Se les acusa de "actos terroristas" y lavado de dinero para el grupo armado

Son 10 los ligados a ETA detenidos tras una pesquisa de un año: PGR

Además de seis vascos capturados aquí y uno en España, hay tres mexicanos arraigados

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Luego de un año de investigación conjunta entre México y España mediante la denominada Operación Donosti, autoridades de ambos países detuvieron a siete españoles (uno en territorio ibérico) y tres mexicanos, presuntamente vinculados con la organización armada Euskadi Ta Askatasuna (ETA), a quienes se les acusa de perpetrar "actos terroristas" y operaciones de lavado de dinero para esa agrupación.

José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), informó en conferencia de prensa que en México se aseguraron inicialmente siete cuentas bancarias, en las cuales se encuentran depositados 900 mil pesos (unos 90 mil dólares), así como "manuales de operación de ETA y documentos diversos vinculados con esa organización".

A los españoles detenidos se les acusa de haber participado en "actos terroristas durante los años 80", pero, a decir de Angel Acebes, ministro del Interior de España, aunque los delitos que se les imputan hayan prescrito, "no se irán de rositas" (no saldrán impunes), según informó la agencia alemana DPA.

En el domicilio que ocupaba Juan Carlos Artola Díaz, quien fue detenido en Oaxaca, supuestamente se detectaron entre sus correos electrónicos "manuales para la fabricación de armas químicas".

El funcionario mexicano informó que la Procuraduría General de la República (PGR) practicó las detenciones en el estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y el Distrito Federal, así como en Forúa, España, donde fue detenido Mikel Josu Arronategi Bilbao.

En tanto, en México se detuvo a los españoles Asier Arronategi Duralde (de quien su esposa asegura es nacionalizado mexicano), Ernesto Alberdi Alejalde, Félix Salustiano García Rivera, Juan Artola Díaz, María Asunción Gorrotxategi Vázquez y José María Urquijo Borde, así como los mexicanos Pedro Ulises Castro Vargas, María del Pilar Sosa Espinosa y Noé Camarillo Cantú.

Según Santiago Vasconcelos, Arronategi, quien fue detenido en Monterrey, Nuevo León, "fungió como colaborador en 1989 del Comando Araba de la ETA, lo cual motivó su huida a México, y junto con Juan Angel Ochoantesana Badiola (detenido en agosto de 2002 en Francia) formaba parte de la célula establecida en México, y cuyo objetivo era apoyar al grupo terrorista en los rubros logístico y de financiamiento.

Pero Mónica Basurto Márquez, esposa de Arronategi, aseguró que su esposo se nacionalizó mexicano desde hace 10 años y que es mentira que esté vinculado con la ETA.

A Juan Carlos Artola Díaz se le señala como integrante del Comando Donosti y antes de ser detenido era enlace con los mandos del grupo armado en Francia.

Según el titular de la UEDO, el mexicano Noé Camarillo Cantú falsificaba documentos para los españoles, además de que junto con Pedro Ulises Castro y María del Pilar Sosa hacía transferencias a cuentas de bancos mexicanos para ocultar el origen y destino del dinero que la dirigencia de ETA enviaba desde Francia.

Refirió que esta presunta célula de ETA estaba conformada "por españoles que huyeron de su país para evadir la acción de la justicia, como consecuencia de su participación en esa organización, y ya en México se agruparon en el denominado Colectivo de Refugiados".

Aseguró que "la operación de esta célula en el aparato logístico, de falsificación y operatividad financiera tenía como propósito obtener recursos para la realización de actos terroristas, además de proveer de documentación ilícita a los integrantes que huyeron a América y específicamente a México, para desarrollar sus actividades ilícitas en forma encubierta".

Sin embargo, el titular de la UEDO aseguró que no existen pruebas de que desde México se estuvieran planeando actos terroristas.

Los seis españoles serán sometidos a juicio de extradición y por ello, desde la noche de ayer, fueron puestos a disposición del juzgado segundo de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Norte, con base en la orden de detención provisional con fines de extradición 2/2003 en la que se determinará si procede o no su envío a España.

Sin embargo, no se descarta que en México también se les finquen responsabilidades por los delitos de falsificación de documentos, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Los tres mexicanos quedarán bajo arraigo domiciliario durante 90 días, mientras la UEDO determina su situación jurídica, y si les imputa alguna acusación ligada con ilícitos definidos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.