregó en efectivo a Alonso Veraza, Melitón Cázares, Andrés Heredia, Joel Hortiales Pacheco, Elpidio López y Gerardo Trejo Mejía, empleados del PRI.

En sus declaraciones, Veraza dijo que por órdenes de Cárdenas Elizondo y del subsecretario de Finanzas, Alonso Bretón, él y sus compañeros retiraron 500 millones de pesos mediante 14 cheques expedidos por Aldana Prieto entre el 9 y el 23 de junio. El dinero lo recibieron en efectivo en las instalaciones de Cometra y posteriormente lo entregaron en la oficina de Cárdenas Elizondo.

Los recursos se recogieron en una camioneta propiedad de Francisco Labastida. Los escoltas proporcionados por el Estado Mayor Presidencial al priísta fueron los encargados de custodiar los traslados. Veraza no sólo indicó la manera en que recogió el dinero y a quién se lo entregó, sino que proporcionó la siguiente información:

"Parte del dinero se utilizó para pagar a proveedores de la Secretaría de Elecciones, la nómina de empleados del PRI y gastos de operaciones de los coordinadores de elecciones en los estados".

Como si se tratara de aportaciones de militantes, una parte de esos 500 millones de pesos se depositó en efectivo a la cuenta del PRI en Bancomer, en la que se concentraron los recursos de la venta de boletos del Sorteo del Milenio Millonario.

Sin que la directiva del PRI lo supiera, Antonio Cázares (quien es testigo con protección en este caso) llevó una doble contabilidad de los recursos que pasaron por sus manos y que formaron parte de los 500 millones de pesos que llegaron a ese partido.

En una libreta anotó montos y fechas del dinero que recibió y posteriormente entregó a Alonso Bretón y Jorge Cárdenas Elizondo, así como a otros dirigentes de la campaña de Francisco Labastida.

Cázares poseía una libreta de notas, documentos relacionados con el sorteo priísta y también la contabilidad del dinero que movió, sus destinatarios y las órdenes que había recibido.

La Secodam denunció que ex directivos de Pemex y dirigentes del STPRM maquinaron "la distracción del patrimonio de la paraestatal argumentando negociaciones obrero-patronales de dudosa legitimidad", y "dispusieron de recursos ajenos a los objetivos de la paraestatal". La dependencia acusó directamente a Rogelio Montemayor de haber empleado "artificios" para ocultar al consejo de administración de Pemex "las operaciones indebidas" que realizó con el sindicato petrolero en junio de 2000.

Pese a estos testimonios y pruebas documentales proporcionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre los movimientos y pagos de capital, la PGR no pudo acreditar que hubo lavado de dinero.

Es decir, supuestamente la UEDO no obtuvo pruebas suficientes para demostrar que el dinero recibido por el STPRM tuvo un origen ilícito, a pesar de que su obtención derivó en acusaciones penales por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones contra los ex directivos de Pemex.

El único recurso para evitar que el caso sea archivado de manera definitiva es que la Secretaría de la Función Pública (que sustituyó a la Secodam) interponga un recurso de inconformidad.

Los pendientes

Con esta resolución de la UEDO, a los priístas implicados en el Pemexgate sólo les resta esperar la resolución que emita la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en la cual se investiga la posible comisión de peculado electoral contra priístas como Dulce María Sauri, Emilio Gamboa Patrón, Humberto Roque y Manuel Bartlett, quienes fueron interrogados por esa fiscalía.

Sin embargo, para que esa investigación prospere hacia una acusación de tipo penal, la Fepade tendrá que demostrar que utilizaron el dinero involucrado en el Pemexgate a "sabiendas" que tenía un origen ilícito.

Otro de los pendientes es que se cumplimenten las órdenes de aprehensión que libró el juzgado 13 de distrito en contra de Montemayor, Juaristi, Domene, Pindter, además de Alberto Gheno Ortiz, por peculado y ejercicio indebido. Así como las que otorgó el mismo juzgado por los delitos de peculado electoral agravado (no permite la libertad bajo fianza) en contra de Montemayor, Carlos Almada, Joel Hortiales, Jorge Cárdenas Elizondo y Alonso Bretón.

La última acusación contra priístas pendiente de presentarse ante un juez es la que tiene la Fepade por delitos electorales y que involucra a los dirigentes petroleros Romero Deschamps (se le termina el fuero constitucional en septiembre próximo), Ricardo Aldana (con fuero hasta 2006) y Jesús Olvera Méndez (legislador local en Tamaulipas). La PGR solicitó el desafuero de los tres, pero no ha prosperado.